Qué cambió en el artículo 24 de la Convenio entre México y la Confederación Suiza para evitar la doble imposición el 23 de diciembre de 2010

«1. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes intercambiarán la información que sea previsiblemente relevante para aplicar lo dispuesto en el presente Convenio, o para la administración o aplicación de la legislación interna relativa a los impuestos cubiertos por este Convenio, en la medida en que la imposición no sea contraria al mismo. El intercambio de información no está limitado por el Artículo 1.»

«2. Cualquier información recibida, de conformidad con el párrafo 1, por un Estado Contratante, será mantenida secreta de igual forma que la información obtenida con base en la legislación interna de ese Estado y sólo se comunicará a las personas o autoridades (incluidos los tribunales y órganos administrativos) encargadas de la liquidación o recaudación de los impuestos señalados en el párrafo 1, de los procedimientos declarativos o ejecutivos referentes a dichos impuestos, o de la resolución de los recursos relativos a los mismos. Estas personas o autoridades sólo utilizarán la información para tales fines. Podrán revelar la información en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales. No obstante lo antes dispuesto, la información recibida por un Estado Contratante podrá utilizarse para otros fines cuando dicha información pueda ser utilizada de esa forma bajo las leyes de ambos Estados y la autoridad competente del Estado que proporciona la información autorice dicho uso.»

«3. En ningún caso las disposiciones de los párrafos 1 y 2 podrán interpretarse en el sentido de obligar a un Estado Contratante a:»

«a) adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación y práctica administrativa, o a las del otro Estado Contratante;»

«b) suministrar información que no se pueda obtener de conformidad con su legislación o en el ejercicio normal de su práctica administrativa, o de las del otro Estado Contratante;»

«c) suministrar información que revele un secreto comercial, empresarial, industrial, profesional o de proceso comercial, o información cuya comunicación sea contraria al orden público (ordre public).»

«4. Cuando la información sea solicitada por un Estado Contratante de conformidad con este Artículo, el otro Estado Contratante utilizará las medidas para recabar información de que disponga para obtener la información solicitada, aun cuando ese otro Estado pueda no necesitar dicha información para sus propios fines impositivos. La obligación precedente está sujeta a las limitaciones del párrafo 3, pero en ningún caso dichas limitaciones deberán interpretarse en el sentido de permitir a un Estado Contratante el negarse a otorgar la información únicamente porque dicha información no es necesaria para sus propios efectos impositivos.»

«5. En ningún caso las disposiciones del párrafo 3 deberán interpretarse en el sentido de permitir a un Estado Contratante el negarse a otorgar la información únicamente porque la misma sea detentada por un banco, otra institución financiera, agente o de cualquier persona actuando en calidad representativa o fiduciaria, o porque se relaciona con participaciones en una persona. Para obtener dicha información, las autoridades fiscales del Estado Contratante requerido deberán tener el poder para exigir la revelación de la información a que se refiere este párrafo, no obstante lo dispuesto en el párrafo 3 o cualesquiera otras disposiciones contrarias contenidas en la legislación interna.»

«1. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes, mediante solicitud, intercambiarán las informaciones necesarias para aplicar las disposiciones del párrafo 2 del Artículo 9, de los Artículos 10, 11 y 12, así como del Artículo 23. Las informaciones recibidas por un Estado Contratante serán mantenidas secretas y sólo se comunicarán a las personas o autoridades encargadas de la aplicación de las disposiciones antes mencionadas de los Artículos 9, 10, 11, 12 y 23.»

«2. En ningún caso las disposiciones del presente Artículo pueden interpretarse en el sentido de obligar a un Estado Contratante a adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación o práctica administrativa o a las del otro Estado Contratante, a suministrar información que no se pueda obtener sobre la base de su propia legislación o en el ejercicio de su práctica administrativa normal o de las del otro Estado Contratante, o a suministrar informaciones que revelen un secreto comercial, industrial o profesional o un procedimiento comercial cuya comunicación sea contraria al orden público.»