VIII-J-SS-171

PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN AL REGISTRO MARCARIO. INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN RELACIÓN CON EL DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 13 DE MARZO DE 2018).- De conformidad con los artículos 1° y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 8° de la Convención Americana de Derechos Humanos, 26 y 29 de la Declaración Americana de los Derechos Humanos, todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que México es parte, así como de las garantías para su protección y ejercicio; asimismo se advierte que las normas relativas a derechos humanos se interpretarán favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia. De manera que, todas las autoridades, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos observando los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. También se advierte que toda persona tiene derecho a que sean respetadas las formalidades del debido proceso, con el fin de que se le proporcionen los elementos suficientes para defender su esfera jurídica, las cuales pueden identificarse en cuatro etapas: I.- La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; II.- La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; III.- La oportunidad de alegar, y IV.- El dictado de la resolución que dirima las cuestiones debatidas. En ese entendido, los gobernados tienen el derecho de ofrecer las pruebas que consideren necesarias para apoyar su defensa o postura, así como de manifestarse dentro del procedimiento, las cuales permiten que estos ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen una situación jurídica definitivamente. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley de la Propiedad Industrial, cualquier persona podrá iniciar el procedimiento de oposición al registro de una marca en caso de considerar que la solicitud relativa se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 4° y 90 del mismo ordenamiento legal; acompañando para tal efecto, una solicitud de oposición que deberá ser por escrito y estar acompañada de la documentación que se estime conveniente, así como del comprobante de pago de la tarifa correspondiente. Asimismo, dispone que en caso de presentarse una oposición, esta no suspenderá el registro de la marca, ni se atribuye al opositor dentro del procedimiento de registro, el carácter de tercero o parte, y tampoco prejuzga sobre el resultado de fondo que se realice sobre la solicitud; sin embargo, las manifestaciones de la oposición sí podrán ser consideradas durante el examen de fondo del registro. De lo anterior, se advierte que el precepto legal referido, no prevé una etapa para presentar pruebas y rendir alegatos por parte de los opositores; motivo por el cual, es necesario interpretar su contenido conforme al texto Constitucional y de los Tratados Internacionales antes citados, para dar una mayor protección a los gobernados que pretendan solicitar una oposición en contra del registro de una marca, pues si solo se atendiera a lo que de manera literal establece dicho artículo, se limitaría el derecho del debido proceso. Por lo que, atendiendo también a la vertiente del principio pro persona, sobre elegir entre la interpretación de la norma que más proteja el derecho en cuestión, debe considerarse que la autoridad administrativa se encuentra obligada a proveer lo necesario para que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, es decir, otorgar al solicitante de la oposición al registro marcario, la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque su defensa, así como alegar lo que a su derecho convenga, a efecto de garantizar el ejercicio del derecho humano atinente al debido proceso, pues de acuerdo con lo establecido en dicho precepto legal, las manifestaciones expuestas en la oposición, a consideración de la autoridad podrán ser tomadas en cuenta durante el examen de fondo del registro de la marca. (Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/26/2021) PRECEDENTES: VIII-P-SS-369 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 875/17-EPI-01-6/194/19-PL-10-04.- Resuelto por el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 19 de junio de 2019, por mayoría de 9 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretario: Lic. Francisco Javier Martínez Rivera. (Tesis aprobada en sesión de 14 de agosto de 2019) R.T.F.J.A. Octava Época. Año IV. No. 38. Septiembre 2019. p. 91 VIII-P-SS-421 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1825/18-EPI-01-10/60/20-PL-06-04.- Resuelto por el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión realizada a distancia el 24 de junio de 2020, por mayoría de 9 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretario: Lic. David Alejandro Alpide Tovar. (Tesis aprobada en sesión a distancia de 24 de junio de 2020) R.T.F.J.A. Octava Época. Año V. No. 45. Abril-Agosto 2020. p. 112 VIII-P-SS-598 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 465/19-EPI-01-7/ 584/20-PL-05-04.- Resuelto por el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 18 de agosto de 2021, por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Bruno Enrique Cervantes Morán. (Tesis aprobada en sesión de 18 de agosto de 2021) R.T.F.J.A. Octava Época. Año VI. No. 58. Septiembre 2021. p. 19 Así lo acordó el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por unanimidad de votos, en sesión ordinaria celebrada el día veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman el Magistrado Rafael Anzures Uribe, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Licenciada Ana María Reyna Ángel, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe. R.T.F.J.A. Novena Época. Año I. No. 1. Enero 2022. p. 39 Tesis publicada en la Revista de este Tribunal el jueves 24 de febrero de 2022 a las 10:16 horas.