VII-J-SS-50

NULIDAD DE LA NEGATIVA FICTA RECAÍDA A UNA SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO. LA QUE SE DECLARE PORQUE, AL CONTESTAR LA DEMANDA, LA AUTORIDAD OMITA DAR LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS QUE APOYAN TAL RESOLUCIÓN, DEBE SER PARA EL EFECTO DE QUE SE EMITA UNA EXPRESA EN LA QUE SE ANALICE DICHA SOLICITUD.- Conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, el registro sanitario de ciertos productos sólo podrá ser otorgado por la Secretaría de Salud, el cual, de acuerdo con el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios, debe solicitarse mediante las formas oficiales que al efecto proporcione la autoridad sanitaria, debiéndose acompañar la información y documentos necesarios, y una vez satisfechos los requisitos, términos y condiciones, la autoridad sanitaria dispondrá de un plazo de noventa días, contados a partir de la recepción de la solicitud por la unidad administrativa competente de la Secretaría de Salud, para resolver y notificar al interesado sobre el resultado de su solicitud de autorización sanitaria. Por su parte, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aplicable a los actos, procedimientos y resoluciones de la Secretaría de Salud, establece en su artículo 17 que el plazo para que las autoridades administrativas resuelvan una instancia, petición, solicitud o procedimiento, no podrá exceder de tres meses, salvo que en otra disposición legal o administrativa se señale un plazo distinto, así como que transcurrido ese plazo (sin que se notifique resolución alguna), la resolución deberá entenderse en sentido negativo al promovente, previendo, además, la posibilidad de que esa negativa ficta sea impugnada, siendo una de las vías para ello el juicio contencioso administrativo y, al respecto, el artículo 215 del Código Fiscal de la Federación, así como el artículo 22 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo vigente, establecen que tratándose de una negativa ficta la autoridad demandada o la facultada para contestar la demanda, tiene el deber ineludible de dar a conocer los motivos y fundamentos que sustentan esa resolución, centrándose en el tema de fondo de la petición del particular, ya que en caso de no hacerlo, tal resolución será considerada ilegal por ausencia de motivación y fundamentación. Empero, esto último no puede tener como consecuencia que se declare la nulidad de la negativa ficta impugnada para el efecto de que la autoridad otorgue el registro sanitario solicitado, pues en casos como el descrito se encuentran en conflicto, por una parte, el derecho del particular que ha solicitado un registro sanitario a recibir una respuesta, fundada y motivada, de la autoridad (derecho humano a la seguridad jurídica), y, por la otra, el derecho de las personas a la salud, el cual es de interés general y de orden público, por lo que el principio que debe prevalecer es el que cause un menor daño, el que resulte indispensable y deba privilegiarse, es decir, el que evidentemente conlleve a un mayor beneficio para la sociedad, que en el caso concreto es el derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De modo que tratándose de la negativa ficta recaída a solicitudes de registro de productos que pueden poner en riesgo la salud de la población, la nulidad que se declare por ausencia de motivación y fundamentación sólo puede tener como efecto que la autoridad correspondiente, dentro del plazo legal, emita una resolución expresa en la que, previo análisis de la solicitud respectiva, funde y motive si procede o no otorgar el registro solicitado. Además, no se debe soslayar que conforme al primer párrafo del artículo 40 y al quinto párrafo del artículo 50, ambos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el demandante que pretenda se le reconozca un derecho subjetivo está obligado a probar los hechos de los que deriva éste y, en la sentencia, antes de condenar a la autoridad a la restitución de ese derecho subjetivo violado, este Tribunal debe constatar la existencia del mismo, además de la ilegalidad de la resolución impugnada; por tanto, el examen sobre la existencia de ese derecho subjetivo sólo es posible cuando se cuenta con todos los elementos para ello, lo que hace indispensable que, tratándose de solicitudes de registro sanitario, el demandante haya aportado las pruebas que demuestren que tiene el derecho subjetivo a que se le otorgue tal registro, a partir del cumplimiento de los requisitos, términos y condiciones establecidas en la Ley General de Salud, su Reglamento y las normas correspondientes, pues de no ser así, este Tribunal estará impedido para verificarlo. Contradicción de Sentencias Núm. 31140/04-17-01-2/Y OTROS 3/918/11-PL-01-01.- Resuelta por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 26 de septiembre de 2012, por mayoría de 7 votos a favor y 3 votos en contra.- Magistrado Ponente: Rafael Estrada Sámano.- Secretario: Lic. Andrés López Lara. (Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/45/2012) R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 19. Febrero 2013. p. 37