I-J-121

RETROACTIVIDAD DE LAS DISPOSICIONES FISCALES RELATIVAS A SANCIONES.- El principio del Derecho Penal, según el cual debe aplicarse retroactivamente la ley que establezca una sanción menor a casos sucedidos con anterioridad a su vigencia, o aún dejar de sancionar aquellos en que se haya dejado de considerar punible un acto u omisión, es también aplicable en materia fiscal, en el caso de que la ley relativa no disponga nada sobre el particular, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: La cuestión debe dividirse en las dos siguientes partes fundamentales: legal y teórica. Por lo que a la primera parte se refiere, deben distinguirse asimismo dos etapas: una anterior a la creación del Jurado para la calificación de las infracciones a las leyes fiscales y para la aplicación de las penas correspondientes y la otra que comprende desde el establecimiento del anterior organismo administrativo, a la fecha. Si se examinan las legislaciones fiscales formuladas antes de que el Jurado de Infracciones fiscales con su funcionamiento, viniera a puntualizar los problemas de naturaleza penal fiscal y a señalar, cuando menos, posibles resoluciones para ellos, se observa que la repetida resolución, si no desconoció el problema, puede decirse que de él no se ocupaba en sus artículos transitorios. Así por ejemplo, en el articulado transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 18 de marzo de 1925 -que derogó la de 21 de febrero de 1924- no se encontró disposición que ordene cómo debían resolverse las situaciones jurídicas de la naturaleza de la que se trata, creadas por la ley que se derogaba; iguales situaciones se presentan con la Ley del Impuesto sobre Productos de Vinos y Licores de 31 de diciembre de 1924 que dejó sin efecto la ley de 30 de diciembre de 1923; aún con la Ley del Impuesto sobre Alcoholes, Aguardientes y Mieles Incristalizables de 27 de enero de 1927 que deroga la antes referida; con la Ley del Impuesto a la Minería de 4 de marzo de 1924, con la Ley para la Recaudación del Impuesto "ad-valorem" sobre Tabacos Labrados; igual situación se encuentra si se revisa sobre esta materia la Legislación Aduanal vigente en el momento en que ha quedado precisado en anteriores renglones. El establecimiento del Jurado de Infracciones Fiscales dio a los particulares, a las personas a las cuales las leyes fiscales imponían obligaciones, la posibilidad de que se discutieran las situaciones de transgresión a las leyes bajo nuevos horizontes, viendo su situación, no simplemente bajo los dictados de la norma y con una interpretación que pudiera llamarse clásicamente fiscal, con lo que se apartaba toda posibilidad de humanizar la aplicación de la sanción, inspirándose en estudios y principios que habían adquirido el carácter de definitivos dentro del derecho penal. Debido a lo anterior, y a la invocación que ante el nuevo organismo se hacía por los infractores, de que se declararan improcedentes sanciones que se habían impuesto, fijándose en que había sido derogada por disposición anterior, la obligación que había dejado insatisfecha, el Jurado para la Calificación de las Infracciones a las Leyes Fiscales, indicó a la Secretaría de Hacienda -por conducto del Departamento Técnico Fiscal- en el mes de septiembre de 1929, cuáles eran las razones que había tenido presentes para aplicar en materia fiscal el criterio que contenía el artículo 255 del Código Penal vigente en aquella época, conducta que mereció la aprobación de la Secretaría mencionada, por el contenido del oficio del Departamento Técnico Fiscal, de octubre de 1929. Más aún, cuando ya la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se había dado cuenta, no solamente del problema, sino de la necesidad de tratarlo y resolverlo en los artículos transitorios de la Legislación Fiscal, es cuando los legisladores resuelven la cuestión en uno o en otro sentido, es decir, decidiéndose por una aplicación técnica de las situaciones de contravención a las leyes fiscales anteriores y declarando, por lo tanto, que era de aplicarse la nueva ley, con lo que se obtenía una situación más favorable para el infractor, o bien, cuando por consideraciones diversas el órgano encargado de formular la Ley Fiscal ordenaba terminantemente que los beneficios de la nueva legislación no alcanzarían a las personas que habían violado la anterior, y, por lo tanto, las sanciones deberían ser impuestas teniendo presente la ley que dejaba sin efecto. Consultándose sobre este particular la Ley de Alcoholes, Aguardientes y Mieles Incristalizables de 29 de diciembre de 1932, en su artículo 3° transitorio así lo ordenaba y análoga situación establece el artículo 5° transitorio de la Ley del Impuesto sobre Aguamiel y Productos de su Fermentación, de 20 de mayo de 1932, es más terminante aún al respecto el artículo 5° transitorio de la Ley de 30 de agosto de 1933 que creó el Impuesto sobre Expendios de Bebidas Alcohólicas; lo que, resumiendo, da el derecho, a su vez, de generalizar en el sentido de que el legislador, tratándose de impuestos que gravan directa o indirectamente la producción de alcoholes y bebidas alcohólicas, juzgó conveniente que por la función social que con ellos persigue, no es oportuno que los transgresores de las leyes por las cuales trata de reprimir en cierta forma, el consumo de los artículos que se han juzgado nocivos a la salud pública, tuvieran el beneficio de dejar de cubrir crédito fiscal originado por una pena que se había impuesto cuando fuera comprobada la infracción, por el simple hecho de que la nueva ley no contenía disposición semejante a la que se había derogado. Seguramente que inspirada la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la justicia y equidad, así como por estimar conveniente la aplicación del principio de Derecho Penal en cuestión y no encontrando el inconveniente que existe para hacer extensiva esta situación a la del Grupo de la Legislación de Impuestos sobre Bebidas Alcohólicas, se ha aceptado que el juzgador debe dejar sin efecto una pena impuesta cuando la nueva ley suprime la obligación que se dejó incumplida, o bien, simplemente cuando se deja de recaudar el renglón de ingresos que la ley que se derogaba establecía. Claro ejemplo de lo anterior es la evolución que sufrió la legislación que grava la salida de capitales de la República, legislación que es manejada por el mismo que maneja el Impuesto sobre la Renta, con el fin de garantizar la unidad y seguridad en sus resultados; la Ley de Impuesto sobre Exportación de Capitales, que derogó la del Impuesto sobre Ausentismo, indicó en su artículo 4° transitorio que las infracciones cometidas a la ley de 14 de febrero de 1934 y a su Reglamento, serían sancionadas de acuerdo con el ordenamiento más favorable entre esa ley y la que regía en la época de la perpetración de la infracción, siempre que las autoridades administrativas no hubieran pronunciado resolución y el artículo 4° de la Ley de 16 de octubre de 1939 por la que se suprimió el Impuesto sobre Exportación de Capitales, declaró que no deberían imponerse sanciones por infracciones a las leyes del Impuesto sobre Ausentismo y del de Exportación de Capitales, por infracciones al Código Fiscal de la Federación, en cuanto se relacionen con esos impuestos, y por infracciones a los Reglamentos de las leyes mencionadas. Claro, antecedentes de esta sentencia se encuentran en el contenido del artículo 4° transitorio de la Ley General del Timbre, de 23 de diciembre de 1931, pues que por él se ordenó que los responsables de infracciones cometidas antes de la vigencia de esa ley, quedarían sujetos a las sanciones de la misma o de la anterior que fuera más favorablemente y además que no debería imponerse sanción alguna si el acto contrato o documento ya no se gravaba. Lo anterior no es otra cosa sino la aceptación del principio de Derecho Penal que se consagra en el artículo 56 del Código Penal para el Distrito y Territorios Federales. Que si del aspecto legal se pasa al problema teórico, se encontrará que la mayor parte de los tratadistas se sujetan al Derecho Administrativo y enseñan que no existe razón fundamental para considerar que, en tratándose de disposiciones de carácter fiscal, no pueden ser interpretadas siguiéndose las mismas reglas y los mismos principios que para una interpretación correcta de las demás legislaciones aconsejan los tratadistas del Derecho, por lo que si el Derecho Penal ha reconocido como principio, acogido ya dentro de él con el carácter de definitivo, que no es justo que a un presunto infractor se le juzgue y sancione cuando la ley violada ha dejado de surtir sus efectos y si se tiene presente que es regla de interpretaciones que cuando no existe disposición expresa para resolver un conflicto, ello se hará de acuerdo con los principios generales de Derecho, es por lo que se juzga correcta la aplicación del Principio de Derecho Penal. El fundamento de una interpretación como la que anteriormente se hace, no únicamente se encuentra en el artículo 19 del Código Civil, sino dentro del mismo Derecho Fiscal, por el contenido del artículo 11 del Código Fiscal de la Federación, que a primera vista podría dar base para pensar que el Derecho Común sólo podría aplicarse supletoriamente, o sea, una situación excepcional, pero si se tiene presente que la aplicación del principio penal se hará únicamente en los casos en que no exista norma expresa que resuelva el punto controvertido, entonces se encuentra que la aplicación es correcta porque no existía disposición que ordenara la forma en que debían de resolverse las situaciones no previstas por el legislador en artículo transitorio alguno, máxime si se piensa que la aplicación supletoria no es contraria en forma alguna a la naturaleza propia del derecho tributario definido en las leyes; y se dice que no choca con la naturaleza del derecho tributario, en su capítulo de sanciones, la del penal en el punto que se ha estudiado, pues que ambos derechos son dados en atención al interés general, en ambos casos se trata de actos u omisiones por los que se ha dejado insatisfecha una orden de la naturaleza ya apuntada y se trata de imponer la sanción correspondiente y que fija la ley que crea la obligación y determina la infracción, por lo que no se efectúa ningún absurdo al tratar de hacer la similitud de la naturaleza de que nos hemos ocupado Resolución del Pleno de 15 de abril de 1940, recaída a los expedientes acumulados 292/938 y 2614/938. R.T.F.F. Primera Época. Año IV. No. s/n. Enero - Diciembre 1940. p. 15(Compilación) R.T.F.F. Primera Época. Tesis sustentadas por el Pleno del Tribunal durante los años de 1937 a 1948. p. 212