V-J-SS-121

INOPERANCIA DE CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN, DIRIGIDOS A CONTROVERTIR DICTÁMENES MÉDICOS DE RIESGOS DE TRABAJO, DEFUNCIÓN O ENFERMEDADES PROFESIONALES Y TIPIFICACIÓN DE INCAPACIDADES, CONTENIDOS EN LA FORMA MT-3, TODA VEZ QUE SE TRATA DE PRESTACIONES DE CARÁCTER LABORAL.- De una interpretación armónica de los artículos 123, Apartado A, fracciones XIV y XXIX, Constitucional; 2, 3, 18, 479, 480, 487 y 513 de la Ley Federal del Trabajo; 2°, 3°, 4°, 12 y 13, 15, 44, 50, 51, 55, 56 y 295 de la Ley del Seguro Social, vigentes en 1997; en relación con los diversos 13, 16, 19 y 25 del Reglamento de Servicios Médicos, se concluye que el patrón es el responsable de indemnizar a los trabajadores que sufran un accidente o enfermedad originados con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que desempeñen, y cuando un trabajador asegurado sufra un riesgo de trabajo que le produzca algún tipo de incapacidad, tendrá derecho a recibir del Instituto Mexicano del Seguro Social, como prestación en especie, asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica; servicios de hospitalización; aparatos de prótesis y ortopedia; y rehabilitación. Precisión que deja en claro que las prestaciones obtenidas por un trabajador en virtud a la calificación de haber sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, tienen carácter estrictamente laboral, al igual que la determinación del grado de incapacidad que de ella derive. En ese orden de ideas, las determinaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, que tengan que ver con la valoración de una enfermedad profesional o un accidente de trabajo y sus posibles incapacidades temporales parciales y totales o permanentes parciales y totales que realiza, sustituyendo al patrón en la obligación constitucional que tiene, son de estricto carácter laboral y no corresponde a este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa pronunciarse sobre tales aspectos; por lo que en todo caso, deben ser sometidos a consideración de la autoridad laboral correspondiente, esto es, a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, pues son las competentes para conocer de controversias suscitadas con motivo de la relación laboral. Asimismo, porque la propia Ley del Seguro Social, en sus artículos 44, 51 y 295, claramente reconoce que cuando exista inconformidad en contra de los términos en que el Instituto Mexicano del Seguro Social califique un accidente de trabajo o enfermedad profesional, se podrá acudir al Consejo Técnico del Instituto o ante la autoridad laboral competente a impugnarla, apuntando que dicha posibilidad de acción, que con toda lógica el legislador federal otorgó únicamente al trabajador y no al patrón, sólo permite al primero señalado, por disposición legal expresa, inconformarse en contra de la calificación que haga el Instituto Mexicano del Seguro Social, además de que las controversias entre los trabajadores asegurados o sus beneficiarios y el Instituto, sobre las prestaciones que la Ley otorga, podrán tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, debiéndose agotar previamente el recurso de inconformidad. De lo que resulta, que deben calificarse de inoperantes los agravios que la parte actora del juicio, patrón, haga valer en contra de los dictámenes emitidos por el personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social, en los que se determina el riesgo de trabajo o enfermedad profesional sufrido por un trabajador y se establezca el tipo de incapacidad que corresponde, debido a que no es el patrón el que puede controvertir tales actos y en esta vía contencioso administrativa; ya que los conceptos de impugnación a través de los cuales se pretenda cuestionar la legalidad de los mismos, no son susceptibles de análisis. (1) Contradicción de Sentencias No. 327/01-09-01-4/76/01-PL-04-04/Y OTRO/612/04-PL-02-01.- Resuelta por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 27 de septiembre de 2006, por mayoría de 8 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrada Ponente: María del Consuelo Villalobos Ortíz.- Secretaria: Lic. María de Lourdes Vázquez Galicia. (Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/89/2006) R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. Tomo I. No. 73. Enero 2007. p. 7