4/2026/CTN/CS-SPDC

CERTIFICADO DE E.FIRMA. LA AUTORIDAD DEBE VALORAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN “PRUEBA DE VIDA” QUE PROPORCIONE UNA PERSONA FÍSICA PARA EFECTOS DE VALIDAR SU IDENTIDAD, CONFORME AL QUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17-D DEL CFF Y, EN CASO DE SER NECESARIO, REQUERIRLE INFORMACIÓN ADICIONAL SEGÚN LO PREVISTO EN LA REGLA 2.2.14. DE LA RMF APLICABLE, ELLO PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE EMITIR RESPUESTA FUNDADA Y MOTIVADA RESPECTO DE LA GENERACIÓN DEL CERTIFICADO, PUES EL NO HACERLO ASÍ, TRANSGREDE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE IDENTIDAD, LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. Antecedentes. Una persona física promovió Queja debido a que acudió en dos ocasiones ante la autoridad fiscal para generar su e.firma; sin embargo, refirió que le fue negado ese trámite bajo el argumento de que el mismo ya se había realizado anteriormente por otra persona, esto sin requerirle información o documentación adicional. Ante ello, manifestó que no realizó dicho trámite por lo que -a sugerencia de la autoridad fiscal- presentó denuncia de hechos ante la Agencia del Ministerio Público correspondiente, sin obtener algún resultado de ese procedimiento. Por lo anterior, acudió a esta Procuraduría para que la autoridad le indicara el procedimiento y los documentos que debía presentar para obtener su firma electrónica y así estar en posibilidad de cumplir con sus obligaciones fiscales. Consideraciones. Derivado de los informes rendidos por las autoridades en el trámite de la Queja, se pudo conocer lo siguiente: · Que la persona quejosa fue inscrita al RFC por medio de patrón, con fecha de inicio de operaciones 1 de enero de 2005, sin contar con movimientos posteriores. · Que, de acuerdo con la información que obra en sus sistemas institucionales, la persona quejosa no tiene homónimos ni duplicidad de clave de RFC. · Que la autoridad sí realizó la toma de biométricos de una diversa persona el 10 de septiembre de 2019, bajo ese RFC, pero no se concluyó el trámite de generación de e.firma. · Que el INE localizó un registro vigente en la base de datos del Padrón Electoral conforme a los datos que se desprenden de la copia simple presentada por la persona quejosa ante PRODECON, y que se presume que la imagen de la fotografía y la firma que se aprecian en la referida copia de la credencial son coincidentes con las que ese Instituto tiene registradas para dicho ciudadano. En ese sentido, y toda vez que la persona contribuyente presentó información y documentación para acreditar de manera fehaciente su identidad, PRODECON requirió a la autoridad responsable para que informara el procedimiento que se debía seguir para que validara esa documentación con la finalidad de que pudiera generar su e.firma; sin embargo, la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente se limitó a señalar que, en atención a que la persona contribuyente había presentado formal denuncia y/o querella por hechos presumiblemente considerados como delito, era necesario esperar la resolución o sentencia de dicho procedimiento para que esa unidad administrativa pudiera pronunciarse sobre la posibilidad de efectuar el trámite de e.firma. Por ello, la Subprocuraduría de Protección de los Derechos de los Contribuyentes realizó mesas de trabajo con personal de la Administración General de Servicios al Contribuyente, en las cuales se señaló de manera medular lo siguiente: · Que la ADSC fue omisa en validar la documentación presentada por el contribuyente y únicamente se limitó a condicionarle el trámite de e.firma hasta en tanto éste exhibiera la resolución de la denuncia y/o querella presentada; es decir, la desestimó sin realizar la validación establecida en el quinto párrafo del artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación (CFF). · Que la autoridad fue omisa en entregarle al quejoso el “Acuse de requerimiento de información adicional, relacionada con su situación fiscal” previsto en la Regla 2.2.14 de la RMF vigente en ese momento, con lo cual el contribuyente no tuvo oportunidad de exhibir documentación para aclarar su situación. · Que, a consideración de esta Procuraduría, no era necesario esperar a que se resolviera la denuncia que el mismo quejoso presentó ante la Agencia del Ministerio Público correspondiente, pues el objetivo de la misma era justamente que la autoridad competente investigara si otra persona utilizó indebidamente su información ante el SAT. Derivado de esa mesa de trabajo, la Subprocuraduría acordó proporcionar la información exhibida por el quejoso considerada como “prueba de vida”, a la Administración General de Servicios al Contribuyente, tales como copia de los documentos de identidad: el acta de nacimiento, pasaporte, credencial para votar, licencia de conducir y cartilla militar, con la finalidad de que la autoridad competente los analizara y llevara a cabo su validación, conforme a lo previsto en el artículo 17-D del CFF y, atendiendo a ello, determinara si se estaba en posibilidad de generar o no la e.firma respectiva. Una vez realizado lo anterior, PRODECON asesoró al quejoso a generar una nueva cita para la renovación de e.firma, y se comunicó a la ADSC correspondiente que éste acudiría a la cita respectiva con acompañamiento de un observador para hacer constar de manera directa los hechos que acontecieran. Durante la diligencia, tal como se acordó en las mesas de trabajo llevadas a cabo por la Subprocuraduría de Protección de los Derechos de los Contribuyentes, personal de la autoridad fiscal validó los datos biométricos y documentos de identificación presentados por el contribuyente y una vez hecho esto, el trámite de renovación de e.firma se concluyó de manera satisfactoria. Criterio de PRODECON: Conforme al quinto párrafo del artículo 17-D del CFF, los datos de creación de la firma electrónica podrán ser tramitados por los contribuyentes ante el SAT o cualquier prestador de servicios de certificación autorizado por el Banco de México. Para tales efectos, el SAT podrá validar la información relacionada con la identidad, domicilio y, en su caso, sobre la situación fiscal de los interesados, en términos del artículo 27 del CFF; asimismo, la Regla 2.2.14 de la RMF establece los requisitos y el procedimiento para la solicitud de generación o renovación del certificado de e.firma, en donde se prevé que la autoridad puede requerirle información adicional al solicitante. En ese sentido, PRODECON considera que cuando una persona física acuda a generar y/o renovar el referido certificado, la autoridad fiscal debe valorar la documentación “prueba de vida” que ésta proporcione y, en caso de ser necesario, requerir información adicional para validar su identidad conforme al procedimiento establecido en la referida regla, más no limitarse a negar la expedición de dicho certificado bajo el argumento de que existe una denuncia y/o querella relacionada con su identidad y que se debe esperar a que la misma se resuelva, sin considerar que fue la misma persona quien la presentó, pues no hacerlo así implicaría que la autoridad transgreda los derechos fundamentales de identidad, legalidad y seguridad jurídica de la persona contribuyente. Criterio sustentado en: Acuerdo de Cierre de 23 de abril de 2026. Ver documento ​​​​​​​ Extracto / Descripción breve: CERTIFICADO DE E.FIRMA. LA AUTORIDAD DEBE VALORAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN “PRUEBA DE VIDA” QUE PROPORCIONE UNA PERSONA FÍSICA PARA EFECTOS DE VALIDAR SU IDENTIDAD, CONFORME AL QUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17-D DEL CFF Y, EN CASO DE SER NECESARIO, REQUERIRLE INFORMACIÓN ADICIONAL SEGÚN LO PREVISTO EN LA REGLA 2.2.14. DE LA RMF APLICABLE, ELLO PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE EMITIR RESPUESTA FUNDADA Y MOTIVADA RESPECTO DE LA GENERACIÓN DEL CERTIFICADO, PUES EL NO HACERLO ASÍ, TRANSGREDE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE IDENTIDAD, LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. --> Aprobado 5ta. Sesión Ordinaria del 28 de mayo de 2026