CRITERIO JURISDICCIONAL 30/2025

CRITERIO JURISDICCIONAL 30/2025 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. ES ILEGAL EL EMBARGO PRECAUTORIO PRACTICADO SOBRE VEHÍCULOS QUE FUERON REGULARIZADOS A TRAVÉS DEL "DECRETO POR EL QUE SE FOMENTA LA REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA”, ALUDIENDO QUE NO CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA LEGAL ESTANCIA EN TERRITORIO NACIONAL AL NO CUMPLIR LOS REQUISITOS PARA HABER SIDO REGULARIZADO CONFORME AL ARTÍCULO 2 DEL DECRETO. Antecedentes Una persona contribuyente al intentar abordar el Ferry en un vehículo regularizado mediante el "Decreto por el que se Fomenta la Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera" (Decreto), le fue levantada acta de embargo precautorio e inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera en la Sección Aduanera del Puerto de Pichilingue, correspondiente a Aduana de La Paz, de la Agencia Nacional de Aduanas de México. La autoridad aduanera señaló que la contribuyente no cuenta con la documentación que acredite la legal estancia en territorio nacional y decretó el embargo precautorio del vehículo, aludiendo que dicho vehículo no cumple con los requisitos para haber sido regularizado conforme al artículo 2º del citado Decreto, específicamente que el vehículo no se encontraba físicamente en el país antes del 19 de octubre de 2021. La persona contribuyente promovió juicio contencioso administrativo en la vía ordinaria ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en contra de la resolución emitida por la Aduana de La Paz de la Agencia Nacional de Aduanas de México, mediante la cual se determinó un crédito fiscal en cantidad de $165,052.71 pesos, por concepto de Impuesto General de Importación, Impuesto al Valor Agregado, multas, recargos y actualizaciones; asimismo, el vehículo embargado paso a propiedad del fisco federal. Argumentos de defensa considerados en la sentencia En el medio de defensa se hizo valer la ilegalidad de la resolución impugnada, toda vez que el Decreto establece el procedimiento para que los propietarios de vehículos usados de procedencia extranjera que cumplan los requisitos establecidos, se presenten al Registro Público Vehicular a través de medios electrónicos o módulos de inscripción vehicular instalados para tal efecto, con la manifestación bajo protesta de decir verdad y los documentos del vehículo que correspondan, así como la constancia de pago. Por lo que, una vez que el Registro Público Vehicular reciba los documentos, de forma inmediata los remitirá vía electrónica a la Agencia Nacional de Aduanas de México señalando expresamente que, con el solo envío de la documentación, se tendrá por acreditada la importación y legal estancia en el país de los vehículos. Al respecto, el Registro Público Vehicular emitirá la constancia de inscripción, la cual consiste en una calcomanía con un dispositivo electrónico que acreditará el registro del vehículo y no podrá ser retirada de éste en los términos que establece el artículo 18 del Reglamento de la Ley del Registro Público Vehicular, por lo que la regularización de los vehículos usados de procedencia extranjera a que se refiere dicho Decreto, concluirá con la inscripción de los mismos en el Registro Público Vehicular. Criterio Jurisdiccional obtenido por PRODECON en Juicio de Nulidad El Órgano Jurisdiccional consideró que la autoridad indebidamente levantó el acta de inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, toda vez que la contribuyente acreditó haberse acogido al beneficio del Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, exhibiendo la documentación correspondiente misma que, al ser documentos públicos, hacen prueba plena, concluyendo que, conforme a los medios de prueba aportados por la persona contribuyente. se acreditó la legal estancia en el país al concluir la regularización del vehículo con su inscripción en el Registro Público Vehicular. Asimismo, resulta infundada la manifestación de la autoridad en la cual sostiene que la regularización del vehículo a través del Decreto no es una resolución favorable para el particular; lo anterior, en virtud de que las constancias de regularización son emitidas en la culminación del procedimiento para regularizar vehículos de procedencia extranjera, previo cumplimiento de determinados requisitos establecidos en el Decreto en cuestión, por lo que benefician únicamente a la persona a nombre de quien se expidieron. En consecuencia, es evidente que confieren derechos y, por ende, constituyen resoluciones favorables a los contribuyentes, aun cuando no provienen de una consulta. En este contexto, la autoridad no puede desconocer los efectos de la resolución que ella misma emitió, pues hacerlo supondría un actuación arbitraria y contraria a los principios de seguridad jurídica, legalidad y confianza legítima. En efecto, si la autoridad estimaba que el trámite no cumplía con los requisitos para acceder al beneficio de regularización, debió negar la inscripción del vehículo en el Registro Público Vehicular, la expedición de placas y tarjeta de circulación en su momento, o bien, en su caso, promover el medio de control idóneo para controvertir sus propios actos, mas no pretender desconocerlos posteriormente dentro de un procedimiento diverso en perjuicio del contribuyente. En consecuencia, al haber expedido válidamente una resolución favorable, la autoridad quedó vinculada a sus efectos, por lo que el posterior embargo resulta ilegal. Finalmente, la Sala de conocimiento, declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada y se ordenó a la autoridad demandada la devolución del vehículo que fue objeto del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. VÍA ORDINARIA. PRIMERA SALA REGIONAL EN SINALOA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. 2025. Extracto / Descripción breve: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. ES ILEGAL EL EMBARGO PRECAUTORIO PRACTICADO SOBRE VEHÍCULOS QUE FUERON REGULARIZADOS A TRAVÉS DEL "DECRETO POR EL QUE SE FOMENTA LA REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA”, ALUDIENDO QUE NO CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA LEGAL ESTANCIA EN TERRITORIO NACIONAL AL NO CUMPLIR LOS REQUISITOS PARA HABER SIDO REGULARIZADO CONFORME AL ARTÍCULO 2 DEL DECRETO. --> Sentencia: Sentencia firme Ver sentencia Sustentado en: Consulta / documento de sustento Regresar a resultados Imprimir criterio Aprobado 9na. Sesión Ordinaria del 30 de octubre de 2025