CRITERIO JURISDICCIONAL 26/2025

PRUEBA PERICIAL EN MATERIA DE GRAFOSCOPÍA. CUANDO EL ACTOR ACREDITA SU IMPOSIBILIDAD ECONÓMICA PARA PAGAR LOS HONORARIOS DE UN PERITO, EL TRIBUNAL DEBE GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA MEDIANTE LA DESIGNACIÓN Y PAGO DE ÉSTE. Antecedentes. Una persona contribuyente interpuso demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en contra de la resolución determinante de contribuciones omitidas en materia de comercio exterior a su cargo, en la que también el vehículo objeto de embargo precautorio pasó a propiedad del fisco federal, por lo anterior, al momento de contestar la demanda, la autoridad planteó el incidente de falsedad de documentos, reclamando la falta de autenticidad de la firma plasmada por la persona contribuyente en el escrito inicial de demanda, ofreciendo, para acreditar lo anterior, la prueba pericial en materia de grafoscopía. La Sala Regional competente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa tuvo por contestada la demanda y por admitido el incidente de falsedad de documentos planteado por la demandada, requiriendo a la parte actora para que manifestara lo que a su interés conviniera y designara perito de su parte; además, de considerarlo conveniente, adicionara el cuestionario sobre el cual versara la prueba pericial, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo dentro del plazo concedido, se tomaría en cuenta solo el dictamen que para tal efecto rindiera el perito ofrecido por la demandada y respecto del cuestionario exhibido por la misma. El actor en el juicio atendió el requerimiento dentro del plazo concedido, manifestando bajo protesta de decir verdad, que la firma que calza el escrito inicial de demanda fue estampada de su puño y letra, vertiendo diversos argumentos y ofreciendo pruebas para sostener su afirmación; asimismo, manifestó ser una persona de escasos recursos económicos cuyos ingresos son apenas suficientes para cubrir sus necesidades más básicas, exhibiendo pruebas fehacientes para acreditar su dicho, por esa razón, solicitó que se designara un perito por parte del Tribunal, cuyos honorarios fueran cubiertos por dicho órgano jurisdiccional, o bien, por el oferente de la prueba en términos de lo dispuesto por el artículo 6, segundo y tercer párrafos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, lo anterior, en aras de no coartar el derecho humano de acceso a la justicia que le asiste. No obstante, la Sala instructora determinó negar lo solicitado por la parte actora, argumentando que, ni en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ni en el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, existe disposición expresa que la faculte a designar oficiosamente un perito a nombre de alguna de la partes en el juicio, debido a que se estaría favoreciendo a una de las partes, rompiendo así con el equilibrio procesal existente en el procedimiento, decisión en contra de la cual se interpuso recurso de reclamación en términos del artículo 59 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sin embargo, esté fue desechado por notoriamente improcedente. Finalmente, con sustento en el único dictamen pericial ofrecido, se declaró procedente y fundado el incidente de falsedad de documentos planteado en autos, motivo por el cual, la persona contribuyente interpuso demanda de amparo indirecto en contra de la sentencia interlocutoria recaída al incidente de falsedad de documentos. Argumentos de defensa considerados en la sentencia. En la demanda de garantías interpuesta, se argumentó la vulneración del derecho de acceso a la justicia dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al resolverse el incidente de falsedad de documentos planteado sin que se haya designado un perito de manera oficiosa por parte del Tribunal Administrativo, no obstante haber demostrado carecer de recursos económicos suficientes para cubrir los honorarios de un perito de su intención, bajo el pretexto de que, de acceder a lo solicitado, se rompería el equilibrio procesal, al beneficiar a solo una de las partes. En ese sentido, se expuso que lo solicitado por la parte demandante no puede derivar en ningún privilegio a su favor que pueda ocasionar un desequilibrio procesal en el juicio contencioso administrativo en perjuicio de la autoridad administrativa demandada, ya que, la autoridad y los particulares por sus esenciales diferencias, no son sujetos que se encuentren en las mismas condiciones; de ahí que el principio de igualdad previsto por la Constitución General no se infringe por el hecho de que la norma no establezca un procedimiento para que la juzgadora facilite el acceso a la justicia del gobernado en los términos en que le fue solicitado y bajo las condiciones probadas en juicio, pues el derecho de las partes a valerse de cuantos medios de prueba se encuentran regulados en la Ley se garantiza, en términos de igualdad, cuando alguna de las partes carezca de los recursos necesarios y le sea reconocido tal derecho para asegurarle el acceso a la tutela judicial efectiva, en concreto, cuando estas acrediten “insuficiencia de recursos para litigar”, como aconteció en el caso en estudio. Además, en la demanda se destacó que los juzgadores, como rectores del procedimiento, están obligados a hacer ajustes razonables de manera ponderada, que vayan más allá de lo señalado en los ordenamientos jurídicos aplicables, para que todas las personas puedan tener las mismas oportunidades, como en el caso concreto, que implicaba asumir el costo de los honorarios de un perito privado a efecto de priorizar el derecho de acceso a la justicia de la persona demandante, la cual se encuentra en un plano de desigualdad de recursos económicos frente a la autoridad demandada. Criterio jurisdiccional obtenido por PRODECON en Amparo Indirecto. El Órgano Jurisdiccional declaró fundado el argumento expuesto en el escrito de demanda de garantías, en virtud de que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho fundamental de justicia pronta, completa, imparcial, gratuita y expedita; considerando que, si bien, los artículos 41 y 43 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo contienen las reglas que deben seguirse para el correcto desahogo de la prueba pericial —como lo son el señalamiento del perito, la ratificación y el desahogo del dictamen pericial—, y que en caso de incumplimiento se tendría por desierta la pericial ofrecida, siguiéndose la secuela procesal únicamente con las pruebas ofrecidas por las partes. Sin embargo, tales dispositivos legales no contemplan la forma en que se debe actuar en caso de que alguna de las partes se encuentre imposibilitada para pagar los honorarios del perito de su parte, por lo cual, aplicando de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, específicamente su artículo 146, que se establece la forma de actuar tratándose de la prueba pericial, es decir, la parte oferente deberá realizarlo por escrito, a lo que el Tribunal concederá a las partes el término de cinco días para adicionar el cuestionario y nombrar perito, y de no hacerlo así, el Tribunal de oficio hará el nombramiento pertinente. Lo anterior considerando, además, que la aplicación exacta de los preceptos legales que regulan la prueba pericial pueden conducir a la violación del derecho humano de acceso a la justicia, máxime que, cuando de autos se advierta que el oferente de la prueba carece de recursos económicos para sufragar los honorarios de un perito privado y, por ende, no designe uno, sino que solicite que sea el órgano jurisdiccional quien nombre un perito y asuma el costo de los honorarios, la probanza debe admitirse, pues de lo contrario, se le privaría de la posibilidad de justificar los extremos de su postura en el procedimiento judicial, con la consecuente infracción a sus derechos fundamentales. De ahí que el Juez Federal consideró que la resolución controvertida resultara violatoria del derecho de administración de justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de la omisión de la autoridad señalada como responsable a designar perito a petición de la parte actora, sin tomar en consideración que ésta se encontraba en desventaja para designarlo con motivo de la carencia de recursos económicos. Por lo cual, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, resolviendo que se deje sin efectos el incidente de falsedad de documentos y ordenando que, previo a emitir diversa resolución, se realicen las gestiones necesarias para designar un perito en materia de grafoscopía de manera oficiosa a favor de la persona quejosa. JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. ​​​​​​​ Extracto / Descripción breve: PRUEBA PERICIAL EN MATERIA DE GRAFOSCOPÍA. CUANDO EL ACTOR ACREDITA SU IMPOSIBILIDAD ECONÓMICA PARA PAGAR LOS HONORARIOS DE UN PERITO, EL TRIBUNAL DEBE GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA MEDIANTE LA DESIGNACIÓN Y PAGO DE ÉSTE --> Sentencia: Sentencia firme Ver sentencia Sustentado en: Consulta / documento de sustento Regresar a resultados Imprimir criterio Aprobado 8va. Sesión Ordinaria del 25 de septiembre de 2025