7/2024/CTN/CN

SISTEMA NO JURISDICCIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA TRIBUTARIA. MEDIO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS VÍA ACUERDOS CONCLUSIVOS ANTE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE (PRODECON). LAS AUTORIDADES FISCALES REVISORAS DEBEN PRIVILEGIAR SU ACCESO, EVITANDO INCURRIR EN ACTUACIONES QUE DEN LUGAR A VIOLACIONES DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CONTRIBUYENTES. Antecedentes. La PRODECON juega un papel de gran trascendencia en la justicia fiscal no jurisdiccional en México, pues conforme al artículo 1 de su Ley Orgánica, además de tener como objetivo principal proteger, defender y observar los derechos de las personas pagadoras de impuestos, atendiendo a su misión de garantizar el derecho de éstas a recibir justicia fiscal en el orden federal mediante la prestación de diversos servicios, a través de los Acuerdos Conclusivos regulados en los artículos 69-C al 69-H del Código Fiscal de la Federación (CFF), promueve, transparenta y facilita la solución anticipada y consensuada de los diferendos y desavenencias que, durante el ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el diverso 42, fracciones II, III o IX del CFF, pueden surgir entre las personas contribuyentes y las autoridades fiscales. El procedimiento para la adopción de los Acuerdos Conclusivos se rige por los principios de flexibilidad, preclusión jurídica, celeridad, inmediatez y carece de mayores formulismos, ya que presupone la buena fe y voluntad auténtica de la autoridad revisora y de la persona contribuyente, buscando una solución anticipada y consensuada al desacuerdo sobre la calificación de hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, o bien, para que la persona contribuyente pueda regularizar su situación fiscal. PRODECON en su carácter de rectora, facilitadora, mediadora y testigo del medio alternativo, cuida que el procedimiento para llegar al Acuerdo Conclusivo se desarrolle de manera transparente y ordenada, preservando el estricto cumplimiento de las disposiciones jurídicas, esencialmente en lo que hace a los derechos de las personas contribuyentes, observando el principio de legalidad durante su sustanciación, conforme a lo previsto en el artículo 104 de los Lineamientos que regulan el ejercicio de sus atribuciones sustantivas. La solicitud para la adopción del Acuerdo Conclusivo que presente la persona contribuyente, entre otros requisitos, deberá contener la mención e identificación precisa de los hechos u omisiones calificados por la autoridad revisora y respecto de los cuales no esté de acuerdo la persona contribuyente, la calificación que ésta pretende se les dé, así como los términos precisos para que la autoridad acepte el acuerdo, expresando los argumentos de fondo y razones jurídicas que la sustenten, conforme a lo previsto en las fracciones X, XI y XII del numeral 105 de los Lineamientos en mención. Cuando la autoridad fiscal no acepte la adopción del Acuerdo Conclusivo, la PRODECON en términos del artículo 111 de los multicitados Lineamientos, notificará a la persona contribuyente y concluirá con el procedimiento alternativo de solución de controversias a través del acuerdo de cierre que corresponda. En esta etapa del procedimiento, el Titular de la Unidad Administrativa competente, conforme a los párrafos primero y cuarto del numeral de referencia, cuenta con la facultad discrecional de formular consideraciones acerca de si la negativa de la autoridad incide en violaciones graves y evidentes a los derechos de la persona contribuyente, o bien, de emitir una opinión técnica no vinculativa a la autoridad fiscal; para tal efecto, para la primera de las mencionadas, se considera que se actualiza el supuesto, entre otros casos, cuando la autoridad revisora no obstante cumpla en presentar en tiempo el informe solicitado, al verter sus consideraciones omita pronunciarse en cuanto al fondo de la solicitud del Acuerdo Conclusivo, lo haga con evasivas, se pronuncie parcialmente en cuanto al fondo del asunto o reitere injustificadamente la improcedencia de la solicitud, debiendo pormenorizarse en qué forma se produjo la o las violaciones respectivas, dándose cuenta de ello tanto a la persona Titular de la Procuraduría como a la persona Titular de la Subprocuraduría de Acuerdos Conclusivos y Gestión Institucional, quienes podrán ordenar se haga del conocimiento al superior jerárquico de la autoridad revisora y al Órgano Interno de Control o su equivalente; en cambio, la opinión técnica no vinculativa a la autoridad fiscal, puede formularse previo visto bueno de la persona Titular de la Procuraduría, cuando la autoridad fiscal al verter su informe o contestación de requerimiento, sostiene una interpretación legal distinta a la de la persona contribuyente o de la misma Procuraduría, sin que para este supuesto se considere que existe una violación grave a los derechos de la persona contribuyente, a menos que resulte notoria y directamente violatoria del principio de aplicación estricta a que se refiere el artículo 5 del CFF. Aun cuando el artículo 108, fracción III de los referidos Lineamientos, dispone que, si la autoridad revisora no acepta los términos en que se plantea el Acuerdo Conclusivo, al producir su informe en forma de contestación, debe expresar con claridad y exactitud los fundamentos y motivos de su negativa; este Ombudsperson fiscal en su carácter de mediador, ha observado que algunas autoridades revisoras han sido omisas en expresar con exactitud cuáles son los motivos y fundamentos en que apoyan su negativa, éstos no resultan claros o completos, omiten pronunciarse en cuanto al fondo de la solicitud del Acuerdo Conclusivo, lo hacen de manera parcial o con evasivas, o bien, omiten la valoración de pruebas; dando lugar a la existencia de violaciones a los derechos de la persona contribuyente, entre ellas, la restricción de acceso a la justicia a través del sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos en materia tributaria, como mecanismo alternativo de solución de controversias. Consideraciones. El artículo 102, Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), dispone que el Congreso de la Unión, en el ámbito de su competencia, establecerá organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público; por consiguiente, PRODECON se erige como un Ombudsperson del sistema tributario mexicano especializado en la protección y defensa de los derechos de las personas pagadoras de impuestos, a través de un sistema no jurisdiccional. Por su parte, el quinto párrafo del artículo 17 de la CPEUM establece el derecho humano de acceso a la justicia de los gobernados, en el que además del sistema jurisdiccional, se menciona que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias, lo que representa el derecho a la instrumentación y búsqueda de medios alternos de solución en la vía no jurisdiccional, como lo es en materia fiscal federal, los Acuerdos Conclusivos. Aunado a lo anterior, no debe pasar inadvertido que, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en el artículo 1, párrafos primero, segundo y tercero de la CPEUM, quedó establecido que las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, por lo que, al interpretarse las normas relativas a los derechos humanos, se debe favorecer en todo tiempo a las personas asegurando la protección más amplia, previéndose que todas las autoridades, sin distinción alguna, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que de tal precepto constitucional deriva el principio pro homine a efecto de que prevalezca la norma que mejor proteja y garantice el pleno goce de los derechos humanos del gobernado, como lo es el privilegiar el acceso a la justicia mediante el sistema no jurisdiccional. Criterio de PRODECON. Con la finalidad de respetar el derecho humano de acceso a la justicia no jurisdiccional o medios alternativos para resolver las controversias en materia tributaria, en opinión de PRODECON, las autoridades fiscales revisoras deben privilegiar su acceso cuando a través del servicio de los Acuerdos Conclusivos la persona contribuyente busque una solución anticipada y consensuada al desacuerdo sobre la calificación de hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, o bien, para que pueda regularizar su situación fiscal, durante el ejercicio de las facultades de comprobación. Por ello, considerando que entre los diversos requisitos que deberá contener la solicitud del Acuerdo Conclusivo, se encuentra la calificación que la persona contribuyente pretende que se le dé a los hechos u omisiones, respecto de los que solicita la adopción del mencionado Acuerdo, expresando los argumentos de fondo y razones jurídicas que la sustenten; se estima que cuando se cumple cabalmente con tales extremos y, además quede debidamente probada, no existiría razón alguna para que la autoridad revisora al producir su informe en forma de contestación, no acepte los términos en que se plantea, pues a criterio de este Ombudsperson fiscal, dicha autoridad debe evitar violaciones a los derechos de la persona contribuyente, privilegiando el derecho humano de acceso a la justicia no jurisdiccional materializado en el ámbito tributario a través del procedimiento para la adopción de los Acuerdos Conclusivos. Lo anterior, sin perjuicio de que cuando la autoridad revisora no acepte la adopción del Acuerdo Conclusivo, de manera discrecional y siempre que se actualice en cada caso en particular los supuestos de procedencia, al emitirse el acuerdo de cierre, el Titular de la Unidad Administrativa competente, puede formular consideraciones acerca de si la negativa de la autoridad incide en violaciones graves y evidentes a los derechos de la persona contribuyente, o bien, una opinión técnica no vinculativa. Dejar de privilegiar el derecho de acceso a la justicia no jurisdiccional en beneficio de la persona contribuyente, contraviene también los derechos de impartición de justicia pronta y expedita, así como el principio de economía procesal y de mayor beneficio en la aplicación de la norma, ello aunado que, mediante disposición de rango constitucional, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, aplicando la norma que mejor beneficie a la persona pagadora de impuestos, trayendo aparejada una visión de austeridad en el manejo de los fondos y recursos públicos, pues es bien sabido que todo tipo de trámite requiere de recursos económicos, humanos y materiales; por ello, si se considera que uno de los diversos beneficios de los Acuerdos Conclusivos es aclarar en breve tiempo los aspectos de la auditoría o revisión, evitando juicios largos y costosos, la adopción del mismo permite la solución anticipada y consensuada de los diferendos y desavenencias que, durante el ejercicio de las facultades de comprobación, surgen entre las personas contribuyentes y las autoridades fiscales. Extracto / Descripción breve: SISTEMA NO JURISDICCIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA TRIBUTARIA. MEDIO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS VÍA ACUERDOS CONCLUSIVOS ANTE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE (PRODECON). LAS AUTORIDADES FISCALES REVISORAS DEBEN PRIVILEGIAR SU ACCESO, EVITANDO INCURRIR EN ACTUACIONES QUE DEN LUGAR A VIOLACIONES DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CONTRIBUYENTES. Antecedentes. La PRODECON juega un papel de gran trascendencia en la justicia fiscal no jurisdiccional en México, pues conforme al artículo 1 de su Ley Orgánica, además de tener como objetivo principal proteger, defender y observar los derechos de las personas pagadoras de impuestos, atendiendo a su misión de garantizar el derecho de éstas a recibir justicia fiscal en el orden federal mediante la prestación de diversos servicios, a través de los Acuerdos Conclusivos regulados en los artículos 69-C al 69-H del Código Fiscal de la Federación (CFF), promueve, transparenta y facilita la solución anticipada y consensuada de los diferendos y desavenencias que, durante el ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el diverso 42, fracciones II, III o IX del CFF, pueden surgir entre las personas contribuyentes y las autoridades fiscales. El procedimiento para la adopción de los Acuerdos Conclusivos se rige por los principios de flexibilidad, preclusión jurídica, celeridad, inmediatez y carece de mayores formulismos, ya que presupone la buena fe y voluntad auténtica de la autoridad revisora y de la persona contribuyente, buscando una solución anticipada y consensuada al desacuerdo sobre la calificación de hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, o bien, para que la persona contribuyente pueda regularizar su situación fiscal. PRODECON en su carácter de rectora, facilitadora, mediadora y testigo del medio alternativo, cuida que el procedimiento para llegar al Acuerdo Conclusivo se desarrolle de manera transparente y ordenada, preservando el estricto cumplimiento de las disposiciones jurídicas, esencialmente en lo que hace a los derechos de las personas contribuyentes, observando el principio de legalidad durante su sustanciación, conforme a lo previsto en el artículo 104 de los Lineamientos que regulan el ejercicio de sus atribuciones sustantivas. La solicitud para la adopción del Acuerdo Conclusivo que presente la persona contribuyente, entre otros requisitos, deberá contener la mención e identificación precisa de los hechos u omisiones calificados por la autoridad revisora y respecto de los cuales no esté de acuerdo la persona contribuyente, la calificación que ésta pretende se les dé, así como los términos precisos para que la autoridad acepte el acuerdo, expresando los argumentos de fondo y razones jurídicas que la sustenten, conforme a lo previsto en las fracciones X, XI y XII del numeral 105 de los Lineamientos en mención. Cuando la autoridad fiscal no acepte la adopción del Acuerdo Conclusivo, la PRODECON en términos del artículo 111 de los multicitados Lineamientos, notificará a la persona contribuyente y concluirá con el procedimiento alternativo de solución de controversias a través del acuerdo de cierre que corresponda. En esta etapa del procedimiento, el Titular de la Unidad Administrativa competente, conforme a los párrafos primero y cuarto del numeral de referencia, cuenta con la facultad discrecional de formular consideraciones acerca de si la negativa de la autoridad incide en violaciones graves y evidentes a los derechos de la persona contribuyente, o bien, de emitir una opinión técnica no vinculativa a la autoridad fiscal; para tal efecto, para la primera de las mencionadas, se considera que se actualiza el supuesto, entre otros casos, cuando la autoridad revisora no obstante cumpla en presentar en tiempo el informe solicitado, al verter sus consideraciones omita pronunciarse en cuanto al fondo de la solicitud del Acuerdo Conclusivo, lo haga con evasivas, se pronuncie parcialmente en cuanto al fondo del asunto o reitere injustificadamente la improcedencia de la solicitud, debiendo pormenorizarse en qué forma se produjo la o las violaciones respectivas, dándose cuenta de ello tanto a la persona Titular de la Procuraduría como a la persona Titular de la Subprocuraduría de Acuerdos Conclusivos y Gestión Institucional, quienes podrán ordenar se haga del conocimiento al superior jerárquico de la autoridad revisora y al Órgano Interno de Control o su equivalente; en cambio, la opinión técnica no vinculativa a la autoridad fiscal, puede formularse previo visto bueno de la persona Titular de la Procuraduría, cuando la autoridad fiscal al verter su informe o contestación de requerimiento, sostiene una interpretación legal distinta a la de la persona contribuyente o de la misma Procuraduría, sin que para este supuesto se considere que existe una violación grave a los derechos de la persona contribuyente, a menos que resulte notoria y directamente violatoria del principio de aplicación estricta a que se refiere el artículo 5 del CFF. Aun cuando el artículo 108, fracción III de los referidos Lineamientos, dispone que, si la autoridad revisora no acepta los términos en que se plantea el Acuerdo Conclusivo, al producir su informe en forma de contestación, debe expresar con claridad y exactitud los fundamentos y motivos de su negativa; este Ombudsperson fiscal en su carácter de mediador, ha observado que algunas autoridades revisoras han sido omisas en expresar con exactitud cuáles son los motivos y fundamentos en que apoyan su negativa, éstos no resultan claros o completos, omiten pronunciarse en cuanto al fondo de la solicitud del Acuerdo Conclusivo, lo hacen de manera parcial o con evasivas, o bien, omiten la valoración de pruebas; dando lugar a la existencia de violaciones a los derechos de la persona contribuyente, entre ellas, la restricción de acceso a la justicia a través del sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos en materia tributaria, como mecanismo alternativo de solución de controversias. Consideraciones. El artículo 102, Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), dispone que el Congreso de la Unión, en el ámbito de su competencia, establecerá organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público; por consiguiente, PRODECON se erige como un Ombudsperson del sistema tributario mexicano especializado en la protección y defensa de los derechos de las personas pagadoras de impuestos, a través de un sistema no jurisdiccional. Por su parte, el quinto párrafo del artículo 17 de la CPEUM establece el derecho humano de acceso a la justicia de los gobernados, en el que además del sistema jurisdiccional, se menciona que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias, lo que representa el derecho a la instrumentación y búsqueda de medios alternos de solución en la vía no jurisdiccional, como lo es en materia fiscal federal, los Acuerdos Conclusivos. Aunado a lo anterior, no debe pasar inadvertido que, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en el artículo 1, párrafos primero, segundo y tercero de la CPEUM, quedó establecido que las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, por lo que, al interpretarse las normas relativas a los derechos humanos, se debe favorecer en todo tiempo a las personas asegurando la protección más amplia, previéndose que todas las autoridades, sin distinción alguna, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que de tal precepto constitucional deriva el principio pro homine a efecto de que prevalezca la norma que mejor proteja y garantice el pleno goce de los derechos humanos del gobernado, como lo es el privilegiar el acceso a la justicia mediante el sistema no jurisdiccional. Criterio de PRODECON. Con la finalidad de respetar el derecho humano de acceso a la justicia no jurisdiccional o medios alternativos para resolver las controversias en materia tributaria, en opinión de PRODECON, las autoridades fiscales revisoras deben privilegiar su acceso cuando a través del servicio de los Acuerdos Conclusivos la persona contribuyente busque una solución anticipada y consensuada al desacuerdo sobre la calificación de hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, o bien, para que pueda regularizar su situación fiscal, durante el ejercicio de las facultades de comprobación. Por ello, considerando que entre los diversos requisitos que deberá contener la solicitud del Acuerdo Conclusivo, se encuentra la calificación que la persona contribuyente pretende que se le dé a los hechos u omisiones, respecto de los que solicita la adopción del mencionado Acuerdo, expresando los argumentos de fondo y razones jurídicas que la sustenten; se estima que cuando se cumple cabalmente con tales extremos y, además quede debidamente probada, no existiría razón alguna para que la autoridad revisora al producir su informe en forma de contestación, no acepte los términos en que se plantea, pues a criterio de este Ombudsperson fiscal, dicha autoridad debe evitar violaciones a los derechos de la persona contribuyente, privilegiando el derecho humano de acceso a la justicia no jurisdiccional materializado en el ámbito tributario a través del procedimiento para la adopción de los Acuerdos Conclusivos. Lo anterior, sin perjuicio de que cuando la autoridad revisora no acepte la adopción del Acuerdo Conclusivo, de manera discrecional y siempre que se actualice en cada caso en particular los supuestos de procedencia, al emitirse el acuerdo de cierre, el Titular de la Unidad Administrativa competente, puede formular consideraciones acerca de si la negativa de la autoridad incide en violaciones graves y evidentes a los derechos de la persona contribuyente, o bien, una opinión técnica no vinculativa. Dejar de privilegiar el derecho de acceso a la justicia no jurisdiccional en beneficio de la persona contribuyente, contraviene también los derechos de impartición de justicia pronta y expedita, así como el principio de economía procesal y de mayor beneficio en la aplicación de la norma, ello aunado que, mediante disposición de rango constitucional, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, aplicando la norma que mejor beneficie a la persona pagadora de impuestos, trayendo aparejada una visión de austeridad en el manejo de los fondos y recursos públicos, pues es bien sabido que todo tipo de trámite requiere de recursos económicos, humanos y materiales; por ello, si se considera que uno de los diversos beneficios de los Acuerdos Conclusivos es aclarar en breve tiempo los aspectos de la auditoría o revisión, evitando juicios largos y costosos, la adopción del mismo permite la solución anticipada y consensuada de los diferendos y desavenencias que, durante el ejercicio de las facultades de comprobación, surgen entre las personas contribuyentes y las autoridades fiscales. --> Aprobado 9na. Sesión Ordinaria del 31 de octubre de 2024