CRITERIO JURISDICCIONAL 60/2024

PERSONAS ADULTAS MAYORES. DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN QUE FORMEN PARTE, LAS AUTORIDADES FISCALES TIENEN LA OBLIGACIÓN DE NO SÓLO CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES DEL DEBIDO PROCESO DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE AL CASO, SINO ADEMÁS, DEBEN INFORMARLES DE LAS PRERROGATIVAS PROCESALES DE LAS QUE SON TITULARES, DE CONFORMIDAD CON LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES, ASÍ COMO LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. Antecedentes. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) promovió juicio contencioso administrativo en favor de los derechos de una persona adulta mayor, a quien derivado de una verificación de mercancía en transporte llevada a cabo en horario nocturno, la Dirección Regional de Auditoría Fiscal y Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato determinó un crédito fiscal por contribuciones omitidas, multa y recargos, al estimar que no acreditó la legal importación, estancia y/o tenencia en el país de un vehículo de origen extranjero. Argumentos de defensa considerados en la sentencia. La autoridad vulneró el derecho fundamental de la certeza jurídica, previsto en el artículo 5°, fracción II, inciso c), de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, al haber omitido informar de las prerrogativas procesales de las que es titular. Asimismo, se contravino el derecho humano de seguridad jurídica contenido en el numeral 16 Constitucional, así como al principio de inmediatez previsto en el numeral 150, de la Ley Aduanera. Ello debido a que, no existió justificación alguna en el acta de verificación de mercancía en transporte, para el traslado del vehículo, ni manifestación expresa de la voluntad de la persona adulta mayor sujeta al procedimiento, respecto al traslado al recinto fiscal. Criterio jurisdiccional obtenido por Prodecon en juicio de nulidad. Partiendo de un análisis con perspectiva de edad y considerando el marco normativo para juzgar a las personas adultas mayores, la Sala Administrativa resolvió que la resolución impugnada derivó de un procedimiento viciado de origen. Esto, al advertir que el procedimiento administrativo se instauró a una persona que es parte de un grupo etario vulnerable y que, al momento de la verificación de mercancías de procedencia extranjera, no se apreció del acta de traslado, que la autoridad fiscalizadora, en atención a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, así como a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, hubiera informado de la situación jurídica al particular, explicado el procedimiento administrativo en materia aduanera y concedido la oportunidad de expresar si era o no su voluntad acudir al recinto por su conducto -o por medio del verificador-. Todo lo anterior, con la finalidad de permitirle tener una apreciación de seguridad física, dado el horario y ubicación en que se llevó la verificación. JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LA VÍA ORDINARIA. SALA REGIONAL DEL CENTRO IV DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. 2024. Extracto / Descripción breve: PERSONAS ADULTAS MAYORES. DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN QUE FORMEN PARTE, LAS AUTORIDADES FISCALES TIENEN LA OBLIGACIÓN DE NO SÓLO CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES DEL DEBIDO PROCESO DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE AL CASO, SINO ADEMÁS, DEBEN INFORMARLES DE LAS PRERROGATIVAS PROCESALES DE LAS QUE SON TITULARES, DE CONFORMIDAD CON LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES, ASÍ COMO LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. Antecedentes. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) promovió juicio contencioso administrativo en favor de los derechos de una persona adulta mayor, a quien derivado de una verificación de mercancía en transporte llevada a cabo en horario nocturno, la Dirección Regional de Auditoría Fiscal y Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato determinó un crédito fiscal por contribuciones omitidas, multa y recargos, al estimar que no acreditó la legal importación, estancia y/o tenencia en el país de un vehículo de origen extranjero. Argumentos de defensa considerados en la sentencia. La autoridad vulneró el derecho fundamental de la certeza jurídica, previsto en el artículo 5°, fracción II, inciso c), de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, al haber omitido informar de las prerrogativas procesales de las que es titular. Asimismo, se contravino el derecho humano de seguridad jurídica contenido en el numeral 16 Constitucional, así como al principio de inmediatez previsto en el numeral 150, de la Ley Aduanera. Ello debido a que, no existió justificación alguna en el acta de verificación de mercancía en transporte, para el traslado del vehículo, ni manifestación expresa de la voluntad de la persona adulta mayor sujeta al procedimiento, respecto al traslado al recinto fiscal. Criterio jurisdiccional obtenido por Prodecon en juicio de nulidad. Partiendo de un análisis con perspectiva de edad y considerando el marco normativo para juzgar a las personas adultas mayores, la Sala Administrativa resolvió que la resolución impugnada derivó de un procedimiento viciado de origen. Esto, al advertir que el procedimiento administrativo se instauró a una persona que es parte de un grupo etario vulnerable y que, al momento de la verificación de mercancías de procedencia extranjera, no se apreció del acta de traslado, que la autoridad fiscalizadora, en atención a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, así como a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, hubiera informado de la situación jurídica al particular, explicado el procedimiento administrativo en materia aduanera y concedido la oportunidad de expresar si era o no su voluntad acudir al recinto por su conducto -o por medio del verificador-. Todo lo anterior, con la finalidad de permitirle tener una apreciación de seguridad física, dado el horario y ubicación en que se llevó la verificación. JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LA VÍA ORDINARIA. SALA REGIONAL DEL CENTRO IV DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. 2024. --> Sentencia: Sentencia pendiente de que cause estado Ver sentencia Sustentado en: Consulta / documento de sustento Regresar a resultados Imprimir criterio Aprobado 8va. Sesión Ordinaria del 23 de septiembre de 2024