Procuraduría de la Defensa del Contribuyente · Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

3/2024/CTN/CS-SPDC

Criterio de PRODECON

3/2024/CTN/CS-SPDC

Criterio aisladoPublicada el 23 de septiembre de 2024Leída el 15 de noviembre de 2026

A quién obliga

orienta; no obliga al SAT ni a los tribunales

Disposiciones que aplica

Lo que dice de otros criterios

  • interpreta · sin dato de vigencia

    CFF:76

Fuente oficial

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

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Texto

3/2024/CTN/CS-SPDC LÍNEA DE CAPTURA. ES INDEBIDO Y CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA QUE LA AUTORIDAD FISCAL DESCONOZCA EL BENEFICIO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 76 SÉPTIMO PÁRRAFO, DEL CFF (REDUCCIÓN DEL 20% EN LA MULTA DE FONDO), BAJO EL ARGUMENTO DE QUE LA PERSONA CONTRIBUYENTE NO CUBRIÓ EL SALDO TOTAL DE CONCEPTOS ADEUDADOS Y NO REDUCIDOS, DEBIDO A QUE LA LÍNEA DE CAPTURA SOLAMENTE CONSIDERÓ LOS RECARGOS DEL MES EN QUE SE EXPIDIÓ Y NO DEL DIVERSO MES EN QUE CONCLUÍA SU VIGENCIA, SIN CONSIDERAR QUE EL PAGO SE REALIZÓ CONFORME A LAS INSTRUCCIONES SOBRE EL MONTO Y PLAZO CONTENIDOS EN EL FORMATO PARA EL PAGO DE CONTRIBUCIONES, EMITIDO POR LA PROPIA AUTORIDAD. Antecedentes: La persona física contribuyente promovió Queja con la finalidad de que diversas unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), le dieran a conocer las respuestas recaídas a dos casos de aclaración que tramitó para solicitar la baja de un crédito fiscal a su cargo y la actualización de sus datos ante el “Reporte de Crédito Especial de Personas Físicas”, lo anterior en virtud de que refirió haber realizado el pago de dicho adeudo. Dentro de los hechos narrados en la Queja se indicó lo siguiente: Durante el mes de abril del año 2023, le fue notificada la resolución determinante de un crédito fiscal por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR), pagos definitivos de las personas físicas del ejercicio fiscal 2019 y multas impuestas por infracciones a las leyes tributarias federales, derivado de un procedimiento de fiscalización. Mediante caso de aclaración tramitado el 18 de mayo de 2023, la persona contribuyente solicitó la línea de captura para el pago de la resolución mencionada. En atención a su solicitud, el mismo día se expidió el formato de pago, con vigencia hasta el 02 de junio siguiente. El día 02 de junio de 2023, es decir, estando en el último día del plazo de vigencia de la línea de captura, la persona promovente realizó el pago de la cantidad indicada; sin embargo, al generar su “Reporte de Crédito Especial de Personas Físicas” advirtió que el adeudo a su cargo seguía activo. Consideraciones: Con motivo del trámite de la Queja, la autoridad facultada para actualizar la información ante las sociedades de información crediticia indicó que la resolución a cargo del quejoso se visualizaba firme en su sistema institucional, motivo por el cual solicitó a la autoridad recaudadora correspondiente al domicilio fiscal de la persona contribuyente que le comunicara la situación que guardaba dicho adeudo. En respuesta, esta última autoridad refirió que el pago realizado por la persona contribuyente el 02 de junio de 2023 no cubrió la totalidad del crédito fiscal a su cargo, resultando una diferencia de pago por concepto de recargos, motivo por el cual resultaba improcedente dar de baja la resolución determinante de sus sistemas institucionales y, en consecuencia, actualizar los datos del promovente ante las sociedades de información crediticia. La autoridad recaudadora, al rendir su informe proporcionó los acuses de respuesta de las aclaraciones tramitadas por la persona quejosa; asimismo, confirmó que el 18 de mayo de 2023 remitió la línea de captura que, en su opinión, estuvo vigente hasta el 30 de mayo de 2023, no obstante, la persona quejosa realizó el pago el 02 de junio de 2023, situación que generó una actualización por recargos a partir del 1° de junio de 2023, considerando la naturaleza jurídica del ISR de Personas Físicas, del ejercicio fiscal 2019, lo cual ocasionó que el importe pagado no cubriera la totalidad del crédito a cargo de la promovente y en consecuencia fuera aplicado a cuenta, de conformidad con el orden señalado en el artículo 20, párrafo octavo, del Código Fiscal de la Federación (CFF) vigente, razón por la cual no daría de baja la resolución determinante de adeudos hasta que se cubriera el monto total. A través de Acuerdo de Acciones de Investigación, se requirió a la autoridad recaudadora que indicara las razones por las que consideraba que el pago realizado por la persona contribuyente el 02 de junio de 2023, no se efectuó dentro de la fecha de vigencia de la línea de captura emitida por esa autoridad, no obstante que dicha documental señalaba expresamente “vigencia hasta: 02/06/2023”; asimismo, para que justificara los motivos por los cuales consideró como fecha límite de pago el 30 de mayo de 2023 y las razones por las que adujo que la persona quejosa no cubrió la totalidad del crédito a su cargo. Al rendir su informe, la autoridad recaudadora reiteró que, en su opinión, el saldo señalado en la línea de captura estuvo vigente hasta el 30 de mayo de 2023, por tanto, al haber realizado la hoy persona quejosa el pago en una fecha posterior, en términos del artículo 21 quinto párrafo, del CFF, quedó un saldo remanente que corresponde a recargos. Adicionalmente, refirió que al no cubrir la totalidad del crédito dentro de los 45 días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación de la resolución determinante, a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 76 del citado CFF, plazo que transcurrió del 20 de abril al 23 de junio de 2023, el beneficio a que refiere dicho precepto quedó sin efectos, ya que, el importe señalado se encontraba actualizado y recargado al mes en que fue emitida la línea de captura, es decir, a mayo del año 2023 y no al 2 de junio en que se efectuó el pago. Por lo anterior, Prodecon emitió la Recomendación Pública número 01/2024, en la cual resaltó que la autoridad recaudadora vulneró en perjuicio de la persona quejosa sus derechos de legalidad, seguridad y certeza jurídica, reconocidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), así como el principio pro persona que deriva del artículo 1°, también de la Constitución Federal, que establece la obligación de todas las autoridades de procurar, al interpretar y aplicar las normas legales, la protección más amplia de los derechos de los gobernados, y transgrede lo dispuesto en el artículo 76 séptimo párrafo, del CFF, al desconocer el beneficio de la reducción de la multa que otorga esta última disposición legal, argumentando que supuestamente la persona contribuyente no pagó el saldo precisado en la línea de captura dentro de su fecha de vigencia, sin considerar que el pago sí se efectuó en la fecha límite señalada en dicho documento y por la cantidad que precisó la propia autoridad, al momento de expedir el Formato para Pago de Contribuciones Federales, sin que exista fundamento y motivo legal para revocar unilateralmente ese beneficio. En específico, se evidenció que la autoridad apreció de manera indebida los hechos y, en consecuencia, afectó los derechos de legalidad, seguridad y certeza jurídica de la persona contribuyente, toda vez que de manera arbitraria desconoció reiteradamente la fecha de vigencia indicada en la línea de captura que generó la propia autoridad, quien la entregó a la persona promovente, en respuesta a un caso de aclaración. Por ello, la actuación de la autoridad, consistente en emitir una línea de captura con fecha de vigencia del mes siguiente al de su expedición, sin incluir los recargos causados, dejó en total estado de incertidumbre jurídica e indefensión a la persona quejosa, generándole indebidamente la carga de actualizar los recargos antes de realizar el pago, sin considerar que no es posible para las personas contribuyentes modificar los datos de las líneas de captura, ya que se generan de manera automática en el sistema del SAT, con la información que obra en sus bases de datos. El indebido actuar de la autoridad, a su vez restringió el derecho de la quejosa para acceder al beneficio de la reducción del 20% en la multa de fondo determinada en la resolución determinante a su cargo, no obstante que la persona quejosa cumplió con los requisitos para ello y realizó el pago oportunamente de conformidad con la línea de captura expedida y entregada por la propia autoridad recaudadora. En opinión de esta Procuraduría el beneficio de la reducción no puede perderse por la existencia de un error en el cálculo de los recargos de la contribución adeudada a la fecha de vigencia de la línea de captura, pues dicho error no es atribuible a la persona quejosa, ya que los montos correspondientes se determinaron por la autoridad. Adicionalmente, este Organismo estimó que la autoridad debe ceñir sus actuaciones a un modelo de buena administración tributaria que implica cercanía con las personas contribuyentes, exactitud con la legalidad, discrecionalidad sin arbitrariedades y flexibilidad en la aplicación de las normas para hacer efectiva la tutela de los derechos de éstos, reconocidos en los artículos 14 y 16 de la CPEUM, los cuales establecen que un gobernado no debe encontrarse jamás en una situación de incertidumbre jurídica. En el caso concreto, la autoridad fiscal vulneró el derecho a la confianza legítima, como una modalidad de la seguridad jurídica, al desconocer las condiciones de pago que ella misma generó y entregó al emitir la línea de captura solicitada por la persona contribuyente, lo cual tuvo como consecuencia que se le privara de acceder al beneficio de reducción de la multa impuesta y que se generaran actualizaciones y recargos sobre el crédito determinado. En respuesta al Acuerdo de Recomendación, la autoridad coincidió con el criterio de esta Procuraduría, por lo que aceptó las medidas correctivas propuestas, dando de baja por pago, el crédito fiscal a cargo de la persona contribuyente. Criterio de Prodecon. Es indebido y contraviene el principio de confianza legítima que la autoridad fiscal desconozca el beneficio previsto por el artículo 76 séptimo párrafo, del CFF (reducción del 20% en la multa de fondo), bajo el argumento de que la persona contribuyente no cubrió el saldo total adeudado, debido a que la línea de captura solamente consideró los recargos del mes en que se expidió y no del diverso mes en que concluía su vigencia, sin considerar que el pago se realizó conforme a las instrucciones sobre el monto y plazo que la autoridad indicó en el formato para el pago de contribuciones. En opinión de esta Procuraduría, el plazo de vigencia de la línea de captura del Formato expedido por la autoridad fiscal es el periodo durante el cual debe efectuarse el pago, el cual debe respetarse estrictamente, de conformidad con el artículo 5 del CFF, generando en la persona contribuyente la certeza de que tiene hasta esa fecha cierta para pagar el adeudo indicado en el propio documento. Por lo anterior, la autoridad no puede desconocer motu propio la fecha de vigencia de la línea de captura y, en su lugar, señalar arbitrariamente una distinta, debido a que esa actuación resulta ilegal e induce indirectamente a la persona contribuyente al error, para que ésta pierda el acceso a un derecho como la reducción de la multa respectiva y, paralelamente, la autoridad fiscal pueda obtener un beneficio adicional irregular consistente en el cobro de la totalidad del adeudo determinado, más los recargos generados, bajo el argumento de que entregó una línea de captura en la que señaló expresamente una fecha de vigencia que corresponde al mes siguiente al día en que se generó, sin considerar el monto actualizado del crédito, ni la totalidad de recargos. CRITERIO SUSTENTADO EN: ACUERDO DE RECOMENDACIÓN. Extracto / Descripción breve: LÍNEA DE CAPTURA. ES INDEBIDO Y CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA QUE LA AUTORIDAD FISCAL DESCONOZCA EL BENEFICIO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 76 SÉPTIMO PÁRRAFO, DEL CFF (REDUCCIÓN DEL 20% EN LA MULTA DE FONDO), BAJO EL ARGUMENTO DE QUE LA PERSONA CONTRIBUYENTE NO CUBRIÓ EL SALDO TOTAL DE CONCEPTOS ADEUDADOS Y NO REDUCIDOS, DEBIDO A QUE LA LÍNEA DE CAPTURA SOLAMENTE CONSIDERÓ LOS RECARGOS DEL MES EN QUE SE EXPIDIÓ Y NO DEL DIVERSO MES EN QUE CONCLUÍA SU VIGENCIA, SIN CONSIDERAR QUE EL PAGO SE REALIZÓ CONFORME A LAS INSTRUCCIONES SOBRE EL MONTO Y PLAZO CONTENIDOS EN EL FORMATO PARA EL PAGO DE CONTRIBUCIONES, EMITIDO POR LA PROPIA AUTORIDAD. Antecedentes: La persona física contribuyente promovió Queja con la finalidad de que diversas unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), le dieran a conocer las respuestas recaídas a dos casos de aclaración que tramitó para solicitar la baja de un crédito fiscal a su cargo y la actualización de sus datos ante el “Reporte de Crédito Especial de Personas Físicas”, lo anterior en virtud de que refirió haber realizado el pago de dicho adeudo. Dentro de los hechos narrados en la Queja se indicó lo siguiente: Durante el mes de abril del año 2023, le fue notificada la resolución determinante de un crédito fiscal por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR), pagos definitivos de las personas físicas del ejercicio fiscal 2019 y multas impuestas por infracciones a las leyes tributarias federales, derivado de un procedimiento de fiscalización. Mediante caso de aclaración tramitado el 18 de mayo de 2023, la persona contribuyente solicitó la línea de captura para el pago de la resolución mencionada. En atención a su solicitud, el mismo día se expidió el formato de pago, con vigencia hasta el 02 de junio siguiente. El día 02 de junio de 2023, es decir, estando en el último día del plazo de vigencia de la línea de captura, la persona promovente realizó el pago de la cantidad indicada; sin embargo, al generar su “Reporte de Crédito Especial de Personas Físicas” advirtió que el adeudo a su cargo seguía activo. Consideraciones: Con motivo del trámite de la Queja, la autoridad facultada para actualizar la información ante las sociedades de información crediticia indicó que la resolución a cargo del quejoso se visualizaba firme en su sistema institucional, motivo por el cual solicitó a la autoridad recaudadora correspondiente al domicilio fiscal de la persona contribuyente que le comunicara la situación que guardaba dicho adeudo. En respuesta, esta última autoridad refirió que el pago realizado por la persona contribuyente el 02 de junio de 2023 no cubrió la totalidad del crédito fiscal a su cargo, resultando una diferencia de pago por concepto de recargos, motivo por el cual resultaba improcedente dar de baja la resolución determinante de sus sistemas institucionales y, en consecuencia, actualizar los datos del promovente ante las sociedades de información crediticia. La autoridad recaudadora, al rendir su informe proporcionó los acuses de respuesta de las aclaraciones tramitadas por la persona quejosa; asimismo, confirmó que el 18 de mayo de 2023 remitió la línea de captura que, en su opinión, estuvo vigente hasta el 30 de mayo de 2023, no obstante, la persona quejosa realizó el pago el 02 de junio de 2023, situación que generó una actualización por recargos a partir del 1° de junio de 2023, considerando la naturaleza jurídica del ISR de Personas Físicas, del ejercicio fiscal 2019, lo cual ocasionó que el importe pagado no cubriera la totalidad del crédito a cargo de la promovente y en consecuencia fuera aplicado a cuenta, de conformidad con el orden señalado en el artículo 20, párrafo octavo, del Código Fiscal de la Federación (CFF) vigente, razón por la cual no daría de baja la resolución determinante de adeudos hasta que se cubriera el monto total. A través de Acuerdo de Acciones de Investigación, se requirió a la autoridad recaudadora que indicara las razones por las que consideraba que el pago realizado por la persona contribuyente el 02 de junio de 2023, no se efectuó dentro de la fecha de vigencia de la línea de captura emitida por esa autoridad, no obstante que dicha documental señalaba expresamente “vigencia hasta: 02/06/2023”; asimismo, para que justificara los motivos por los cuales consideró como fecha límite de pago el 30 de mayo de 2023 y las razones por las que adujo que la persona quejosa no cubrió la totalidad del crédito a su cargo. Al rendir su informe, la autoridad recaudadora reiteró que, en su opinión, el saldo señalado en la línea de captura estuvo vigente hasta el 30 de mayo de 2023, por tanto, al haber realizado la hoy persona quejosa el pago en una fecha posterior, en términos del artículo 21 quinto párrafo, del CFF, quedó un saldo remanente que corresponde a recargos. Adicionalmente, refirió que al no cubrir la totalidad del crédito dentro de los 45 días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación de la resolución determinante, a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 76 del citado CFF, plazo que transcurrió del 20 de abril al 23 de junio de 2023, el beneficio a que refiere dicho precepto quedó sin efectos, ya que, el importe señalado se encontraba actualizado y recargado al mes en que fue emitida la línea de captura, es decir, a mayo del año 2023 y no al 2 de junio en que se efectuó el pago. Por lo anterior, Prodecon emitió la Recomendación Pública número 01/2024, en la cual resaltó que la autoridad recaudadora vulneró en perjuicio de la persona quejosa sus derechos de legalidad, seguridad y certeza jurídica, reconocidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), así como el principio pro persona que deriva del artículo 1°, también de la Constitución Federal, que establece la obligación de todas las autoridades de procurar, al interpretar y aplicar las normas legales, la protección más amplia de los derechos de los gobernados, y transgrede lo dispuesto en el artículo 76 séptimo párrafo, del CFF, al desconocer el beneficio de la reducción de la multa que otorga esta última disposición legal, argumentando que supuestamente la persona contribuyente no pagó el saldo precisado en la línea de captura dentro de su fecha de vigencia, sin considerar que el pago sí se efectuó en la fecha límite señalada en dicho documento y por la cantidad que precisó la propia autoridad, al momento de expedir el Formato para Pago de Contribuciones Federales, sin que exista fundamento y motivo legal para revocar unilateralmente ese beneficio. En específico, se evidenció que la autoridad apreció de manera indebida los hechos y, en consecuencia, afectó los derechos de legalidad, seguridad y certeza jurídica de la persona contribuyente, toda vez que de manera arbitraria desconoció reiteradamente la fecha de vigencia indicada en la línea de captura que generó la propia autoridad, quien la entregó a la persona promovente, en respuesta a un caso de aclaración. Por ello, la actuación de la autoridad, consistente en emitir una línea de captura con fecha de vigencia del mes siguiente al de su expedición, sin incluir los recargos causados, dejó en total estado de incertidumbre jurídica e indefensión a la persona quejosa, generándole indebidamente la carga de actualizar los recargos antes de realizar el pago, sin considerar que no es posible para las personas contribuyentes modificar los datos de las líneas de captura, ya que se generan de manera automática en el sistema del SAT, con la información que obra en sus bases de datos. El indebido actuar de la autoridad, a su vez restringió el derecho de la quejosa para acceder al beneficio de la reducción del 20% en la multa de fondo determinada en la resolución determinante a su cargo, no obstante que la persona quejosa cumplió con los requisitos para ello y realizó el pago oportunamente de conformidad con la línea de captura expedida y entregada por la propia autoridad recaudadora. En opinión de esta Procuraduría el beneficio de la reducción no puede perderse por la existencia de un error en el cálculo de los recargos de la contribución adeudada a la fecha de vigencia de la línea de captura, pues dicho error no es atribuible a la persona quejosa, ya que los montos correspondientes se determinaron por la autoridad. Adicionalmente, este Organismo estimó que la autoridad debe ceñir sus actuaciones a un modelo de buena administración tributaria que implica cercanía con las personas contribuyentes, exactitud con la legalidad, discrecionalidad sin arbitrariedades y flexibilidad en la aplicación de las normas para hacer efectiva la tutela de los derechos de éstos, reconocidos en los artículos 14 y 16 de la CPEUM, los cuales establecen que un gobernado no debe encontrarse jamás en una situación de incertidumbre jurídica. En el caso concreto, la autoridad fiscal vulneró el derecho a la confianza legítima, como una modalidad de la seguridad jurídica, al desconocer las condiciones de pago que ella misma generó y entregó al emitir la línea de captura solicitada por la persona contribuyente, lo cual tuvo como consecuencia que se le privara de acceder al beneficio de reducción de la multa impuesta y que se generaran actualizaciones y recargos sobre el crédito determinado. En respuesta al Acuerdo de Recomendación, la autoridad coincidió con el criterio de esta Procuraduría, por lo que aceptó las medidas correctivas propuestas, dando de baja por pago, el crédito fiscal a cargo de la persona contribuyente. Criterio de Prodecon. Es indebido y contraviene el principio de confianza legítima que la autoridad fiscal desconozca el beneficio previsto por el artículo 76 séptimo párrafo, del CFF (reducción del 20% en la multa de fondo), bajo el argumento de que la persona contribuyente no cubrió el saldo total adeudado, debido a que la línea de captura solamente consideró los recargos del mes en que se expidió y no del diverso mes en que concluía su vigencia, sin considerar que el pago se realizó conforme a las instrucciones sobre el monto y plazo que la autoridad indicó en el formato para el pago de contribuciones. En opinión de esta Procuraduría, el plazo de vigencia de la línea de captura del Formato expedido por la autoridad fiscal es el periodo durante el cual debe efectuarse el pago, el cual debe respetarse estrictamente, de conformidad con el artículo 5 del CFF, generando en la persona contribuyente la certeza de que tiene hasta esa fecha cierta para pagar el adeudo indicado en el propio documento. Por lo anterior, la autoridad no puede desconocer motu propio la fecha de vigencia de la línea de captura y, en su lugar, señalar arbitrariamente una distinta, debido a que esa actuación resulta ilegal e induce indirectamente a la persona contribuyente al error, para que ésta pierda el acceso a un derecho como la reducción de la multa respectiva y, paralelamente, la autoridad fiscal pueda obtener un beneficio adicional irregular consistente en el cobro de la totalidad del adeudo determinado, más los recargos generados, bajo el argumento de que entregó una línea de captura en la que señaló expresamente una fecha de vigencia que corresponde al mes siguiente al día en que se generó, sin considerar el monto actualizado del crédito, ni la totalidad de recargos. CRITERIO SUSTENTADO EN: ACUERDO DE RECOMENDACIÓN. --> Relacionado con: 0;0 Criterios relacionados 14/2015/CTN/CS-SPDC Criterios Sustantivos CONDONACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. 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Cómo citar

Criterio de PRODECON: 3/2024/CTN/CS-SPDC Órgano: Procuraduría de la Defensa del Contribuyente Aprobación: 23 de septiembre de 2024 Tipo: Criterio de PRODECON

Información general a la fecha indicada. El texto vigente es el publicado en el Diario Oficial de la Federación; el criterio profesional para cada caso es del despacho.