CRITERIO JURISDICCIONAL 54/2024

RESICO. MIGRACIÓN AL RÉGIMEN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES POR LA OMISIÓN DE CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY, CUANDO EL CAMBIO DE RÉGIMEN REALIZADO POR LA AUTORIDAD FISCAL TIENE EFECTOS HACIA EL PASADO EN LA ESFERA DEL GOBERNADO, DEBIENDO ACTUALIZARSE DICHO EFECTO ATENDIENDO AL PRINCIPIO PRO PERSONA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE COMUNIQUE AL GOBERNADO ESE CAMBIO. Antecedentes . Una persona contribuyente con actividades económicas agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas (AGAPES) acudió a PRODECON, toda vez que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le notificó una resolución mediante la cual, la migró del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), al Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales, por no contar con firma electrónica avanzada antes del 2 de octubre de 2023, por lo que a consideración de la autoridad fiscal incumplió con la obligación prevista en el artículo 113-G, fracción II de la LISR, y actualizó la sanción establecida en el diverso 113-E, tercer párrafo de la misma Ley; ordenando además a la persona contribuyente regularizar su situación fiscal desde la fecha en la que se inscribió en RESICO, hasta el ejercicio fiscal actual en el nuevo régimen. Argumentos de defensa considerados en la sentencia. Se sostuvo que la resolución emitida por la autoridad fiscal que informa a la persona contribuyente que debe tributar a partir del 1 de enero de 2023 conforme al régimen de personas físicas con actividades empresariales y profesionales es ilegal, al violar el principio de irretroactividad tutelado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la autoridad fiscal al momento de aplicar los artículos 113-E tercer párrafo en relación con el diverso 113-G fracción II de la LISR dio un efecto retroactivo a la ley. Criterio Jurisdiccional obtenido por Prodecon en juicio de nulidad. El Órgano Jurisdiccional precisó que atendiendo al principio de irretroactividad y sus alcances en materia fiscal, en el que el surgimiento de una ley sólo puede obrar hacia el futuro, pues de lo contrario, estaría vulnerando el artículo 14 Constitucional, toda vez que el principio de irretroactividad es un reflejo a la tutela de la garantía de seguridad jurídica, que implica el hecho de que los gobernados conozcan a qué leyes deben atenerse sin que en el futuro pueda surgir otro que afecte o cambie los actos ya realizados o consumados, así como los derechos que con esos se hubieren adquirido. En ese sentido, el Órgano Jurisdiccional analizó la manera en que opera la garantía de seguridad jurídica tratándose del surtimiento de efecto de las notificaciones vía Buzón Tributario y en el caso particular advirtió que la notificación del acto impugnado se realizó el 7 de febrero de 2024, surtiendo sus efectos el día siguiente, por lo que es a partir de esta última fecha que el acto administrativo se hace exigible en la esfera del particular, pues previo a ella, no ha nacido a la vida jurídica la actuación de la autoridad y pretender lo contrario o afirmar que una resolución administrativa puede tener efectos hacia el pasado en la esfera del gobernado, viola el principio de seguridad jurídica. Por lo anterior, atendiendo al artículo 1° Constitucional, el Órgano Jurisdiccional realizó una interpretación conforme y bajo el principio de interpretación más favorable a la persona (pro persona) de las disposiciones normativas, consideró que en el caso del RESICO, en el que las personas contribuyentes omitan cumplir con la obligación de contar con firma electrónica avanzada, deberán comenzar a tributar conforme al régimen fiscal en que los actualice la autoridad a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución que comunique al gobernado ese cambio de régimen, siendo ese momento cuando el acto se hace exigible en la esfera del particular, de lo contrario, retrotraer en el tiempo el efecto de tributar en el régimen de actividades empresariales y profesionales trae consigo la afectación en el núcleo de derechos adquiridos por los gobernados, lo que viola el artículo 14 Constitucional y la garantía de irretroactividad de ley en perjuicio del particular que tutela. Máxime cuando el Órgano Jurisdiccional verificó, del comprobante de generación de certificado digital de firma electrónica, que la persona contribuyente la obtuvo desde el 12 de septiembre de 2023, por lo que a la fecha de surtimiento de efectos de la notificación de la resolución impugnada, la persona contribuyente ya había cumplido con dicha obligación, situación que incluso fue reconocida por la propia autoridad. En consecuencia, dicho Órgano Jurisdiccional decretó la nulidad lisa y llana, condenando a la autoridad demandada a la emisión de una nueva resolución en la que se reincorpore el derecho de la persona contribuyente a tributar en el RESICO. JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LA VÍA ORDINARIA TRADICIONAL. SALA REGIONAL DEL PACÍFICO-CENTRO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. 2024. Extracto / Descripción breve: RESICO. MIGRACIÓN AL RÉGIMEN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES POR LA OMISIÓN DE CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY, CUANDO EL CAMBIO DE RÉGIMEN REALIZADO POR LA AUTORIDAD FISCAL TIENE EFECTOS HACIA EL PASADO EN LA ESFERA DEL GOBERNADO, DEBIENDO ACTUALIZARSE DICHO EFECTO ATENDIENDO AL PRINCIPIO PRO PERSONA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE COMUNIQUE AL GOBERNADO ESE CAMBIO. Antecedentes. Una persona contribuyente con actividades económicas agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas (AGAPES) acudió a PRODECON, toda vez que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le notificó una resolución mediante la cual, la migró del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), al Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales, por no contar con firma electrónica avanzada antes del 2 de octubre de 2023, por lo que a consideración de la autoridad fiscal incumplió con la obligación prevista en el artículo 113-G, fracción II de la LISR, y actualizó la sanción establecida en el diverso 113-E, tercer párrafo de la misma Ley; ordenando además a la persona contribuyente regularizar su situación fiscal desde la fecha en la que se inscribió en RESICO, hasta el ejercicio fiscal actual en el nuevo régimen. Argumentos de defensa considerados en la sentencia. Se sostuvo que la resolución emitida por la autoridad fiscal que informa a la persona contribuyente que debe tributar a partir del 1 de enero de 2023 conforme al régimen de personas físicas con actividades empresariales y profesionales es ilegal, al violar el principio de irretroactividad tutelado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la autoridad fiscal al momento de aplicar los artículos 113-E tercer párrafo en relación con el diverso 113-G fracción II de la LISR dio un efecto retroactivo a la ley. Criterio Jurisdiccional obtenido por Prodecon en juicio de nulidad. El Órgano Jurisdiccional precisó que atendiendo al principio de irretroactividad y sus alcances en materia fiscal, en el que el surgimiento de una ley sólo puede obrar hacia el futuro, pues de lo contrario, estaría vulnerando el artículo 14 Constitucional, toda vez que el principio de irretroactividad es un reflejo a la tutela de la garantía de seguridad jurídica, que implica el hecho de que los gobernados conozcan a qué leyes deben atenerse sin que en el futuro pueda surgir otro que afecte o cambie los actos ya realizados o consumados, así como los derechos que con esos se hubieren adquirido. En ese sentido, el Órgano Jurisdiccional analizó la manera en que opera la garantía de seguridad jurídica tratándose del surtimiento de efecto de las notificaciones vía Buzón Tributario y en el caso particular advirtió que la notificación del acto impugnado se realizó el 7 de febrero de 2024, surtiendo sus efectos el día siguiente, por lo que es a partir de esta última fecha que el acto administrativo se hace exigible en la esfera del particular, pues previo a ella, no ha nacido a la vida jurídica la actuación de la autoridad y pretender lo contrario o afirmar que una resolución administrativa puede tener efectos hacia el pasado en la esfera del gobernado, viola el principio de seguridad jurídica. Por lo anterior, atendiendo al artículo 1° Constitucional, el Órgano Jurisdiccional realizó una interpretación conforme y bajo el principio de interpretación más favorable a la persona (pro persona) de las disposiciones normativas, consideró que en el caso del RESICO, en el que las personas contribuyentes omitan cumplir con la obligación de contar con firma electrónica avanzada, deberán comenzar a tributar conforme al régimen fiscal en que los actualice la autoridad a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución que comunique al gobernado ese cambio de régimen, siendo ese momento cuando el acto se hace exigible en la esfera del particular, de lo contrario, retrotraer en el tiempo el efecto de tributar en el régimen de actividades empresariales y profesionales trae consigo la afectación en el núcleo de derechos adquiridos por los gobernados, lo que viola el artículo 14 Constitucional y la garantía de irretroactividad de ley en perjuicio del particular que tutela. Máxime cuando el Órgano Jurisdiccional verificó, del comprobante de generación de certificado digital de firma electrónica, que la persona contribuyente la obtuvo desde el 12 de septiembre de 2023, por lo que a la fecha de surtimiento de efectos de la notificación de la resolución impugnada, la persona contribuyente ya había cumplido con dicha obligación, situación que incluso fue reconocida por la propia autoridad. En consecuencia, dicho Órgano Jurisdiccional decretó la nulidad lisa y llana, condenando a la autoridad demandada a la emisión de una nueva resolución en la que se reincorpore el derecho de la persona contribuyente a tributar en el RESICO. JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LA VÍA ORDINARIA TRADICIONAL. SALA REGIONAL DEL PACÍFICO-CENTRO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. 2024. --> Sentencia: Sentencia pendiente de que cause estado Ver sentencia Sustentado en: Consulta / documento de sustento Regresar a resultados Imprimir criterio Aprobado 7ma. Sesión Ordinaria del 23 de agosto de 2024