4/2024/CTN/CS-SAG

ACUERDO CONCLUSIVO. PROCEDE SU CIERRE CON VIOLACIÓN DE DERECHOS GRAVE Y EVIDENTE, CUANDO LA AUTORIDAD REVISORA EMITE EL CRÉDITO FISCAL SIN RESPETAR EL PLAZO DE 20 DÍAS QUE TIENE LA PERSONA CONTRIBUYENTE PARA ACCEDER AL ACUERDO CONCLUSIVO. Antecedentes. Una persona contribuyente, a fin de demostrar que retornó la mercancía consistente en una embarcación previo al inicio de las facultades de comprobación, solicitó la adopción de un acuerdo conclusivo respecto de los hechos u omisiones consignados en el acta final levantada dentro de una visita domiciliaria en materia de comercio exterior; sin embargo, durante la tramitación del mecanismo alternativo de solución de controversias y dejando de observar el plazo de veinte días, la autoridad revisora emitió y notificó la resolución a través de la cual determinó un crédito fiscal por contribuciones omitidas y sus respectivos accesorios. Consideraciones. La reforma al artículo 1º constitucional estableció que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia carta magna y en los tratados internacionales de los que el país sea parte, asimismo, obligó a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, al mismo tiempo que deben prevenir, investigar, sancionar y repararlos , de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Asimismo, mediante la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se modificó el tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que “Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias”, esto es, la finalidad perseguida por el legislador fue precisamente garantizar el derecho humano de acceso a la justicia alternativa de las personas contribuyentes, es ahí donde encuentra sustento el Procedimiento de Acuerdo Conclusivo, mismo que se encuentra reglamentado en los artículos 69-C a 69-H del Código Fiscal de la Federación, así como en los artículos 102 a 114 de los Lineamientos que regulan el ejercicio de atribuciones sustantivas de la Prodecon. Sobre esa premisa, el objetivo del segundo párrafo del artículo 69-C del Código Fiscal de la Federación, es generar certeza y seguridad jurídica a las personas contribuyentes, respecto al plazo para solicitar la adopción del acuerdo conclusivo; lo que constituye un auténtico derecho para dichas personas contribuyentes, ya que les permite en su caso acceder “a mecanismos alternos de solución de controversias”. Criterio de Prodecon. El segundo párrafo del artículo 69-C del Código Fiscal de la Federación, es categórico al establecer que las personas contribuyentes podrán solicitar la adopción del acuerdo conclusivo dentro de los veinte días siguientes a aquél en que se haya levantado el acta final, notificado el oficio de observaciones o la resolución provisional, según sea el caso. De ahí que si la Autoridad Revisora concluye el procedimiento fiscalizador mediante la notificación de la resolución que pone fin a la auditoría, sin permitir que transcurra el mencionado plazo a fin de salvaguardar el derecho de las personas contribuyentes que deseen solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo, incurre en una violación de procedimiento que trasciende a las defensas del particular, pues hace nugatorio o restringe el derecho de acceso a la justicia alternativa previsto en el artículo 17 constitucional. En consecuencia, la Autoridad Revisora viola de manera grave y evidente el derecho que tiene la persona contribuyente de acceder a un mecanismo alternativo de solución de controversias, toda vez que notificó la resolución determinante del crédito fiscal, dejando de observar el plazo de veinte días previsto en el segundo párrafo del artículo 69-C del Código Fiscal de la Federación, que debe transcurrir después de levantar el acta final, inobservancia que afectó los derechos humanos consistentes en acceso a la justicia alternativa en materia fiscal, seguridad y certeza jurídica , garantía que fue elevada a rango constitucional y por ende, conforme al diverso artículo 1° de la Constitución, debía ser respetada por la autoridad , puesto que además de limitar el derecho de la persona contribuyente para desvirtuar las calificaciones de hechos a las que fue sujeta, también coartó su derecho a obtener el beneficio de la reducción al 100% de las multas que en su caso resultaran a cargo, en términos del artículo 69-G del CFF. Extracto / Descripción breve: ACUERDO CONCLUSIVO. PROCEDE SU CIERRE CON VIOLACIÓN DE DERECHOS GRAVE Y EVIDENTE, CUANDO LA AUTORIDAD REVISORA EMITE EL CRÉDITO FISCAL SIN RESPETAR EL PLAZO DE 20 DÍAS QUE TIENE LA PERSONA CONTRIBUYENTE PARA ACCEDER AL ACUERDO CONCLUSIVO. Antecedentes. Una persona contribuyente, a fin de demostrar que retornó la mercancía consistente en una embarcación previo al inicio de las facultades de comprobación, solicitó la adopción de un acuerdo conclusivo respecto de los hechos u omisiones consignados en el acta final levantada dentro de una visita domiciliaria en materia de comercio exterior; sin embargo, durante la tramitación del mecanismo alternativo de solución de controversias y dejando de observar el plazo de veinte días, la autoridad revisora emitió y notificó la resolución a través de la cual determinó un crédito fiscal por contribuciones omitidas y sus respectivos accesorios. Consideraciones. La reforma al artículo 1º constitucional estableció que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia carta magna y en los tratados internacionales de los que el país sea parte, asimismo, obligó a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, al mismo tiempo que deben prevenir, investigar, sancionar y repararlos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Asimismo, mediante la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se modificó el tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que “Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias”, esto es, la finalidad perseguida por el legislador fue precisamente garantizar el derecho humano de acceso a la justicia alternativa de las personas contribuyentes, es ahí donde encuentra sustento el Procedimiento de Acuerdo Conclusivo, mismo que se encuentra reglamentado en los artículos 69-C a 69-H del Código Fiscal de la Federación, así como en los artículos 102 a 114 de los Lineamientos que regulan el ejercicio de atribuciones sustantivas de la Prodecon. Sobre esa premisa, el objetivo del segundo párrafo del artículo 69-C del Código Fiscal de la Federación, es generar certeza y seguridad jurídica a las personas contribuyentes, respecto al plazo para solicitar la adopción del acuerdo conclusivo; lo que constituye un auténtico derecho para dichas personas contribuyentes, ya que les permite en su caso acceder “a mecanismos alternos de solución de controversias”. Criterio de Prodecon. El segundo párrafo del artículo 69-C del Código Fiscal de la Federación, es categórico al establecer que las personas contribuyentes podrán solicitar la adopción del acuerdo conclusivo dentro de los veinte días siguientes a aquél en que se haya levantado el acta final, notificado el oficio de observaciones o la resolución provisional, según sea el caso. De ahí que si la Autoridad Revisora concluye el procedimiento fiscalizador mediante la notificación de la resolución que pone fin a la auditoría, sin permitir que transcurra el mencionado plazo a fin de salvaguardar el derecho de las personas contribuyentes que deseen solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo, incurre en una violación de procedimiento que trasciende a las defensas del particular, pues hace nugatorio o restringe el derecho de acceso a la justicia alternativa previsto en el artículo 17 constitucional. En consecuencia, la Autoridad Revisora viola de manera grave y evidente el derecho que tiene la persona contribuyente de acceder a un mecanismo alternativo de solución de controversias, toda vez que notificó la resolución determinante del crédito fiscal, dejando de observar el plazo de veinte días previsto en el segundo párrafo del artículo 69-C del Código Fiscal de la Federación, que debe transcurrir después de levantar el acta final, inobservancia que afectó los derechos humanos consistentes en acceso a la justicia alternativa en materia fiscal, seguridad y certeza jurídica, garantía que fue elevada a rango constitucional y por ende, conforme al diverso artículo 1° de la Constitución, debía ser respetada por la autoridad, puesto que además de limitar el derecho de la persona contribuyente para desvirtuar las calificaciones de hechos a las que fue sujeta, también coartó su derecho a obtener el beneficio de la reducción al 100% de las multas que en su caso resultaran a cargo, en términos del artículo 69-G del CFF. --> Sustentado en: Consulta / documento de sustento ACUERDO DE CIERRE. Regresar a resultados Imprimir criterio Aprobado 6ta. Sesión Ordinaria del 26 de junio de 2024