CRITERIO JURISDICCIONAL 42/2024

CRITERIO JURISDICCIONAL 42/2024 DONATARIA AUTORIZADA. EN OPINIÓN DEL ÓRGANO JUDICIAL, LA REGLA 3.10.11 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2019 Y LA FICHA DE TRÁMITE 19/ISR TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD LEGISLATIVA Y SEGURIDAD JURÍDICA; YA QUE DE UNA INTERPRETACIÓN CONFORME, LA PERSONA MORAL DONATARIA AUTORIZADA QUE NO HAYA RECIBIDO DONACIONES, NO TIENE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR “INFORMES DE TRANSPARENCIA RELACIONADOS CON DONATIVOS RECIBIDOS POR LOS SISMOS OCURRIDOS EN MÉXICO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017”. Antecedentes. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), mediante servicio gratuito de Representación Legal y Defensa asistió a una Persona Moral Contribuyente, para controvertir una multa que el SAT le impuso, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81 primer párrafo fracción XLIV y 82 primer párrafo fracción XXXVI del CFF, por considerar que omitió presentar el “Informe para garantizar la transparencia así como el uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación” previsto en la regla 3.10.11 de la RMF para el ejercicio fiscal 2019, por lo que conforme a la estrategia de defensa planteada por el Ombudsperson fiscal, se apoyó a la persona contribuyente para interponer Recurso de Revocación, mismo que resolvió confirmar la legalidad de la multa y que se controvirtió a su vez mediante Juicio Contencioso Administrativo Federal, del que se obtuvo Sentencia Definitiva que reconoció la validez tanto de la multa como de la resolución del Recurso de Revocación, por lo que fue necesario interponer Juicio de Amparo Directo. Argumentos de defensa considerados en la Ejecutoria de Amparo. En el primer concepto de violación se solicitó el ejercicio del control constitucional en virtud de que en el cuarto párrafo de la regla 3.10.11 de la RMF para 2019, pretende regular un supuesto de infracción no previsto en el artículo 82 fracción VI de la LISR, ya que el Legislador estableció únicamente la obligación de transparentar el uso y destino de las donaciones recibidas por las Donatarias Autorizadas, no así para aquellas que no obtuvieron donativos, sin que se haya establecido una cláusula habilitante que justifique la obligación para quienes no recibieron donativos, a fin de que lo manifiesten bajo protesta de decir verdad, por lo que esa norma administrativa excede lo previsto en el texto legal. Criterio jurisdiccional obtenido por la Prodecon en juicio de amparo directo. El Órgano Judicial consideró procedente realizar el control oficioso de la regularidad constitucional respecto de la Sentencia Definitiva emitida por la Sala del TFJA, para lo cual advirtió que de la interpretación literal de la regla 3.10.11 de la RMF para 2019, tiene como destinatario a las donatarias que recibieron donativos y si bien, en el cuarto párrafo refiere a una obligación para aquellas que no los recibieron a efecto de que presenten “Informes de transparencia relacionados con donativos recibidos por los sismos ocurridos en México durante el mes de septiembre de 2017” a que refiere la ficha de trámite 128/ISR, sin embargo, de una interpretación analógica a dicha regla especial, debe entenderse que las donatarias autorizadas que no recibieron ningún tipo de donativos están obligadas a presentar el informe contenido en la ficha de trámite 19/ISR, manifestando que no recibieron ninguna donación, con independencia de la circunstancia que las haya motivado; lo que implica entender que en realidad la intención del emisor de la regla miscelánea fiscal es la de imponer la obligación para todas las donatarias autorizadas y para todos los tipos de donativos a fin de manifestar que no se recibieron, en tanto que la LISR no dice expresamente si las donatarias autorizadas que se encuentran en este supuesto, están obligadas o no a presentar el informe descrito en la ficha 19/ISR. Por lo anterior y de la confronta realizada por el Órgano Judicial, entre lo dispuesto en el artículo 81 fracción VI de la LISR y la regla 3.10.11 de la RMF para 2019, considera que no existe vulneración al Principio de Subordinación Jerárquica, en virtud de que la regla no va más allá de lo que dispone la Ley, sino que la complementa al imponer una carga contraria a la obligación original; sin embargo, considera que el criterio adoptado por la Sala es contrario al parámetro de regularidad constitucional, en virtud de que transgrede los principios de razonabilidad legislativa y proporcionalidad jurídica, porque si bien, el fin constitucionalmente legítimo de la norma es que la Sociedad se entere cuáles donatarias autorizadas no ejercieron su autorización, al no haber recibido donaciones durante cierto tiempo, y conocer la manera en que usan la autorización otorgada por la Autoridad Fiscal, ello justifica la existencia de una relación instrumental entre la obligación de manifestar que no se recibieron donaciones, a través de la presentación del informe; sin embargo, no cumple con un mínimo de proporcionalidad jurídica al no otorgar nueva información al público en general e implica que no presentar el informe relativo al uso y destino de los donativos recibidos, es una conducta que transmite como mensaje que éstos no se recibieron. Además, el Órgano Judicial estimó que la regla 3.10.11 de la RMF para 2019, transgrede el principio de seguridad jurídica en virtud que de su contenido no se advierte de forma clara que las donatarias autorizadas que no hayan recibido donaciones deban presentar el informe con la leyenda: “se declara, bajo protesta de decir verdad que no se recibieron donativos”, descrita en la ficha de trámite 19/ISR, pues del contenido de esa ficha de trámite disponible en el anexo 1-A de la RMF, se genera la convicción de que no tiene obligación de presentar aquel informe en el que precise bajo protesta de decir verdad que no recibió donaciones, por lo anterior, el Órgano Judicial concluye que, para que se encuentre en el parámetro de regularidad constitucional la RMF, no debe agregar una obligación distinta a la prevista en la Ley que reglamente ni debe imponer una carga no razonable y/o desproporcionada, por lo que de una interpretación conforme a la regla 3.10.11 de la RMF para 2019, debe entenderse que las donatarias autorizadas que no hayan recibido donaciones no tienen obligación de presentar el informe descrito en la ficha de trámite 19/ISR, por lo que bajo esas consideraciones concede el amparo solicitado por la Persona Moral Contribuyente para el efecto de que la Sala deje insubsistente la resolución reclamada y emita otra donde declare fundado el concepto de impugnación, con base a la interpretación conforme de la Regla 3.10.11 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019 y declare la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada. AMPARO DIRECTO. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 2023. Extracto / Descripción breve: DONATARIA AUTORIZADA. EN OPINIÓN DEL ÓRGANO JUDICIAL, LA REGLA 3.10.11 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2019 Y LA FICHA DE TRÁMITE 19/ISR TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD LEGISLATIVA Y SEGURIDAD JURÍDICA; YA QUE DE UNA INTERPRETACIÓN CONFORME, LA PERSONA MORAL DONATARIA AUTORIZADA QUE NO HAYA RECIBIDO DONACIONES, NO TIENE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR “INFORMES DE TRANSPARENCIA RELACIONADOS CON DONATIVOS RECIBIDOS POR LOS SISMOS OCURRIDOS EN MÉXICO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017”. Antecedentes. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), mediante servicio gratuito de Representación Legal y Defensa asistió a una Persona Moral Contribuyente, para controvertir una multa que el SAT le impuso, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81 primer párrafo fracción XLIV y 82 primer párrafo fracción XXXVI del CFF, por considerar que omitió presentar el “Informe para garantizar la transparencia así como el uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación” previsto en la regla 3.10.11 de la RMF para el ejercicio fiscal 2019, por lo que conforme a la estrategia de defensa planteada por el Ombudsperson fiscal, se apoyó a la persona contribuyente para interponer Recurso de Revocación, mismo que resolvió confirmar la legalidad de la multa y que se controvirtió a su vez mediante Juicio Contencioso Administrativo Federal, del que se obtuvo Sentencia Definitiva que reconoció la validez tanto de la multa como de la resolución del Recurso de Revocación, por lo que fue necesario interponer Juicio de Amparo Directo. Argumentos de defensa considerados en la Ejecutoria de Amparo. En el primer concepto de violación se solicitó el ejercicio del control constitucional en virtud de que en el cuarto párrafo de la regla 3.10.11 de la RMF para 2019, pretende regular un supuesto de infracción no previsto en el artículo 82 fracción VI de la LISR, ya que el Legislador estableció únicamente la obligación de transparentar el uso y destino de las donaciones recibidas por las Donatarias Autorizadas, no así para aquellas que no obtuvieron donativos, sin que se haya establecido una cláusula habilitante que justifique la obligación para quienes no recibieron donativos, a fin de que lo manifiesten bajo protesta de decir verdad, por lo que esa norma administrativa excede lo previsto en el texto legal. Criterio jurisdiccional obtenido por la Prodecon en juicio de amparo directo. El Órgano Judicial consideró procedente realizar el control oficioso de la regularidad constitucional respecto de la Sentencia Definitiva emitida por la Sala del TFJA, para lo cual advirtió que de la interpretación literal de la regla 3.10.11 de la RMF para 2019, tiene como destinatario a las donatarias que recibieron donativos y si bien, en el cuarto párrafo refiere a una obligación para aquellas que no los recibieron a efecto de que presenten “Informes de transparencia relacionados con donativos recibidos por los sismos ocurridos en México durante el mes de septiembre de 2017” a que refiere la ficha de trámite 128/ISR, sin embargo, de una interpretación analógica a dicha regla especial, debe entenderse que las donatarias autorizadas que no recibieron ningún tipo de donativos están obligadas a presentar el informe contenido en la ficha de trámite 19/ISR, manifestando que no recibieron ninguna donación, con independencia de la circunstancia que las haya motivado; lo que implica entender que en realidad la intención del emisor de la regla miscelánea fiscal es la de imponer la obligación para todas las donatarias autorizadas y para todos los tipos de donativos a fin de manifestar que no se recibieron, en tanto que la LISR no dice expresamente si las donatarias autorizadas que se encuentran en este supuesto, están obligadas o no a presentar el informe descrito en la ficha 19/ISR. Por lo anterior y de la confronta realizada por el Órgano Judicial, entre lo dispuesto en el artículo 81 fracción VI de la LISR y la regla 3.10.11 de la RMF para 2019, considera que no existe vulneración al Principio de Subordinación Jerárquica, en virtud de que la regla no va más allá de lo que dispone la Ley, sino que la complementa al imponer una carga contraria a la obligación original; sin embargo, considera que el criterio adoptado por la Sala es contrario al parámetro de regularidad constitucional, en virtud de que transgrede los principios de razonabilidad legislativa y proporcionalidad jurídica, porque si bien, el fin constitucionalmente legítimo de la norma es que la Sociedad se entere cuáles donatarias autorizadas no ejercieron su autorización, al no haber recibido donaciones durante cierto tiempo, y conocer la manera en que usan la autorización otorgada por la Autoridad Fiscal, ello justifica la existencia de una relación instrumental entre la obligación de manifestar que no se recibieron donaciones, a través de la presentación del informe; sin embargo, no cumple con un mínimo de proporcionalidad jurídica al no otorgar nueva información al público en general e implica que no presentar el informe relativo al uso y destino de los donativos recibidos, es una conducta que transmite como mensaje que éstos no se recibieron. Además, el Órgano Judicial estimó que la regla 3.10.11 de la RMF para 2019, transgrede el principio de seguridad jurídica en virtud que de su contenido no se advierte de forma clara que las donatarias autorizadas que no hayan recibido donaciones deban presentar el informe con la leyenda: “se declara, bajo protesta de decir verdad que no se recibieron donativos”, descrita en la ficha de trámite 19/ISR, pues del contenido de esa ficha de trámite disponible en el anexo 1-A de la RMF, se genera la convicción de que no tiene obligación de presentar aquel informe en el que precise bajo protesta de decir verdad que no recibió donaciones, por lo anterior, el Órgano Judicial concluye que, para que se encuentre en el parámetro de regularidad constitucional la RMF, no debe agregar una obligación distinta a la prevista en la Ley que reglamente ni debe imponer una carga no razonable y/o desproporcionada, por lo que de una interpretación conforme a la regla 3.10.11 de la RMF para 2019, debe entenderse que las donatarias autorizadas que no hayan recibido donaciones no tienen obligación de presentar el informe descrito en la ficha de trámite 19/ISR, por lo que bajo esas consideraciones concede el amparo solicitado por la Persona Moral Contribuyente para el efecto de que la Sala deje insubsistente la resolución reclamada y emita otra donde declare fundado el concepto de impugnación, con base a la interpretación conforme de la Regla 3.10.11 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019 y declare la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada. AMPARO DIRECTO. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 2023. --> Sentencia: Ejecutoria firme Ver sentencia Relacionado con: Criterios relacionados CRITERIO JURISDICCIONAL 75/2020 Criterios Jurisdiccionales DONATARIA AUTORIZADA. LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA REGLA 3.10.11 DE LA RMF PARA 2017 RESPECTO DE LOS DONATIVOS RECIBIDOS CON MOTIVO DEL SISMO OCURRIDO EN MÉXICO EN SEPTIEMBRE DE 2017, SON DIVERSAS... Ver criterio relacionado Regresar a resultados Imprimir criterio Aprobado 6ta. Sesión Ordinaria del 26 de junio de 2024