Procuraduría de la Defensa del Contribuyente · Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

CRITERIO JURISDICCIONAL 34/2024

Criterio de PRODECON

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. NO EXISTE DISPOSICIÓN EXPRESA, QUE ESTABLEZCA QUE PARA QUE UNA PRESTACIÓN DE SERVICIO SE CONSIDERE ESTRICTAMENTE INDISPENSABLE, DEBA ESTAR FORZOSAMENTE AMPARADO MEDIANTE CONTRATO, MÁXIME SI EXISTEN ELEMENTOS PROBATORIOS QUE OTORGAN LOS INDICIOS SUFICIENTES DE QUE SE RECIBIÓ LA PRESTACIÓN DE LOS MISMOS.

Criterio aisladoPublicada el 31 de mayo de 2024Leída el 15 de noviembre de 2026

A quién obliga

orienta; no obliga al SAT ni a los tribunales

Disposiciones que aplica

Fuente oficial

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

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Texto

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. NO EXISTE DISPOSICIÓN EXPRESA, QUE ESTABLEZCA QUE PARA QUE UNA PRESTACIÓN DE SERVICIO SE CONSIDERE ESTRICTAMENTE INDISPENSABLE, DEBA ESTAR FORZOSAMENTE AMPARADO MEDIANTE CONTRATO, MÁXIME SI EXISTEN ELEMENTOS PROBATORIOS QUE OTORGAN LOS INDICIOS SUFICIENTES DE QUE SE RECIBIÓ LA PRESTACIÓN DE LOS MISMOS. Antecedentes. Una persona moral contribuyente, presentó ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), una solicitud de devolución de saldo a favor, por concepto de impuesto al valor agregado (IVA), correspondiente al periodo de junio 2015. Dicha petición fue negada por la autoridad fiscal, al considerar que los servicios adquiridos por la persona moral contribuyente, no son estrictamente indispensables para el desarrollo de su actividad económica, bajo el argumento de que al no estar soportados o amparados en contratos, los servicios no cuentan con evidencia de las operaciones por las que se pretendía acreditar el IVA correspondiente, en apego lo previsto por el artículo 5, fracción I, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Argumentos de defensa considerados en la sentencia. Conforme a lo previsto por el artículo 5, fracción I, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para acreditar el impuesto relativo, es necesario que los bienes o servicios contratados, sean estrictamente indispensables para la realización de las actividades económicas de la persona moral contribuyente, lo cual, no se genera a partir de la celebración de un contrato de prestación de servicios, como ilegalmente lo pretendía la autoridad fiscal, sino de la realización de la propia actividad económica, generada a partir de la relación que existe entre el gasto efectuado y el objeto social de la persona moral contribuyente, a efecto de establecer la indispensabilidad del referido gasto, dando como consecuencia, su acreditamiento. Por lo anterior, resultan ilegales los motivos empleados por la autoridad fiscalizadora, para negar el saldo a favor solicitado en devolución, al no existir disposición expresa que obligue a celebrar contratos para la prestación de un servicio. Criterio jurisdiccional obtenido por PRODECON en juicio de nulidad. El Órgano Jurisdiccional concluyó ilegal que la autoridad fiscalizadora, sostuviera que de las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) expedidos en favor de la persona contribuyente, deben estar amparados forzosa o necesariamente en contratos de los cuales se puedan advertir las operaciones respectivas ya que, si bien, los pormenores de los servicios que amparan los CFDI, pueden contenerse en un documento distinto, tales como los contratos, para determinar la indispensabilidad de un servicio, debe atenderse al objeto social de la persona contribuyente, a efecto de determinar cuáles son las actividades preponderantes y así establecer si el gasto guarda relación con dichas actividades, pero no determinar la referida indispensabilidad, con base en documentos en los que consten los pormenores, pues éstos sólo tienen la finalidad de demostrar que integró la prestación de dicho servicio, uso o goce, cuando la descripción de los CFDI sea insuficiente para advertir el servicio que amparan, máxime si dentro del caudal probatorio que se exhibió dentro de la instancia administrativa, existen documentos que arrojen indicios de que se materializó la prestación del servicio. Como consecuencia de lo anterior, y del análisis realizado tanto a la documentación aportada a la solicitud de devolución, como a la instancia contenciosa, el Órgano Jurisdiccional resolvió que, no existe disposición expresa que obligue a las personas contribuyentes a que necesaria o forzosamente se celebren contratos para la prestación de servicios, para determinar que las operaciones efectuadas son estrictamente indispensables, por lo que declaró la nulidad del acto de autoridad, para el efecto de que se emita otro, en el que se determine que las erogaciones efectuadas, contenidas en los comprobantes fiscales observados, si resultan estrictamente indispensables, al haberse demostrado la materialización de los servicios efectuados y se proceda a realizar la devolución del saldo a favor solicitado, debidamente actualizado. Juicio Contencioso Administrativo en la vía ordinaria. Segunda Sala Regional del Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 2021. Extracto / Descripción breve: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. NO EXISTE DISPOSICIÓN EXPRESA, QUE ESTABLEZCA QUE PARA QUE UNA PRESTACIÓN DE SERVICIO SE CONSIDERE ESTRICTAMENTE INDISPENSABLE, DEBA ESTAR FORZOSAMENTE AMPARADO MEDIANTE CONTRATO, MÁXIME SI EXISTEN ELEMENTOS PROBATORIOS QUE OTORGAN LOS INDICIOS SUFICIENTES DE QUE SE RECIBIÓ LA PRESTACIÓN DE LOS MISMOS. Antecedentes. Una persona moral contribuyente, presentó ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), una solicitud de devolución de saldo a favor, por concepto de impuesto al valor agregado (IVA), correspondiente al periodo de junio 2015. Dicha petición fue negada por la autoridad fiscal, al considerar que los servicios adquiridos por la persona moral contribuyente, no son estrictamente indispensables para el desarrollo de su actividad económica, bajo el argumento de que al no estar soportados o amparados en contratos, los servicios no cuentan con evidencia de las operaciones por las que se pretendía acreditar el IVA correspondiente, en apego lo previsto por el artículo 5, fracción I, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Argumentos de defensa considerados en la sentencia. Conforme a lo previsto por el artículo 5, fracción I, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para acreditar el impuesto relativo, es necesario que los bienes o servicios contratados, sean estrictamente indispensables para la realización de las actividades económicas de la persona moral contribuyente, lo cual, no se genera a partir de la celebración de un contrato de prestación de servicios, como ilegalmente lo pretendía la autoridad fiscal, sino de la realización de la propia actividad económica, generada a partir de la relación que existe entre el gasto efectuado y el objeto social de la persona moral contribuyente, a efecto de establecer la indispensabilidad del referido gasto, dando como consecuencia, su acreditamiento. Por lo anterior, resultan ilegales los motivos empleados por la autoridad fiscalizadora, para negar el saldo a favor solicitado en devolución, al no existir disposición expresa que obligue a celebrar contratos para la prestación de un servicio. Criterio jurisdiccional obtenido por PRODECON en juicio de nulidad. El Órgano Jurisdiccional concluyó ilegal que la autoridad fiscalizadora, sostuviera que de las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) expedidos en favor de la persona contribuyente, deben estar amparados forzosa o necesariamente en contratos de los cuales se puedan advertir las operaciones respectivas ya que, si bien, los pormenores de los servicios que amparan los CFDI, pueden contenerse en un documento distinto, tales como los contratos, para determinar la indispensabilidad de un servicio, debe atenderse al objeto social de la persona contribuyente, a efecto de determinar cuáles son las actividades preponderantes y así establecer si el gasto guarda relación con dichas actividades, pero no determinar la referida indispensabilidad, con base en documentos en los que consten los pormenores, pues éstos sólo tienen la finalidad de demostrar que integró la prestación de dicho servicio, uso o goce, cuando la descripción de los CFDI sea insuficiente para advertir el servicio que amparan, máxime si dentro del caudal probatorio que se exhibió dentro de la instancia administrativa, existen documentos que arrojen indicios de que se materializó la prestación del servicio. Como consecuencia de lo anterior, y del análisis realizado tanto a la documentación aportada a la solicitud de devolución, como a la instancia contenciosa, el Órgano Jurisdiccional resolvió que, no existe disposición expresa que obligue a las personas contribuyentes a que necesaria o forzosamente se celebren contratos para la prestación de servicios, para determinar que las operaciones efectuadas son estrictamente indispensables, por lo que declaró la nulidad del acto de autoridad, para el efecto de que se emita otro, en el que se determine que las erogaciones efectuadas, contenidas en los comprobantes fiscales observados, si resultan estrictamente indispensables, al haberse demostrado la materialización de los servicios efectuados y se proceda a realizar la devolución del saldo a favor solicitado, debidamente actualizado. Juicio Contencioso Administrativo en la vía ordinaria. Segunda Sala Regional del Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 2021. --> Sentencia: Sentencia firme Ver sentencia Sustentado en: Consulta / documento de sustento Relacionado con: Criterios relacionados CRITERIO JURISDICCIONAL 3/2018 Criterios Jurisdiccionales VALOR AGREGADO. A JUICIO DEL ÓRGANO JUDICIAL PARA DEMOSTRAR SU DEBIDO ACREDITAMIENTO SE DEBEN ANALIZAR DE MANERA CONJUNTA Y NO AISLADA TODAS LAS DOCUMENTALES CON LAS QUE SE DEMUESTRA QUE EL GASTO ES E... Ver criterio relacionado Regresar a resultados Imprimir criterio Aprobado 5ta. Sesión Ordinaria del 31 de mayo de 2024

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Cómo conectarlo y la primera petición con curl

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Cómo citar

Criterio de PRODECON: CRITERIO JURISDICCIONAL 34/2024 Órgano: Procuraduría de la Defensa del Contribuyente Aprobación: 31 de mayo de 2024 Tipo: Criterio de PRODECON

Información general a la fecha indicada. El texto vigente es el publicado en el Diario Oficial de la Federación; el criterio profesional para cada caso es del despacho.