CRITERIO JURISDICCIONAL 30/2024

VALORACIÓN DE PRUEBAS EN EL RECURSO DE REVOCACIÓN. ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 132 Y 133 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ES LA AUTORIDAD RESOLUTORA QUIEN TIENE LA POTESTAD DE ANALIZAR Y VALORAR LOS MEDIOS PROBATORIOS NOVEDOSOS QUE EXHIBA EL RECURRENTE EN DICHA INSTANCIA, AL SER DICHO RECURSO UN MECANISMO DE AUTOCONTROL QUE GARANTIZA LA LEGALIDAD DE LOS ACTOS EMITIDOS POR LA AUTORIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS. Antecedentes. A una persona moral le fue resuelto un Recurso Administrativo de Revocación que presentó por cuenta propia, confirmando la legalidad de la multa combatida por supuestamente no haber emitido los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, respecto de las operaciones que llevó a cabo con el público en general, aún y cuando en sede administrativa exhibió pruebas novedosas consistentes entre otras, en una relación de notas simples y los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet con folio consecutivo para acreditar la efectiva emisión de estos últimos; probanzas que no fueron valoradas por la autoridad resolutora, quien al resolver la instancia administrativa, se limitó a dejar sin efectos la resolución recurrida, para el efecto de que fuese la Autoridad Responsable del acto emitido, quien valorara las documentales aportadas en sede administrativa y emitiera una nueva conforme a derecho. En ese sentido, la persona moral contribuyente solicitó el servicio de representación y defensa legal ante esta Procuraduría, a efecto de controvertir la resolución recaída al Recurso de Revocación a través del Juicio Contencioso Administrativo Federal. Argumentos de defensa considerados en la sentencia. La resolución impugnada resulta ilegal, toda vez que, aún y cuando le fueron proporcionados a la autoridad resolutora en sede administrativa los elementos probatorios que le permitían advertir la ilegalidad manifestada de la resolución recurrida, dejó de valorar las pruebas aportadas por la recurrente, siendo que, además de contar con la potestad de revocar, también cuenta con la facultad de valorar y reparar los actos emitidos por la autoridad fiscalizadora, por lo que de haber asumido jurisdicción plena sobre el caso, habría revocado en forma total la resolución recurrida sin necesidad de reenviar el asunto a la unidad administrativa emisora de la multa para que ella realizara la valoración de las documentales aportadas por la persona contribuyente, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 132 y 133 del Código Fiscal de la Federación. Criterio Jurisdiccional obtenido por Prodecon en juicio contencioso administrativo. El Órgano Jurisdiccional determinó que la resolución impugnada es ilegal, toda vez que, al resolver el recurso de revocación, la autoridad resolutora tenía la obligación de analizar y valorar las pruebas que la persona contribuyente exhibió en el Recurso Administrativo de Revocación, y no limitarse a reenviarlo a la autoridad emisora de la multa, considerando que aquella cuenta con la competencia necesaria para ello, en términos de los artículos 132 y 133 del Código Fiscal de la Federación, sin que por ello sustituya en sus facultades a la fiscalizadora; máxime que tuvo pleno conocimiento de los hechos que la persona actora pretendía acreditar y desvirtuar con las pruebas ofrecidas, ya que la omisión en la que incurrió la Autoridad, provoca que el acto impugnado no se encuentre debidamente motivado, lo que impide en consecuencia que la persona actora se encuentre en posibilidad de acreditar los hechos base de su pretensión. En ese sentido, el Órgano Jurisdiccional estimó procedente declarar la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la resolutora valorara las pruebas aportadas en el recurso y con ello determinara si la persona contribuyente desvirtuó la conducta por la cual fue sancionada. JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LA VÍA SUMARIA. TERCERA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR Y SEGUNDA SALA REGIONAL DEL GOLFO. 2023. Extracto / Descripción breve: VALORACIÓN DE PRUEBAS EN EL RECURSO DE REVOCACIÓN. ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 132 Y 133 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ES LA AUTORIDAD RESOLUTORA QUIEN TIENE LA POTESTAD DE ANALIZAR Y VALORAR LOS MEDIOS PROBATORIOS NOVEDOSOS QUE EXHIBA EL RECURRENTE EN DICHA INSTANCIA, AL SER DICHO RECURSO UN MECANISMO DE AUTOCONTROL QUE GARANTIZA LA LEGALIDAD DE LOS ACTOS EMITIDOS POR LA AUTORIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS. Antecedentes. A una persona moral le fue resuelto un Recurso Administrativo de Revocación que presentó por cuenta propia, confirmando la legalidad de la multa combatida por supuestamente no haber emitido los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, respecto de las operaciones que llevó a cabo con el público en general, aún y cuando en sede administrativa exhibió pruebas novedosas consistentes entre otras, en una relación de notas simples y los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet con folio consecutivo para acreditar la efectiva emisión de estos últimos; probanzas que no fueron valoradas por la autoridad resolutora, quien al resolver la instancia administrativa, se limitó a dejar sin efectos la resolución recurrida, para el efecto de que fuese la Autoridad Responsable del acto emitido, quien valorara las documentales aportadas en sede administrativa y emitiera una nueva conforme a derecho. En ese sentido, la persona moral contribuyente solicitó el servicio de representación y defensa legal ante esta Procuraduría, a efecto de controvertir la resolución recaída al Recurso de Revocación a través del Juicio Contencioso Administrativo Federal. Argumentos de defensa considerados en la sentencia. La resolución impugnada resulta ilegal, toda vez que, aún y cuando le fueron proporcionados a la autoridad resolutora en sede administrativa los elementos probatorios que le permitían advertir la ilegalidad manifestada de la resolución recurrida, dejó de valorar las pruebas aportadas por la recurrente, siendo que, además de contar con la potestad de revocar, también cuenta con la facultad de valorar y reparar los actos emitidos por la autoridad fiscalizadora, por lo que de haber asumido jurisdicción plena sobre el caso, habría revocado en forma total la resolución recurrida sin necesidad de reenviar el asunto a la unidad administrativa emisora de la multa para que ella realizara la valoración de las documentales aportadas por la persona contribuyente, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 132 y 133 del Código Fiscal de la Federación. Criterio Jurisdiccional obtenido por Prodecon en juicio contencioso administrativo. El Órgano Jurisdiccional determinó que la resolución impugnada es ilegal, toda vez que, al resolver el recurso de revocación, la autoridad resolutora tenía la obligación de analizar y valorar las pruebas que la persona contribuyente exhibió en el Recurso Administrativo de Revocación, y no limitarse a reenviarlo a la autoridad emisora de la multa, considerando que aquella cuenta con la competencia necesaria para ello, en términos de los artículos 132 y 133 del Código Fiscal de la Federación, sin que por ello sustituya en sus facultades a la fiscalizadora; máxime que tuvo pleno conocimiento de los hechos que la persona actora pretendía acreditar y desvirtuar con las pruebas ofrecidas, ya que la omisión en la que incurrió la Autoridad, provoca que el acto impugnado no se encuentre debidamente motivado, lo que impide en consecuencia que la persona actora se encuentre en posibilidad de acreditar los hechos base de su pretensión. En ese sentido, el Órgano Jurisdiccional estimó procedente declarar la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la resolutora valorara las pruebas aportadas en el recurso y con ello determinara si la persona contribuyente desvirtuó la conducta por la cual fue sancionada. JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LA VÍA SUMARIA. TERCERA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR Y SEGUNDA SALA REGIONAL DEL GOLFO. 2023. --> Sentencia: Sentencia firme Ver sentencia Sustentado en: Consulta / documento de sustento Regresar a resultados Imprimir criterio Aprobado 4ta. Sesión Ordinaria del 29 de abril de 2024