CRITERIO JURISDICCIONAL 22/2024

RESARCIMIENTO ECONÓMICO. NO RESULTA PROCEDENTE EL DESCUENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY FEDERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO VIGENTE (2022), CUANDO LA AUTORIDAD DEJÓ SIN EFECTOS LA RESOLUCIÓN DETERMINANTE DE CONTRIBUCIONES OMITIDAS EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, Y COMO CONSECUENCIA NO SERÁN DESCONTADOS CUANDO LA DEVOLUCIÓN PROCEDA DE UNA DETERMINACIÓN DONDE SE DECLARE LA NULIDAD LISA Y LLANA, O LA ILEGALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN DE LA TRANSFERENCIA, EN CUYO CASO SERÁN CUBIERTOS AL INSTITUTO POR LA ENTIDAD TRANSFERENTE QUE SUSTANCIÓ EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. Antecedentes. Una persona contribuyente obtuvo la revocación administrativa de la resolución en la que se determinó un crédito fiscal a su cargo y en la que se ordenó que el vehículo objeto de embargo precautorio pasara a propiedad del fisco federal, en razón de que, fue notificada fuera del plazo de cuatro meses previsto en el artículo 153 de la Ley Aduanera. Posteriormente, debido a que la autoridad procedió a la venta del vehículo en cuestión, presentó una solicitud de resarcimiento económico, trámite que se declaró improcedente, toda vez que, la autoridad consideró que la solicitud correspondiente fue presentada después del plazo de dos años previsto en el quinto párrafo, del artículo 157 de la Ley Aduanera, computado a partir de que la resolución o sentencia haya causado estado. Inconforme con lo anterior, promovió un juicio contencioso administrativo, en el cual, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, emitió sentencia definitiva en la que resolvió que el plazo de dos años para solicitar el resarcimiento económico, inició a partir de que la autoridad aduanera comunicó a la persona afectada la imposibilidad material y jurídica para devolver las mercancías embargadas, conforme a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 157 de la Ley Aduanera, por ende, la presentación de la solicitud respectiva se realizó dentro del plazo aludido, resultando así ilegal la resolución impugnada. Por lo anterior, en cumplimiento a la sentencia de mérito, la autoridad demandada emitió una nueva resolución en la que autorizó el pago de la cantidad de dinero determinada por concepto de resarcimiento económico a favor de la persona demandante, considerando el valor del bien obtenido por la venta, descontando los gastos (costos, honorarios y pagos correspondientes), generados por la comercialización del bien, materia del resarcimiento, referidos en el artículo 89 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público vigente (2022). Argumento de defensa considerados en la sentencia. En el juicio de nulidad se controvirtió la legalidad de la resolución impugnada, pues la autoridad en cumplimiento a la sentencia resolvió autorizar la solicitud de resarcimiento económico, contraviniendo lo previsto en el artículo 27 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público vigente (2022), dado que, descontó de la cantidad a pagar los costos, honorarios y pagos señalados en el primer párrafo del artículo 89 de la Ley en comento, ello pese a que la devolución procede de una determinación que fue dejada sin efectos por la autoridad aduanera por ser contraria a las disposiciones fiscales. Criterio jurisdiccional obtenido por Prodecon en juicio de nulidad. El Órgano Jurisdiccional resolvió que la resolución combatida resulta ilegal, al haberse dictado en contravención de las disposiciones legales aplicables, pues si bien, para los efectos del resarcimiento económico de bienes provenientes de comercio exterior, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, solo podrá pagar hasta la cantidad del valor de los bienes que hayan sido vendidos, previa transferencia, descontando los costos, honorarios y pagos de administración, mantenimiento y conservación de los bienes a que se refiere el artículo 89 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público vigente (2022), no obstante, el Juzgador señaló que la autoridad demandada inobservó que el descuento previsto en el numeral 27 de la citada Ley, no resulta aplicable cuando la devolución proceda de una determinación donde se declaró la nulidad lisa y llana o una ilegalidad del procedimiento, origen de la transferencia de los bienes; en cuyo caso, estos serán cubiertos al instituto por la entidad transferente que sustanció el procedimiento respectivo, por tal motivo, la revocación administrativa de la resolución determinante de contribuciones omitidas de comercio exterior, a causa de una ilegalidad en el procedimiento administrativo en materia aduanera, como lo es que, la notificación de la resolución sancionadora se realice fuera del plazo de cuatro meses establecido en el artículo 153 de la Ley Aduanera, imposibilita a la autoridad para efectuar los descuentos de los conceptos antes expuestos al monto principal a pagar a favor de la persona demandante. En consecuencia, con fundamento en los artículos 51 fracción IV y 52, fracción V, ambos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se estimó procedente declarar la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad emita una nueva resolución en la que fije el monto del resarcimiento económico que conforme a derecho corresponda. JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LA VÍA ORDINARIA. SALA REGIONAL DEL NORTE CENTRO I, DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. 2023. Extracto / Descripción breve: RESARCIMIENTO ECONÓMICO. NO RESULTA PROCEDENTE EL DESCUENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY FEDERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO VIGENTE (2022), CUANDO LA AUTORIDAD DEJÓ SIN EFECTOS LA RESOLUCIÓN DETERMINANTE DE CONTRIBUCIONES OMITIDAS EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, Y COMO CONSECUENCIA NO SERÁN DESCONTADOS CUANDO LA DEVOLUCIÓN PROCEDA DE UNA DETERMINACIÓN DONDE SE DECLARE LA NULIDAD LISA Y LLANA, O LA ILEGALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN DE LA TRANSFERENCIA, EN CUYO CASO SERÁN CUBIERTOS AL INSTITUTO POR LA ENTIDAD TRANSFERENTE QUE SUSTANCIÓ EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. Antecedentes. Una persona contribuyente obtuvo la revocación administrativa de la resolución en la que se determinó un crédito fiscal a su cargo y en la que se ordenó que el vehículo objeto de embargo precautorio pasara a propiedad del fisco federal, en razón de que, fue notificada fuera del plazo de cuatro meses previsto en el artículo 153 de la Ley Aduanera. Posteriormente, debido a que la autoridad procedió a la venta del vehículo en cuestión, presentó una solicitud de resarcimiento económico, trámite que se declaró improcedente, toda vez que, la autoridad consideró que la solicitud correspondiente fue presentada después del plazo de dos años previsto en el quinto párrafo, del artículo 157 de la Ley Aduanera, computado a partir de que la resolución o sentencia haya causado estado. Inconforme con lo anterior, promovió un juicio contencioso administrativo, en el cual, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, emitió sentencia definitiva en la que resolvió que el plazo de dos años para solicitar el resarcimiento económico, inició a partir de que la autoridad aduanera comunicó a la persona afectada la imposibilidad material y jurídica para devolver las mercancías embargadas, conforme a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 157 de la Ley Aduanera, por ende, la presentación de la solicitud respectiva se realizó dentro del plazo aludido, resultando así ilegal la resolución impugnada. Por lo anterior, en cumplimiento a la sentencia de mérito, la autoridad demandada emitió una nueva resolución en la que autorizó el pago de la cantidad de dinero determinada por concepto de resarcimiento económico a favor de la persona demandante, considerando el valor del bien obtenido por la venta, descontando los gastos (costos, honorarios y pagos correspondientes), generados por la comercialización del bien, materia del resarcimiento, referidos en el artículo 89 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público vigente (2022). Argumento de defensa considerados en la sentencia. En el juicio de nulidad se controvirtió la legalidad de la resolución impugnada, pues la autoridad en cumplimiento a la sentencia resolvió autorizar la solicitud de resarcimiento económico, contraviniendo lo previsto en el artículo 27 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público vigente (2022), dado que, descontó de la cantidad a pagar los costos, honorarios y pagos señalados en el primer párrafo del artículo 89 de la Ley en comento, ello pese a que la devolución procede de una determinación que fue dejada sin efectos por la autoridad aduanera por ser contraria a las disposiciones fiscales. Criterio jurisdiccional obtenido por Prodecon en juicio de nulidad. El Órgano Jurisdiccional resolvió que la resolución combatida resulta ilegal, al haberse dictado en contravención de las disposiciones legales aplicables, pues si bien, para los efectos del resarcimiento económico de bienes provenientes de comercio exterior, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, solo podrá pagar hasta la cantidad del valor de los bienes que hayan sido vendidos, previa transferencia, descontando los costos, honorarios y pagos de administración, mantenimiento y conservación de los bienes a que se refiere el artículo 89 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público vigente (2022), no obstante, el Juzgador señaló que la autoridad demandada inobservó que el descuento previsto en el numeral 27 de la citada Ley, no resulta aplicable cuando la devolución proceda de una determinación donde se declaró la nulidad lisa y llana o una ilegalidad del procedimiento, origen de la transferencia de los bienes; en cuyo caso, estos serán cubiertos al instituto por la entidad transferente que sustanció el procedimiento respectivo, por tal motivo, la revocación administrativa de la resolución determinante de contribuciones omitidas de comercio exterior, a causa de una ilegalidad en el procedimiento administrativo en materia aduanera, como lo es que, la notificación de la resolución sancionadora se realice fuera del plazo de cuatro meses establecido en el artículo 153 de la Ley Aduanera, imposibilita a la autoridad para efectuar los descuentos de los conceptos antes expuestos al monto principal a pagar a favor de la persona demandante. En consecuencia, con fundamento en los artículos 51 fracción IV y 52, fracción V, ambos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se estimó procedente declarar la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad emita una nueva resolución en la que fije el monto del resarcimiento económico que conforme a derecho corresponda. JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LA VÍA ORDINARIA. SALA REGIONAL DEL NORTE CENTRO I, DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. 2023. --> Sentencia: Sentencia pendiente de que cause estado Ver sentencia Sustentado en: Consulta / documento de sustento Regresar a resultados Imprimir criterio Aprobado 4ta. Sesión Ordinaria del 29 de abril de 2024