CRITERIO JURISDICCIONAL 12/2024

PAGO DE INTERESES. ES PROCEDENTE POR LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE CUMPLIR CON EL RESARCIMIENTO ECONÓMICO DE FORMA OPORTUNA, A PARTIR DE QUE EL PAGO SEA AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Y UNA VEZ QUE HAYA VENCIDO EL PLAZO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA. Antecedentes. Una persona contribuyente promovió juicio contencioso-administrativo federal en contra de la resolución por la que se le negó el pago por concepto de resarcimiento económico, ya que la autoridad consideró que no se acreditó mediante documento idóneo la propiedad sobre el vehículo, materia de la solicitud de autorización de resarcimiento, presentada con motivo de la enajenación del citado automotor, conforme a lo dispuesto en el artículo 157 de la Ley Aduanera, y con relación al diverso 206 del Reglamento de la Ley referida. Seguido el procedimiento jurisdiccional, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, emitió sentencia en la que resolvió que las documentales ofrecidas en sede administrativa, adminiculadas entre sí, fueron suficientes para acreditar el derecho subjetivo que tiene la persona contribuyente y obtener el resarcimiento económico solicitado, máxime que la autoridad requirió formalidades que la ley no contempla. Por lo tanto, el Juzgador declaró la nulidad de la resolución impugnada, por actualizarse la ilegalidad prevista en el artículo 51, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así mismo, ordenó que la autoridad demandada emitiera una nueva resolución en la que reconociera el derecho subjetivo de la persona demandante sobre el vehículo en cuestióny por consiguiente, que determinara el resarcimiento económico al que tiene derecho. Por lo anterior, en cumplimiento a la sentencia de mérito, la autoridad demandada emitió una nueva resolución en la que autorizó el pago de la cantidad de dinero determinada por concepto de resarcimiento económico a favor de la persona demandante, remitiendo copia de ésta al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, de conformidad con el último párrafo del artículo 205 del Reglamento de la Ley Aduanera, para el efecto de que expidiera el título de crédito correspondiente por la cantidad determinada, sin embargo, transcurrió el plazo legal sin que se haya materializado el pago del resarcimiento económico. En consecuencia, se promovió recurso de queja en contra de la autoridad demandada por la omisión del cumplimiento a la sentencia definitiva, con fundamento en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que, el pago del resarcimiento económico autorizado no había sido efectuado. Argumento de defensa considerado en la sentencia interlocutoria. En el recurso de queja se expuso que la autoridad demandada no había dado cabal cumplimiento a lo ordenado en la sentencia definitiva emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pese a que, dicha sentencia se encontraba firme y había transcurrido el plazo de cuatro meses previsto en el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, puesto que, hasta a la fecha en que se promovió el referido recurso ordinario, el pago del resarcimiento económico ordenado a través de la resolución emitida en cumplimiento, no había sido efectuado, transgrediendo lo establecido en el numeral 57 del mencionado ordenamiento legal, el cual, prevé que las autoridades demandadas y cualquier otra autoridad relacionada, están obligadas a cumplir con las sentencias dictadas por ese tribunal de lo contencioso-administrativo, por lo que a fin de asegurar el cumplimiento de la sentencia en comento, se solicitó al Juzgador requiriera el pago al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, sobre la cantidad determinada por concepto de resarcimiento económico, así como el pago de los intereses causados hasta el momento en que efectivamente se cumpliera con la obligación de resarcir. Criterio jurisdiccional obtenido por PRODECON en el recurso de queja. El Órgano Jurisdiccional declaró fundada la instancia de queja promovida por la persona demandante, ya que las autoridades no exhibieron constancias con las que se acreditara el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio contencioso-administrativo, pues si bien, la autoridad demandada reconoció el derecho subjetivo de la persona contribuyente sobre el vehículo en cuestión y determinó autorizar el resarcimiento económico, lo cierto es, que resulta necesario que tal derecho sea materializado a través de su pago al actor, debido a que los efectos de la sentencia no habían repercutido en la esfera jurídica de la persona demandante, pues no bastaba que se le hubiera reconocido su derecho, sino que además, era indispensable hacerlo efectivo a través del pago correspondiente, por lo que era menester que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, hubiera cumplido con el entero de la cantidad autorizada, pues estaba constreñido al cumplimiento de la sentencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Así mismo, el Juzgador estimó que conforme a la jurisprudencia VI-J-SS-67, emitida por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es procedente el pago de los intereses solicitados en la instancia de queja, no obstante, que el artículo 157 de la Ley Aduanera, no contempla tal figura, puesto que, una vez emitida la resolución administrativa en donde se reconozca el derecho subjetivo del particular de un resarcimiento económico y transcurrido el plazo con que cuenta la autoridad para dar cumplimiento a la sentencia sin que lo haya efectuado, será a partir de ese momento en que procederá la obligación de pago de intereses por falta de cumplimiento oportuno del monto reconocido en la resolución del resarcimiento económico. En consecuencia, la Sala Regional ordenó a las autoridades que llevaran a cabo el pago del resarcimiento económico a favor de la persona demandante, así como el pago de los intereses causados por el retardo en el cumplimiento de la citada obligación. JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LA VÍA ORDINARIA. SALA REGIONAL DEL NORTE CENTRO I, DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. 2023. Extracto / Descripción breve: PAGO DE INTERESES. ES PROCEDENTE POR LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE CUMPLIR CON EL RESARCIMIENTO ECONÓMICO DE FORMA OPORTUNA, A PARTIR DE QUE EL PAGO SEA AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Y UNA VEZ QUE HAYA VENCIDO EL PLAZO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA. Antecedentes. Una persona contribuyente promovió juicio contencioso-administrativo federal en contra de la resolución por la que se le negó el pago por concepto de resarcimiento económico, ya que la autoridad consideró que no se acreditó mediante documento idóneo la propiedad sobre el vehículo, materia de la solicitud de autorización de resarcimiento, presentada con motivo de la enajenación del citado automotor, conforme a lo dispuesto en el artículo 157 de la Ley Aduanera, y con relación al diverso 206 del Reglamento de la Ley referida. Seguido el procedimiento jurisdiccional, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, emitió sentencia en la que resolvió que las documentales ofrecidas en sede administrativa, adminiculadas entre sí, fueron suficientes para acreditar el derecho subjetivo que tiene la persona contribuyente y obtener el resarcimiento económico solicitado, máxime que la autoridad requirió formalidades que la ley no contempla. Por lo tanto, el Juzgador declaró la nulidad de la resolución impugnada, por actualizarse la ilegalidad prevista en el artículo 51, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así mismo, ordenó que la autoridad demandada emitiera una nueva resolución en la que reconociera el derecho subjetivo de la persona demandante sobre el vehículo en cuestión y por consiguiente, que determinara el resarcimiento económico al que tiene derecho. Por lo anterior, en cumplimiento a la sentencia de mérito, la autoridad demandada emitió una nueva resolución en la que autorizó el pago de la cantidad de dinero determinada por concepto de resarcimiento económico a favor de la persona demandante, remitiendo copia de ésta al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, de conformidad con el último párrafo del artículo 205 del Reglamento de la Ley Aduanera, para el efecto de que expidiera el título de crédito correspondiente por la cantidad determinada, sin embargo, transcurrió el plazo legal sin que se haya materializado el pago del resarcimiento económico. En consecuencia, se promovió recurso de queja en contra de la autoridad demandada por la omisión del cumplimiento a la sentencia definitiva, con fundamento en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que, el pago del resarcimiento económico autorizado no había sido efectuado. Argumento de defensa considerado en la sentencia interlocutoria. En el recurso de queja se expuso que la autoridad demandada no había dado cabal cumplimiento a lo ordenado en la sentencia definitiva emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pese a que, dicha sentencia se encontraba firme y había transcurrido el plazo de cuatro meses previsto en el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, puesto que, hasta a la fecha en que se promovió el referido recurso ordinario, el pago del resarcimiento económico ordenado a través de la resolución emitida en cumplimiento, no había sido efectuado, transgrediendo lo establecido en el numeral 57 del mencionado ordenamiento legal, el cual, prevé que las autoridades demandadas y cualquier otra autoridad relacionada, están obligadas a cumplir con las sentencias dictadas por ese tribunal de lo contencioso-administrativo, por lo que a fin de asegurar el cumplimiento de la sentencia en comento, se solicitó al Juzgador requiriera el pago al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, sobre la cantidad determinada por concepto de resarcimiento económico, así como el pago de los intereses causados hasta el momento en que efectivamente se cumpliera con la obligación de resarcir. Criterio jurisdiccional obtenido por PRODECON en el recurso de queja. El Órgano Jurisdiccional declaró fundada la instancia de queja promovida por la persona demandante, ya que las autoridades no exhibieron constancias con las que se acreditara el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio contencioso-administrativo, pues si bien, la autoridad demandada reconoció el derecho subjetivo de la persona contribuyente sobre el vehículo en cuestión y determinó autorizar el resarcimiento económico, lo cierto es, que resulta necesario que tal derecho sea materializado a través de su pago al actor, debido a que los efectos de la sentencia no habían repercutido en la esfera jurídica de la persona demandante, pues no bastaba que se le hubiera reconocido su derecho, sino que además, era indispensable hacerlo efectivo a través del pago correspondiente, por lo que era menester que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, hubiera cumplido con el entero de la cantidad autorizada, pues estaba constreñido al cumplimiento de la sentencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Así mismo, el Juzgador estimó que conforme a la jurisprudencia VI-J-SS-67, emitida por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es procedente el pago de los intereses solicitados en la instancia de queja, no obstante, que el artículo 157 de la Ley Aduanera, no contempla tal figura, puesto que, una vez emitida la resolución administrativa en donde se reconozca el derecho subjetivo del particular de un resarcimiento económico y transcurrido el plazo con que cuenta la autoridad para dar cumplimiento a la sentencia sin que lo haya efectuado, será a partir de ese momento en que procederá la obligación de pago de intereses por falta de cumplimiento oportuno del monto reconocido en la resolución del resarcimiento económico. En consecuencia, la Sala Regional ordenó a las autoridades que llevaran a cabo el pago del resarcimiento económico a favor de la persona demandante, así como el pago de los intereses causados por el retardo en el cumplimiento de la citada obligación. JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LA VÍA ORDINARIA. SALA REGIONAL DEL NORTE CENTRO I, DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. 2023. SENTENCIA FIRME. --> Sentencia: Sentencia firme Ver sentencia Sustentado en: Consulta / documento de sustento Relacionado con: Criterios relacionados CRITERIO JURISDICCIONAL 38/2022 Criterios Jurisdiccionales QUEJA JURISDICCIONAL POR DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DICTADA POR EL HORNORABLE TFJA. ES PROCEDENTE CUANDO NO SE HA MATERIALIZADO EL PAGO DEL RESARCIMIENTO ECONÓMICO DERIVADO DE UN PAMA... Ver criterio relacionado Regresar a resultados Imprimir criterio Aprobado 2da. Sesión Ordinaria del 05 de marzo de 2024