CRITERIO JURISDICCIONAL 1/2024 SOBRESEIMIENTO. JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES ILEGAL DECRETARLO POR APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA LEGISLACIÓN SUSTANTIVA ESTATAL PARA LIMITAR LA VIGENCIA DEL PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS A TRES AÑOS, CUANDO EL ACTA CONSTITUTIVA A TRAVÉS DEL CUAL SE ACREDITA DICHA LEGITIMACIÓN SE EXPIDIÓ PREVIO A LA MODIFICACIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN LA ALUDIDA LEGISLACIÓN. Antecedentes. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) auxilió a una persona moral contribuyente en la presentación del juicio contencioso administrativo en contra de la resolución determinante de un crédito fiscal impuesto en términos del artículo 18 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado (RSSOTCOTD); sin embargo, la Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa decretó el sobreseimiento, en virtud de que el Instrumento Notarial con el cual pretendió acreditar su personería, no se encontraba vigente a la fecha de presentación de la demanda y por ende no se podía considerar que la moral actora se encontrara legalmente representada por quien comparecía en el juicio contencioso. El Código Civil del Estado de Zacatecas establece en su artículo 1938, segundo párrafo que ningún poder se otorgará por una duración mayor a tres años, la Sala estimó que el acta constitutiva tiene como fecha de otorgamiento 22 de diciembre de 2016 y a la fecha de presentación de la demanda de nulidad (19 de enero del 2022) habían transcurrido en exceso más de tres años de los que hace alusión el numeral citado; en consecuencia, la persona quien dijo ser representante legal de la moral no acreditó que se hubiere afectado su interés jurídico, actualizándose así las hipótesis previstas por los artículos 8°, fracción I y 9, fracción II, ambos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Argumentos de defensa considerados en el juicio de Amparo. La sentencia reclamada es conculcante del principio de irretroactividad de la ley, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dentro de ésta la Sala Regional se encuentra aplicando en perjuicio de la quejosa lo establecido por el artículo 1938, segundo párrafo de la Legislación Sustantiva Civil del Estado de Zacatecas que no era vigente al momento en el que se creó el Acta Constitutiva de fecha 22 de diciembre de 2016, instrumento notarial a través del cual la representante legal acreditó en el contencioso, se le otorgaron los poderes para pleitos y cobranzas conferidos por la moral contribuyente. En virtud de que el texto del artículo de referencia se reformó hasta el 13 de septiembre de 2017, data a partir de la cual se adiciona el segundo párrafo, disponiéndose en él, que los poderes a que se refiere dicho Código tendrán una duración máxima de tres años. En aquiescencia es indefectible la actualización de la violación argüida, pues en la fecha que se creó el Acta Constitutiva la Legislación Civil del Estado de Zacatecas no limitaba la vigencia de los poderes para pleitos y cobranzas a tres años, por ello la Sala Regional debió considerar y aplicar en el fallo reclamado, el contenido del precepto legal en comento vigente a la fecha de creación del instrumento, y no aplicar la legislación que se encontraba vigente al momento de la presentación del escrito de nulidad. Criterio jurisdiccional obtenido por Prodecon en juicio de amparo directo administrativo. El Tribunal Colegiado de Circuito, resolvió conceder el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que el TFJA desestimara la causal de improcedencia y atendiera el fondo del asunto con base en los conceptos de impugnación formulados, ya que estimó que la A quo actuó ilegalmente al sostener que las facultades conferidas a la representante legal de la moral promovente del juicio de nulidad no fueron acreditadas, ello en virtud a que la porción normativa del Código Civil de la Entidad que se invocó por la Sala Regional como sustento del fallo reclamado, fue adicionada mediante Decreto publicado en 13 de septiembre de 2017, sin embargo al momento en que se expidió dicho instrumento notarial el Código Local no contenía disposición alguna que limitara o estableciera vigencia respecto de las facultades otorgadas en el poder para pleitos y cobranzas. Por ende, contrario a lo resuelto por la Sala Regional, no puede sostenerse que el Acta Constitutiva de fecha 22 de diciembre de 2016, esté limitada por la Legislación Civil del Estado de Zacatecas, en cuanto a la vigencia de las facultades que le fueron otorgadas a la representante legal, ergo que la porción del artículo 1938 que se invocó como sustento del fallo reclamado era inexistente al momento en que se expidió el instrumento de referencia, de ahí que el Tribunal Colegiado resolviera que la sentencia reclamada violentó el principio de irretroactividad de la ley, tutelado en el artículo 14 de la CPEUM. Juicio de Amparo Directo. Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito Judicial Federal Zacatecas. 2023. Extracto / Descripción breve: SOBRESEIMIENTO. JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES ILEGAL DECRETARLO POR APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA LEGISLACIÓN SUSTANTIVA ESTATAL PARA LIMITAR LA VIGENCIA DEL PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS A TRES AÑOS, CUANDO EL ACTA CONSTITUTIVA A TRAVÉS DEL CUAL SE ACREDITA DICHA LEGITIMACIÓN SE EXPIDIÓ PREVIO A LA MODIFICACIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN LA ALUDIDA LEGISLACIÓN. Antecedentes. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) auxilió a una persona moral contribuyente en la presentación del juicio contencioso administrativo en contra de la resolución determinante de un crédito fiscal impuesto en términos del artículo 18 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado (RSSOTCOTD); sin embargo, la Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa decretó el sobreseimiento, en virtud de que el Instrumento Notarial con el cual pretendió acreditar su personería, no se encontraba vigente a la fecha de presentación de la demanda y por ende no se podía considerar que la moral actora se encontrara legalmente representada por quien comparecía en el juicio contencioso. El Código Civil del Estado de Zacatecas establece en su artículo 1938, segundo párrafo que ningún poder se otorgará por una duración mayor a tres años, la Sala estimó que el acta constitutiva tiene como fecha de otorgamiento 22 de diciembre de 2016 y a la fecha de presentación de la demanda de nulidad (19 de enero del 2022) habían transcurrido en exceso más de tres años de los que hace alusión el numeral citado; en consecuencia, la persona quien dijo ser representante legal de la moral no acreditó que se hubiere afectado su interés jurídico, actualizándose así las hipótesis previstas por los artículos 8°, fracción I y 9, fracción II, ambos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Argumentos de defensa considerados en el juicio de Amparo. La sentencia reclamada es conculcante del principio de irretroactividad de la ley, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dentro de ésta la Sala Regional se encuentra aplicando en perjuicio de la quejosa lo establecido por el artículo 1938, segundo párrafo de la Legislación Sustantiva Civil del Estado de Zacatecas que no era vigente al momento en el que se creó el Acta Constitutiva de fecha 22 de diciembre de 2016, instrumento notarial a través del cual la representante legal acreditó en el contencioso, se le otorgaron los poderes para pleitos y cobranzas conferidos por la moral contribuyente. En virtud de que el texto del artículo de referencia se reformó hasta el 13 de septiembre de 2017, data a partir de la cual se adiciona el segundo párrafo, disponiéndose en él, que los poderes a que se refiere dicho Código tendrán una duración máxima de tres años. En aquiescencia es indefectible la actualización de la violación argüida, pues en la fecha que se creó el Acta Constitutiva la Legislación Civil del Estado de Zacatecas no limitaba la vigencia de los poderes para pleitos y cobranzas a tres años, por ello la Sala Regional debió considerar y aplicar en el fallo reclamado, el contenido del precepto legal en comento vigente a la fecha de creación del instrumento, y no aplicar la legislación que se encontraba vigente al momento de la presentación del escrito de nulidad. Criterio jurisdiccional obtenido por Prodecon en juicio de amparo directo administrativo. El Tribunal Colegiado de Circuito, resolvió conceder el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que el TFJA desestimara la causal de improcedencia y atendiera el fondo del asunto con base en los conceptos de impugnación formulados, ya que estimó que la A quo actuó ilegalmente al sostener que las facultades conferidas a la representante legal de la moral promovente del juicio de nulidad no fueron acreditadas, ello en virtud a que la porción normativa del Código Civil de la Entidad que se invocó por la Sala Regional como sustento del fallo reclamado, fue adicionada mediante Decreto publicado en 13 de septiembre de 2017, sin embargo al momento en que se expidió dicho instrumento notarial el Código Local no contenía disposición alguna que limitara o estableciera vigencia respecto de las facultades otorgadas en el poder para pleitos y cobranzas. Por ende, contrario a lo resuelto por la Sala Regional, no puede sostenerse que el Acta Constitutiva de fecha 22 de diciembre de 2016, esté limitada por la Legislación Civil del Estado de Zacatecas, en cuanto a la vigencia de las facultades que le fueron otorgadas a la representante legal, ergo que la porción del artículo 1938 que se invocó como sustento del fallo reclamado era inexistente al momento en que se expidió el instrumento de referencia, de ahí que el Tribunal Colegiado resolviera que la sentencia reclamada violentó el principio de irretroactividad de la ley, tutelado en el artículo 14 de la CPEUM. Juicio de Amparo Directo. Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito Judicial Federal Zacatecas. 2023. --> Sentencia: Ejecutoria firme Ver sentencia Aprobado 1ra. Sesión Ordinaria del 25 de enero de 2024