CRITERIO JURISDICCIONAL 58/2023

CRITERIO JURISDICCIONAL 58/2023 ADJUDICACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN (PAE). EL FISCO FEDERAL NO TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO ADQUIRENTE DE BUENA FE Y POR TANTO LE ASISTE EL DERECHO AL TERCERO (CÓNYUGE) DE OPONERSE AL DERECHO REAL DE PROPIEDAD DE LA AUTORIDAD, AUN Y CUANDO LA SOCIEDAD CONYUGAL NO SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO. (INAPLICABILIDAD JURISPRUDENCIA 1A./J. 18/2013 (10A). Antecedentes Una persona Contribuyente señala que en su momento se casó bajo el régimen de sociedad conyugal en la cual se adquirieron ciertos bienes, sin embargo, aunque dicho matrimonio fue disuelto no se procedió a la liquidación de la sociedad conyugal. Bajo esa premisa acude a la PRODECON manifestando que mediante un certificado de libertad de gravamen solicitado al Registro Público de la Propiedad y del Comercio (en adelante RPPC) tuvo conocimiento de que el inmueble adquirido y del cual se considera copropietaria por formar parte de la sociedad conyugal, se encontraba adjudicado en favor del Fisco Federal derivado de un adeudo a cargo de su entonces cónyuge por concepto de “Multas por infracciones de ordenamientos legales administrados por la Secretaría de Seguridad Pública (sic)” y que en su momento controló la entonces Administración Local de Recaudación de Culiacán del SAT, manifestando desconocer actos de cobro o algún antecedente de dicho adeudo. Con motivo de lo anterior, la PRODECON le brindó el servicio de representación legal, promoviéndose demanda de Amparo Indirecto en calidad de tercero interesado. Seguidas las etapas procesales el Juez de Distrito resolvió negar el amparo y protección de la Justicia Federal, por considerar que la falta de inscripción del bien en la sociedad conyugal en el RPPC, hace incompatible el derecho de la quejosa a oponerse al acto de adjudicación ante el SAT al cual se le considera un adquirente de buena fe en términos de la Jurisprudencia 1A./J. 18/2013 (10A.), y por tanto al estar registrado el inmueble a nombre de uno solo de los cónyuges (deudor), el tercero extraño se le niega el amparo. Inconforme con lo anterior, fue interpuesto Amparo en Revisión al considerarse incongruente lo resuelto por el Juez de Distrito. Argumentos de defensa considerados en la sentencia En el amparo en revisión se argumentó sustancialmente lo siguiente: i) la tesis de Jurisprudencia 1a./J. 18/2013 (10a.) cuyo rubro es el siguiente: “ SOCIEDAD CONYUGAL NO INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. EL DERECHO REAL INMOBILIARIO DEL CÓNYUGE QUE NO APARECE EN LA INSCRIPCIÓN NO ES OPONIBLE AL DERECHO REAL DE PROPIEDAD DE QUIEN RESULTÓ ADJUDICATARIO DE BUENA FE EN EL PROCEDIMIENTO DE REMATE Y ADJUDICACIÓN EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ”, en la que sustentó la sentencia el Juez de Distrito, no resultaba aplicable toda vez que se refiere al adjudicatario de un inmueble derivado de un juicio ejecutivo mercantil entre dos particulares, mientras que el Procedimiento Administrativo de Ejecución que culminó en la adjudicación, deriva de un adeudo de carácter fiscal, y; ii) el Juez reconoció el interés jurídico respecto de la parte alícuota del inmueble adjudicado, por lo que en congruencia se debió conceder el amparo al haberse violado la garantía de audiencia por parte de la autoridad ejecutora. Criterio jurisdiccional obtenido por la PRODECON en Amparo en Revisión El Tribunal Colegiado que conoció del asunto resolvió que el artículo 14 Constitucional tutela la garantía de audiencia de los gobernados e impone a las autoridades la obligación de escuchar previó a la emisión de un acto administrativo privativo de los derechos de un gobernado en cuanto su libertad, propiedades , posesiones o derechos diversos, siendo que en el caso particular, no se respetó la formalidad esencial del procedimiento económico coactivo en cuanto a llamar al copropietario al mismo, sin que sea óbice que la sociedad conyugal no se encontrara inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, previo a llevarse a cabo el embargo y remate del inmueble, pues el derecho real de propiedad surge con motivo del vínculo matrimonial, el cual tiene carácter de oponible a la facultad del Estado para hacer efectivo un crédito fiscal; asimismo sostiene que la tesis de Jurisprudencia 1a./J. 18/2013 (10a.), invocada por el Juez de Distrito no resulta aplicable al caso concreto dado que ésta analiza la colisión de dos derechos de igual identidad, esto es el derecho real derivado de la sociedad conyugal y el derecho real que adquiere el adjudicatario de un bien inmueble en juicio ejecutivo mercantil, los cual es ajeno a las partes contendiente del juicio en que se actúa, por lo que concluye que el Estado no es adquirente de buena fe registral, al derivar la adjudicación de procedimiento económico coactivo en uso de su potestad de hacer efectivo un crédito firme no garantizado, por lo que al quedar evidenciado que en el caso en estudio el embargo y remate recayó sobre bienes que son ajenos al deudor, como en el caso lo es la parte alícuota que corresponde a la quejosa del inmueble embargado, a esta le surge el carácter de tercero extraño al procedimiento de ejecución y en términos de la Jurisprudencia aplicable al caso 2a./J. 11/2013 (10a.) cuyo rubro es el siguiente: “ JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO” , concluyendo que la copropiedad como una cosa indivisa, le otorga el interés jurídico a todos los copropietarios a una participación, que les faculta a intervenir en los actos de dominio y administración que se ejecuten sobre la cosa física considerada como una entidad, por tanto, el órgano colegiado considera que existe una violación al derecho fundamental de audiencia, toda vez que el Juez de Distrito pasó por alto la copropiedad adquirida por la cónyuge del deudor, toda vez que se adquirió el bien inmueble dentro del matrimonio y por tanto este forma parte de la sociedad conyugal, otorgando el amparo y protección de la Justicia Federal para que las autoridades responsables dejen insubsistente el embargo, remate y adjudicación del inmueble, así como el resto de los actos que son consecuencia de la adjudicación como lo son la puesta a disposición del inmueble a la Tesorería de la Federación y su trasferencia al entonces Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), ahora Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP). Amparo en Revisión dictado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito. En cumplimiento. Extracto / Descripción breve: ADJUDICACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN (PAE). EL FISCO FEDERAL NO TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO ADQUIRENTE DE BUENA FE Y POR TANTO LE ASISTE EL DERECHO AL TERCERO (CÓNYUGE) DE OPONERSE AL DERECHO REAL DE PROPIEDAD DE LA AUTORIDAD, AUN Y CUANDO LA SOCIEDAD CONYUGAL NO SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO. (INAPLICABILIDAD JURISPRUDENCIA 1A./J. 18/2013 (10A). Antecedentes Una persona Contribuyente señala que en su momento se casó bajo el régimen de sociedad conyugal en la cual se adquirieron ciertos bienes, sin embargo, aunque dicho matrimonio fue disuelto no se procedió a la liquidación de la sociedad conyugal. Bajo esa premisa acude a la PRODECON manifestando que mediante un certificado de libertad de gravamen solicitado al Registro Público de la Propiedad y del Comercio (en adelante RPPC) tuvo conocimiento de que el inmueble adquirido y del cual se considera copropietaria por formar parte de la sociedad conyugal, se encontraba adjudicado en favor del Fisco Federal derivado de un adeudo a cargo de su entonces cónyuge por concepto de “Multas por infracciones de ordenamientos legales administrados por la Secretaría de Seguridad Pública (sic)” y que en su momento controló la entonces Administración Local de Recaudación de Culiacán del SAT, manifestando desconocer actos de cobro o algún antecedente de dicho adeudo. Con motivo de lo anterior, la PRODECON le brindó el servicio de representación legal, promoviéndose demanda de Amparo Indirecto en calidad de tercero interesado. Seguidas las etapas procesales el Juez de Distrito resolvió negar el amparo y protección de la Justicia Federal, por considerar que la falta de inscripción del bien en la sociedad conyugal en el RPPC, hace incompatible el derecho de la quejosa a oponerse al acto de adjudicación ante el SAT al cual se le considera un adquirente de buena fe en términos de la Jurisprudencia 1A./J. 18/2013 (10A.), y por tanto al estar registrado el inmueble a nombre de uno solo de los cónyuges (deudor), el tercero extraño se le niega el amparo. Inconforme con lo anterior, fue interpuesto Amparo en Revisión al considerarse incongruente lo resuelto por el Juez de Distrito. Argumentos de defensa considerados en la sentencia En el amparo en revisión se argumentó sustancialmente lo siguiente: i) la tesis de Jurisprudencia 1a./J. 18/2013 (10a.) cuyo rubro es el siguiente: “SOCIEDAD CONYUGAL NO INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. EL DERECHO REAL INMOBILIARIO DEL CÓNYUGE QUE NO APARECE EN LA INSCRIPCIÓN NO ES OPONIBLE AL DERECHO REAL DE PROPIEDAD DE QUIEN RESULTÓ ADJUDICATARIO DE BUENA FE EN EL PROCEDIMIENTO DE REMATE Y ADJUDICACIÓN EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL”, en la que sustentó la sentencia el Juez de Distrito, no resultaba aplicable toda vez que se refiere al adjudicatario de un inmueble derivado de un juicio ejecutivo mercantil entre dos particulares, mientras que el Procedimiento Administrativo de Ejecución que culminó en la adjudicación, deriva de un adeudo de carácter fiscal, y; ii) el Juez reconoció el interés jurídico respecto de la parte alícuota del inmueble adjudicado, por lo que en congruencia se debió conceder el amparo al haberse violado la garantía de audiencia por parte de la autoridad ejecutora. Criterio jurisdiccional obtenido por la PRODECON en Amparo en Revisión El Tribunal Colegiado que conoció del asunto resolvió que el artículo 14 Constitucional tutela la garantía de audiencia de los gobernados e impone a las autoridades la obligación de escuchar previó a la emisión de un acto administrativo privativo de los derechos de un gobernado en cuanto su libertad, propiedades, posesiones o derechos diversos, siendo que en el caso particular, no se respetó la formalidad esencial del procedimiento económico coactivo en cuanto a llamar al copropietario al mismo, sin que sea óbice que la sociedad conyugal no se encontrara inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, previo a llevarse a cabo el embargo y remate del inmueble, pues el derecho real de propiedad surge con motivo del vínculo matrimonial, el cual tiene carácter de oponible a la facultad del Estado para hacer efectivo un crédito fiscal; asimismo sostiene que la tesis de Jurisprudencia 1a./J. 18/2013 (10a.), invocada por el Juez de Distrito no resulta aplicable al caso concreto dado que ésta analiza la colisión de dos derechos de igual identidad, esto es el derecho real derivado de la sociedad conyugal y el derecho real que adquiere el adjudicatario de un bien inmueble en juicio ejecutivo mercantil, los cual es ajeno a las partes contendiente del juicio en que se actúa, por lo que concluye que el Estado no es adquirente de buena fe registral, al derivar la adjudicación de procedimiento económico coactivo en uso de su potestad de hacer efectivo un crédito firme no garantizado, por lo que al quedar evidenciado que en el caso en estudio el embargo y remate recayó sobre bienes que son ajenos al deudor, como en el caso lo es la parte alícuota que corresponde a la quejosa del inmueble embargado, a esta le surge el carácter de tercero extraño al procedimiento de ejecución y en términos de la Jurisprudencia aplicable al caso 2a./J. 11/2013 (10a.) cuyo rubro es el siguiente: “JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO”, concluyendo que la copropiedad como una cosa indivisa, le otorga el interés jurídico a todos los copropietarios a una participación, que les faculta a intervenir en los actos de dominio y administración que se ejecuten sobre la cosa física considerada como una entidad, por tanto, el órgano colegiado considera que existe una violación al derecho fundamental de audiencia, toda vez que el Juez de Distrito pasó por alto la copropiedad adquirida por la cónyuge del deudor, toda vez que se adquirió el bien inmueble dentro del matrimonio y por tanto este forma parte de la sociedad conyugal, otorgando el amparo y protección de la Justicia Federal para que las autoridades responsables dejen insubsistente el embargo, remate y adjudicación del inmueble, así como el resto de los actos que son consecuencia de la adjudicación como lo son la puesta a disposición del inmueble a la Tesorería de la Federación y su trasferencia al entonces Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), ahora Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP). Amparo en Revisión dictado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito. En cumplimiento. --> Sentencia: Sentencia firme Ver sentencia Relacionado con: Criterios relacionados CRITERIO JURISDICCIONAL 48/2022 Criterios Jurisdiccionales ADJUDICACIÓN DE BIEN INMUEBLE EN SOCIEDAD CONYUGAL. RESULTA ILEGAL QUE EL 50% DE UN INMUEBLE EN COPROPIEDAD NO PUEDA SER OPONIBLE AL DERECHO REAL DE PROPIEDAD QUE ADQUIRIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE POR... Ver criterio relacionado Regresar a resultados Imprimir criterio Aprobado 8va. Sesión Ordinaria del 27 de septiembre de 2023