CRITERIO JURISDICCIONAL 31/2023

CRITERIO JURISDICCIONAL 31/2023 ASEGURAMIENTO DE MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. EL ARTÍCULO 4° DEL REGLAMENTO DE LA LEY ADUANERA, VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL NO ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE CUANDO UNA MERCANCÍA ES PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD ADUANERA, NI EL PLAZO PARA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LA PERSONA CONTRIBUYENTE. Antecedentes. Una persona contribuyente fue sujeta del aseguramiento y resguardo de un vehículo de procedencia extranjera por presuntas infracciones a la Ley Aduanera, el cual fue puesto a disposición de la autoridad aduanera competente, quien emitió y notificó la orden de verificación de procedencia extranjera en la cual otorgó un plazo de 15 días hábiles para que se acreditara la legal importación, tenencia o estancia en territorio nacional del vehículo, así como el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras correspondientes, en términos de lo dispuesto por el artículo 4° del Reglamento de la Ley Aduanera, bajo el apercibimiento de que en caso de incumplimiento y una vez transcurrido el plazo, iniciaría el cómputo de 2 meses para declarar el abandono del vehículo en favor del fisco federal, conforme al artículo 196-A, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación (CFF); de ahí que en fecha posterior, mediante resolución debidamente notificada, la autoridad aduanera le hizo del conocimiento a la persona contribuyente que inició el cómputo del plazo de 2 meses para que el vehículo causara abandono a favor del fisco federal, de conformidad con los citados preceptos legales. Ahora bien, una vez transcurrido el citado plazo legal, esta Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) apoyó a la persona contribuyente a promover juicio de nulidad, negando conocer la resolución o documento mediante el cual se hubiera declarado el abandono del vehículo y se decretara que pasó a favor del fisco federal, sin embargo, al momento de producir su contestación de demanda, la autoridad señaló que hasta ese momento no había emitido la declaratoria de abandono o resolución definitiva, motivo por el cual el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó que resultaba fundada la causal de improcedencia formulada y resolvió sobreseer el juicio con fundamento en los artículos 8°, primer párrafo, fracción XI y 9°, primer párrafo, fracción II, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA), al estimar que no se acreditó la existencia de la resolución impugnada, pues para ese momento el procedimiento de abandono aún no había concluido al no haberse emitido el oficio en el que determinara que el vehículo pasó a propiedad del fisco federal; de ahí que se promovió demanda de Amparo Directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, quien resolvió conceder el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que el TFJA desestimara la causal de improcedencia y resolviera el fondo del asunto con base en los conceptos de impugnación formulados, ya que el abandono de bienes en favor del fisco federal, opera de pleno derecho por el transcurso del tiempo sin necesidad de que se emita una resolución que la decrete. Argumento de defensa considerados en la sentencia en cumplimiento a la ejecutoria. Es ilegal la resolución impugnada al ser fruto de un acto viciado, pues el oficio mediante el cual se requirió a la persona contribuyente para que acreditara la legal estancia o tenencia de la mercancía puesta a disposición, encuentra sustento en el artículo 4° del Reglamento de la Ley Aduanera, del cual se solicitó su inaplicación con base al control difuso de constitucionalidad conceptualizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que conculca el derecho humano y garantía de seguridad jurídica consagrados en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), al permitir el aseguramiento de la mercancía de procedencia extranjera por parte de la Autoridad Aduanera, sin establecer el procedimiento que debe seguir cuando detecta alguna irregularidad, ni tampoco un plazo legal para emitir una resolución en la que se determinen las contribuciones omitidas, tal como ocurre dentro del diverso Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera contemplado en el artículo 150 de la Ley Aduanera, en donde sí se establece un plazo para que el contribuyente ofrezca pruebas y formule los alegatos que a su derecho convengan respecto a las irregularidades señaladas en el Acta de Inicio, y que una vez transcurrido dicho plazo, se genera la obligación para la Autoridad de emitir una resolución en el plazo de cuatro meses conforme al artículo 153, segundo párrafo de la Ley Aduanera. Criterio jurisdiccional obtenido por Prodecon en cumplimiento de ejecutoria. De conformidad con el artículo 4° del Reglamento de la Ley Aduanera, cuando las autoridades distintas a las aduaneras, pongan a disposición de las autoridades aduaneras, mercancías relacionadas con la probable comisión de infracciones a la Ley, éstas procederán a la recepción de dichas mercancías y notificarán a la persona propietaria o poseedora para que en un plazo de 15 días hábiles, retire la mercancía, previa comprobación de su legal propiedad o posesión, así como legal estancia o importación y transcurrido el plazo establecido sin que sea retirada, iniciará el cómputo correspondiente para el abandono de mercancías en favor del fisco federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 196, fracción IV, del CFF, que dispone que causarán abandono en favor del fisco federal las mercancías que se encuentren en depósito o en poder de la autoridad y no sean retiradas dentro de los 2 meses contados a partir de la fecha en que se pongan a su disposición; de ahí que después de analizar el contenido del citado artículo 4° del Reglamento de la Ley Aduanera, a la luz del control difuso de constitucionalidad, el Órgano Jurisdiccional determinó que su contenido vulneraba la garantía de seguridad jurídica de la persona contribuyente, al no contemplar de manera expresa un procedimiento que la autoridad aduanera debe seguir en relación a las mercancías de procedencia extranjera puestas a su disposición, ni tampoco el momento en que se debe levantar un acta de irregularidades donde se hagan constar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que definan la situación jurídica de la persona contribuyente, o bien, el plazo para que la autoridad aduanera dicte la resolución respectiva, con lo cual queda a su arbitrio el determinar las fases y plazos para concluir el procedimiento, provocando un estado de inseguridad a la persona particular, debido a que no le permite ejercer una adecuada defensa, pues para que ello sea posible, tal ordenamiento debería propiciar las condiciones materiales necesarias que permitan ejercer los medios defensivos previstos en las leyes, en respeto a la garantía de audiencia y que a consideración del Tribunal, una de esas condiciones es el conocimiento oportuno de los hechos y medios de convicción que tenga en su contra la autoridad, con el objeto de que se facilite la preparación de su defensa mediante la rendición de pruebas y alegatos dentro de los plazos que la ley prevea para tal efecto, a diferencia de lo que dispone el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera (PAMA), en donde sí se contempla la obligación de levantar un acta de irregularidades (Acta de Inicio) y un plazo legal para emitir la resolución en la que se determine la situación fiscal del particular, incluido el destino de las mercancías de procedencia extranjera, sin que la Autoridad Aduanera hubiera justificado mediante un razonamiento lógico jurídico el porqué se abstuvo de ejercer dicha facultad, de ahí que el Órgano Jurisdiccional estimó que resultaba procedente inaplicar de la esfera jurídica de la persona contribuyente el contenido del artículo 4° del Reglamento de la Ley Aduanera y, por ende, declarar la nulidad lisa y llana del abandono del vehículo, al sustentarse en un acto cuyo contenido encuentra sustento en un precepto legal que viola el principio de seguridad jurídica de la persona contribuyente contemplado en el artículo 16 de la CPEUM, por lo que ordenó la devolución del vehículo de procedencia extranjera asegurado a quien acreditara su propiedad o legal tenencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 157 de la Ley Aduanera vigente. Extracto / Descripción breve: ASEGURAMIENTO DE MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. EL ARTÍCULO 4° DEL REGLAMENTO DE LA LEY ADUANERA, VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL NO ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE CUANDO UNA MERCANCÍA ES PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD ADUANERA, NI EL PLAZO PARA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LA PERSONA CONTRIBUYENTE. --> Nota / Juicio: Cumplimiento de ejecutoria del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, por la Sala Regional Norte Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 2023. ​​​​​​​ Sentencia: Sentencia firme Ver sentencia Relacionado con: Criterios relacionados CRITERIO JURISDICCIONAL 30/2023 Criterios Jurisdiccionales ABANDONO DE BIENES EN FAVOR DEL FISCO FEDERAL. 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