# CRITERIO JURISDICCIONAL 38/2024 · Criterio de PRODECON Procuraduría de la Defensa del Contribuyente · Procuraduría de la Defensa del Contribuyente · https://cumplida.com/biblioteca/prodecon/1440 CRITERIO JURISDICCIONAL 38/2024 Criterio aislado · Publicada el 5 de junio de 2024 · Leída el 15 de noviembre de 2026 ## A quién obliga orienta; no obliga al SAT ni a los tribunales ## Disposiciones que aplica - CPEUM 16 - LFPCA 1 - LFPCA 16 ## Fuente oficial https://www.prodecon.gob.mx/buscadorcriterios/mostrarcriteriobus/1440 ## Texto CRITERIO JURISDICCIONAL 38/2024 PRINCIPIOS DE JUSTICIA COMPLETA Y DE MAYOR BENEFICIO. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, DEBE PRONUNCIARSE DE FONDO CUANDO CUENTE CON LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELLO. Antecedentes. Una persona física, con apoyo de PRODECON, impugnó un Procedimiento Administrativo de Ejecución realizado por la Administración Desconcentrada de Recaudación del SAT, relacionado con un crédito fiscal de una persona moral sin vínculo con el afectado. La autoridad resolvió sobreseer el caso por falta de interés jurídico de la persona contribuyente. Posteriormente, se presentó un juicio contencioso administrativo contra la resolución y el Procedimiento Administrativo de Ejecución. La Sala consideró que no se demostró el interés jurídico debido a que la escritura pública de compraventa del inmueble embargado no estaba inscrita en el registro público de la propiedad. La persona contribuyente presentó una demanda de amparo directo, argumentando que los actos ante notario público tienen valor probatorio pleno dicho juicio falló a su favor, ordenando una nueva sentencia que reconociera su interés jurídico y anulara la resolución impugnada, solicitando a la autoridad fiscal emitir una nueva resolución en un plazo de cuatro meses. La Sala responsable emitió una nueva sentencia, pero ésta fue impugnada nuevamente mediante juicio de garantías debido a la omisión de pronunciarse sobre el fondo del asunto, a pesar de contar con suficientes pruebas desde la fase administrativa. Se argumentó que la Sala debía analizar las pruebas acumuladas y los argumentos de la persona contribuyente para determinar la existencia de su derecho sobre el bien inmueble embargado. De la situación descrita anteriormente, la falta de inscripción de la escritura pública de compraventa en el registro público de la propiedad fue la razón por la cual no se reconoció inicialmente el interés jurídico de la persona contribuyente. Sin embargo, en el amparo directo argumentó que los actos ante notario público tienen valor probatorio pleno, lo cual finalmente llevó a que se reconociera su interés jurídico y se ordenara una nueva resolución. Argumentos de defensa considerados en la sentencia. En el juicio de garantías promovido en contra de la sentencia emitida en cumplimiento de ejecutoria, el Tribunal Colegiado determinó su ilegalidad, toda vez que en perjuicio de la quejosa se violentó el derecho de legalidad que debe imperar en toda resolución y que se consagra en el artículo 16 constitucional, así como los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, que prevé el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que el Juzgador cuya decisión es recurrida por una parte reconoció el interés jurídico de la persona contribuyente respecto del inmueble embargado, no obstante de manera indebida y a pesar de contar con un vasto número de pruebas acumuladas fue omiso en pronunciarse respecto del derecho subjetivo (de propiedad) que le asiste. Así las cosas, el Juzgador cuya decisión es recurrida únicamente determinó que se acreditó el interés jurídico para la procedencia del recurso de revocación y no entró al estudio de fondo, siendo que contaba con todos los elementos para pronunciarse, el cual consistía en determinar la existencia del derecho subjetivo de propiedad en favor de la persona contribuyente, máxime que las probanzas habían sido aportadas desde sede administrativa. Criterio jurisdiccional obtenido por Prodecon en sentencia definitiva. El artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que, si una resolución administrativa no satisface el interés jurídico del recurrente, éste puede impugnar la resolución en un juicio contencioso administrativo federal, pudiendo hacer valer conceptos no planteados en el recurso. El artículo 50, párrafo cuarto, de la misma Ley, indica que el Tribunal debe pronunciarse sobre la legalidad de la resolución recurrida si cuenta con elementos suficientes. El Colegiado concluyó que, al declararse la ilegalidad del sobreseimiento y reconocer el interés jurídico de la persona contribuyente, la Sala debía pronunciarse sobre el fondo de la controversia y determinar la existencia del derecho de propiedad de ésta, dejando insubsistente el embargo del inmueble. Juicio Contencioso Administrativo en la Vía Ordinaria. Sala Especializada Mixta en Juicios en Línea y en Materia Ambiental y de Regulación. (tramitado originalmente en la Sala Especializada de Juicio en Línea). 2024. Extracto / Descripción breve: PRINCIPIOS DE JUSTICIA COMPLETA Y DE MAYOR BENEFICIO. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, DEBE PRONUNCIARSE DE FONDO CUANDO CUENTE CON LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELLO. Antecedentes. Una persona física, con apoyo de PRODECON, impugnó un Procedimiento Administrativo de Ejecución realizado por la Administración Desconcentrada de Recaudación del SAT, relacionado con un crédito fiscal de una persona moral sin vínculo con el afectado. La autoridad resolvió sobreseer el caso por falta de interés jurídico de la persona contribuyente. Posteriormente, se presentó un juicio contencioso administrativo contra la resolución y el Procedimiento Administrativo de Ejecución. La Sala consideró que no se demostró el interés jurídico debido a que la escritura pública de compraventa del inmueble embargado no estaba inscrita en el registro público de la propiedad. La persona contribuyente presentó una demanda de amparo directo, argumentando que los actos ante notario público tienen valor probatorio pleno dicho juicio falló a su favor, ordenando una nueva sentencia que reconociera su interés jurídico y anulara la resolución impugnada, solicitando a la autoridad fiscal emitir una nueva resolución en un plazo de cuatro meses. La Sala responsable emitió una nueva sentencia, pero ésta fue impugnada nuevamente mediante juicio de garantías debido a la omisión de pronunciarse sobre el fondo del asunto, a pesar de contar con suficientes pruebas desde la fase administrativa. Se argumentó que la Sala debía analizar las pruebas acumuladas y los argumentos de la persona contribuyente para determinar la existencia de su derecho sobre el bien inmueble embargado. De la situación descrita anteriormente, la falta de inscripción de la escritura pública de compraventa en el registro público de la propiedad fue la razón por la cual no se reconoció inicialmente el interés jurídico de la persona contribuyente. Sin embargo, en el amparo directo argumentó que los actos ante notario público tienen valor probatorio pleno, lo cual finalmente llevó a que se reconociera su interés jurídico y se ordenara una nueva resolución. Argumentos de defensa considerados en la sentencia. En el juicio de garantías promovido en contra de la sentencia emitida en cumplimiento de ejecutoria, el Tribunal Colegiado determinó su ilegalidad, toda vez que en perjuicio de la quejosa se violentó el derecho de legalidad que debe imperar en toda resolución y que se consagra en el artículo 16 constitucional, así como los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, que prevé el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que el Juzgador cuya decisión es recurrida por una parte reconoció el interés jurídico de la persona contribuyente respecto del inmueble embargado, no obstante de manera indebida y a pesar de contar con un vasto número de pruebas acumuladas fue omiso en pronunciarse respecto del derecho subjetivo (de propiedad) que le asiste. Así las cosas, el Juzgador cuya decisión es recurrida únicamente determinó que se acreditó el interés jurídico para la procedencia del recurso de revocación y no entró al estudio de fondo, siendo que contaba con todos los elementos para pronunciarse, el cual consistía en determinar la existencia del derecho subjetivo de propiedad en favor de la persona contribuyente, máxime que las probanzas habían sido aportadas desde sede administrativa. Criterio jurisdiccional obtenido por Prodecon en sentencia definitiva. El artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que, si una resolución administrativa no satisface el interés jurídico del recurrente, éste puede impugnar la resolución en un juicio contencioso administrativo federal, pudiendo hacer valer conceptos no planteados en el recurso. El artículo 50, párrafo cuarto, de la misma Ley, indica que el Tribunal debe pronunciarse sobre la legalidad de la resolución recurrida si cuenta con elementos suficientes. El Colegiado concluyó que, al declararse la ilegalidad del sobreseimiento y reconocer el interés jurídico de la persona contribuyente, la Sala debía pronunciarse sobre el fondo de la controversia y determinar la existencia del derecho de propiedad de ésta, dejando insubsistente el embargo del inmueble. Juicio Contencioso Administrativo en la Vía Ordinaria. Sala Especializada Mixta en Juicios en Línea y en Materia Ambiental y de Regulación. (tramitado originalmente en la Sala Especializada de Juicio en Línea). 2024. --> Sentencia: Sentencia firme Ver sentencia Aprobado 2DA Sesión Extraordinaria del 05 de junio de 2024 ## Consulta en vivo Esta página es la lectura de la biblioteca al 15 de noviembre de 2026. La vigencia del criterio, el texto completo y lo que otros criterios dicen de él se consultan sin cuenta ni llave en el conector MCP público de la biblioteca, https://mcp.cumplida.com/mcp. La llamada de este precedente, como parámetros de tools/call: ```json {"name":"leer_precedente","arguments":{"referencia":"PRODECON:1440"}} ``` Cómo conectarlo y la primera petición con curl: https://cumplida.com/agentes ## Cómo citar Criterio de PRODECON: CRITERIO JURISDICCIONAL 38/2024 Órgano: Procuraduría de la Defensa del Contribuyente Aprobación: 5 de junio de 2024 Tipo: Criterio de PRODECON Información general a la fecha indicada. El texto vigente es el publicado en el Diario Oficial de la Federación; el criterio profesional para cada caso es del despacho.