# CRITERIO JURISDICCIONAL 25/2024 · Criterio de PRODECON Procuraduría de la Defensa del Contribuyente · Procuraduría de la Defensa del Contribuyente · https://cumplida.com/biblioteca/prodecon/1423 CFDI. RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. LA LIMITANTE TEMPORAL PARA SU CANCELACIÓN CONTENIDA EN EL ARTICULO 113-G FRACCIÓN V, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA. Criterio aislado · Publicada el 29 de abril de 2024 · Leída el 15 de noviembre de 2026 ## A quién obliga orienta; no obliga al SAT ni a los tribunales ## Disposiciones que aplica - CFF 29-A · https://cumplida.com/biblioteca/ley/cff/29-A - CPEUM 16 - LISR 113-G · https://cumplida.com/biblioteca/ley/lisr/113-G - RMF 2.7.1.74 · https://cumplida.com/biblioteca/ley/rmf/2.7.1.74 ## Lo que dice de otros criterios - interpreta LISR:113-G (sin dato de vigencia) ## Fuente oficial https://www.prodecon.gob.mx/buscadorcriterios/mostrarcriteriobus/1423 ## Texto CFDI. RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. LA LIMITANTE TEMPORAL PARA SU CANCELACIÓN CONTENIDA EN EL ARTICULO 113-G FRACCIÓN V, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA. Antecedentes: Bajo el patrocinio de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), se promovió juicio de nulidad en favor de los derechos de una persona contribuyente del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) en virtud de que, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le negó la cancelación de un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) emitido por operaciones con el público en general al considerar que la solicitud de cancelación se realizó fuera del mes en que fue emitido el CFDI, conforme a lo dispuesto por el artículo 113-G Fracción V, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), no obstante que en la emisión de dicho comprobante existió un error en el monto de las operaciones que efectivamente fueron realizadas, lo que implicaba por un lado, pagar un impuesto alejado de la realidad de las operaciones celebradas por la persona contribuyente, y por otro, superar el umbral de ingresos permitido en dicho régimen de tributación, implicando el abandono del régimen, por lo que se hicieron valer diversas cuestiones de constitucionalidad, consistentes esencialmente en la violación al principio de seguridad jurídica, la falta de razonabilidad legislativa y violación al principio de equidad tributaria, solicitando su análisis bajo el ejercicio del control difuso. Al emitir sentencia, la Sala Regional de conocimiento reconoció la validez de la resolución impugnada, al estimar por un lado que la competencia del Tribunal se reduce a cuestiones de legalidad y que si bien, puede ejercer el control difuso, en el caso, de hacerlo estaría realizando un control concentrado o directo, y por otro, que la norma combatida no tiene méritos para ser inaplicable al no advertir violación alguna de derechos humanos y por lo que concluyó que no podía variar la Ley en favor del demandante pues la aplicación del segundo párrafo, fracción V, de la LISR le imponía una carga a la persona pagadora de impuestos que le obligaba a cancelar el CFDI en el mes en que aquél fue emitido, sin que así lo hubiera hecho por lo que no cumplió con dicha obligación. En contra de dicha sentencia, se promovió juicio de amparo directo, en el que se realizaron diversos agravios y vicios de constitucionalidad en el acto impugnado de origen. Argumentos de defensa considerados en la ejecutoria de amparo. Se argumentó que si bien de conformidad con el artículo 113-G de la LISR, las personas contribuyentes del RESICO tienen la obligación de expedir y entregar a sus clientes CFDI por las operaciones que realicen con los mismos y, que en el supuesto de los clientes no soliciten comprobante fiscal tienen la obligación de expedir un comprobante global por las operaciones realizadas con el público en general, estableciendo de igual forma que la cancelación del CFDI debe realizarse forzosamente en el mes en que se emitió, sin que sea aplicable a dicho régimen la facilidad prevista en la regla 2.7.1.74 que permite la cancelación del CFDI hasta el 31 de enero del año siguiente de su expedición, lo que transgrede el principio de seguridad jurídica y la finalidad que buscó el Legislador Federal con el RESICO consistente en otorgar de manera sencilla, rápida y eficaz en el pago de contribuciones de aquellas personas contribuyentes con menor capacidad administrativa y de gestión. Por lo que la limitante temporal para la cancelación de los CFDI en el RESICO establecida en dicho numeral, no guarda congruencia con el sistema legal de temporalidad en el cumplimiento de las demás obligaciones fiscales, violentando el principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que no toma en consideración los errores que pueden acontecer en su emisión ni el momento en que sus efectos fiscales se materializan. Criterio Judicial obtenido por Prodecon El Órgano Judicial, consideró en primer orden que al colmarse los requisitos previstos en la Jurisprudencia 2a.J.53/2005 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para hacer procedente el estudio de la constitucionalidad propuesta en el amparo, al constatar que; se aplicó la norma combatida, que existió un perjuicio directo y real en la esfera del solicitante de amparo, y que el acto de aplicación de la norma fue el primero, por lo que luego de realizar el examen de los vicios de constitucionalidad vertidos, concluyó que el segundo párrafo de la fracción V, del artículo 113-G de la LISR es inconstitucional al ser violatorio del principio de seguridad jurídica contemplado en el artículo 16 Constitucional, pues dicha porción normativa condiciona la cancelación del CFDI en dicho régimen fiscal a que se realice en el mismo mes en que se emitió, cuando en el caso, un CFDI tiene como finalidad entre otras cosas, acreditar las operaciones comerciales que realizan las personas contribuyentes y respaldar dichas transacciones, lo que permite además que éstas sean del conocimiento de la autoridad fiscal, por lo que si conforme a la exposición de motivos de la LISR para 2022, que implementó el RESICO y cuya finalidad perseguida por el Legislador Federal fue que el pago de las contribuciones de aquellas personas contribuyentes con menor capacidad administrativa y de gestión, se realice de una manera más sencilla, rápida y eficaz, y que además, a través de dicha exposición de motivos que dio origen también a la delimitación en la cancelación del CFDI, se expuso que derivado de que la autoridad fiscal detectó por un lado que durante el ejercicio de facultades de comprobación las personas contribuyentes cancelan los CFDI, o bien aún sin éstas, las personas contribuyentes varios años después realizan la cancelación de su emisión, impedía a la autoridad fiscal contar con información oportuna y actualizada para conocer la situación fiscal de éstos, dando origen a observaciones o cartas invitación, es que con sustento en ello se propuso establecer un plazo para cancelar los CFDI que tuvieran un vicio en su emisión o una justificación válida para ello, permitiendo disminuir los actos de molestia a las personas contribuyentes, por lo que con sustento en dicho análisis el Órgano Judicial concluyó que aun y cuando el propósito de la reforma fue facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y su vigilancia, el término límite fijado por el Legislador para la cancelación de un CFDI en RESICO no guarda congruencia con el sistema legal de temporalidad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, porque la limitante temporal de referencia para la cancelación del CFDI en el propio mes que se emitió, no toma en cuenta que aquellos pueden ser emitidos el último día del propio mes y podrían acontecer errores en su emisión sin tener la oportunidad de repararlos, aunado a que dejar a la autoridad administrativa a que disponga sobre la cancelación del CFDI aun cuando el RESICO busca otorgar de manera sencilla, rápida y eficaz del pago de los impuestos de aquellas personas contribuyentes con menor capacidad administrativa y de gestión resulta contrario a los objetivos del Legislador, concluyendo además que, resultan aplicables los razonamientos de la Segunda Sala de la SCJN en el amparo en revisión 683/20123, en el que declaró inconstitucional el artículo 29-A cuarto párrafo del CFF. AMPARO DIRECTO ANTE EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 2023. Extracto / Descripción breve: CFDI. RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. LA LIMITANTE TEMPORAL PARA SU CANCELACIÓN CONTENIDA EN EL ARTICULO 113-G FRACCIÓN V, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA. Antecedentes: Bajo el patrocinio de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), se promovió juicio de nulidad en favor de los derechos de una persona contribuyente del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) en virtud de que, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le negó la cancelación de un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) emitido por operaciones con el público en general al considerar que la solicitud de cancelación se realizó fuera del mes en que fue emitido el CFDI, conforme a lo dispuesto por el artículo 113-G Fracción V, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), no obstante que en la emisión de dicho comprobante existió un error en el monto de las operaciones que efectivamente fueron realizadas, lo que implicaba por un lado, pagar un impuesto alejado de la realidad de las operaciones celebradas por la persona contribuyente, y por otro, superar el umbral de ingresos permitido en dicho régimen de tributación, implicando el abandono del régimen, por lo que se hicieron valer diversas cuestiones de constitucionalidad, consistentes esencialmente en la violación al principio de seguridad jurídica, la falta de razonabilidad legislativa y violación al principio de equidad tributaria, solicitando su análisis bajo el ejercicio del control difuso. Al emitir sentencia, la Sala Regional de conocimiento reconoció la validez de la resolución impugnada, al estimar por un lado que la competencia del Tribunal se reduce a cuestiones de legalidad y que si bien, puede ejercer el control difuso, en el caso, de hacerlo estaría realizando un control concentrado o directo, y por otro, que la norma combatida no tiene méritos para ser inaplicable al no advertir violación alguna de derechos humanos y por lo que concluyó que no podía variar la Ley en favor del demandante pues la aplicación del segundo párrafo, fracción V, de la LISR le imponía una carga a la persona pagadora de impuestos que le obligaba a cancelar el CFDI en el mes en que aquél fue emitido, sin que así lo hubiera hecho por lo que no cumplió con dicha obligación. En contra de dicha sentencia, se promovió juicio de amparo directo, en el que se realizaron diversos agravios y vicios de constitucionalidad en el acto impugnado de origen. Argumentos de defensa considerados en la ejecutoria de amparo. Se argumentó que si bien de conformidad con el artículo 113-G de la LISR, las personas contribuyentes del RESICO tienen la obligación de expedir y entregar a sus clientes CFDI por las operaciones que realicen con los mismos y, que en el supuesto de los clientes no soliciten comprobante fiscal tienen la obligación de expedir un comprobante global por las operaciones realizadas con el público en general, estableciendo de igual forma que la cancelación del CFDI debe realizarse forzosamente en el mes en que se emitió, sin que sea aplicable a dicho régimen la facilidad prevista en la regla 2.7.1.74 que permite la cancelación del CFDI hasta el 31 de enero del año siguiente de su expedición, lo que transgrede el principio de seguridad jurídica y la finalidad que buscó el Legislador Federal con el RESICO consistente en otorgar de manera sencilla, rápida y eficaz en el pago de contribuciones de aquellas personas contribuyentes con menor capacidad administrativa y de gestión. Por lo que la limitante temporal para la cancelación de los CFDI en el RESICO establecida en dicho numeral, no guarda congruencia con el sistema legal de temporalidad en el cumplimiento de las demás obligaciones fiscales, violentando el principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que no toma en consideración los errores que pueden acontecer en su emisión ni el momento en que sus efectos fiscales se materializan. Criterio Judicial obtenido por Prodecon El Órgano Judicial, consideró en primer orden que al colmarse los requisitos previstos en la Jurisprudencia 2a.J.53/2005 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para hacer procedente el estudio de la constitucionalidad propuesta en el amparo, al constatar que; se aplicó la norma combatida, que existió un perjuicio directo y real en la esfera del solicitante de amparo, y que el acto de aplicación de la norma fue el primero, por lo que luego de realizar el examen de los vicios de constitucionalidad vertidos, concluyó que el segundo párrafo de la fracción V, del artículo 113-G de la LISR es inconstitucional al ser violatorio del principio de seguridad jurídica contemplado en el artículo 16 Constitucional, pues dicha porción normativa condiciona la cancelación del CFDI en dicho régimen fiscal a que se realice en el mismo mes en que se emitió, cuando en el caso, un CFDI tiene como finalidad entre otras cosas, acreditar las operaciones comerciales que realizan las personas contribuyentes y respaldar dichas transacciones, lo que permite además que éstas sean del conocimiento de la autoridad fiscal, por lo que si conforme a la exposición de motivos de la LISR para 2022, que implementó el RESICO y cuya finalidad perseguida por el Legislador Federal fue que el pago de las contribuciones de aquellas personas contribuyentes con menor capacidad administrativa y de gestión, se realice de una manera más sencilla, rápida y eficaz, y que además, a través de dicha exposición de motivos que dio origen también a la delimitación en la cancelación del CFDI, se expuso que derivado de que la autoridad fiscal detectó por un lado que durante el ejercicio de facultades de comprobación las personas contribuyentes cancelan los CFDI, o bien aún sin éstas, las personas contribuyentes varios años después realizan la cancelación de su emisión, impedía a la autoridad fiscal contar con información oportuna y actualizada para conocer la situación fiscal de éstos, dando origen a observaciones o cartas invitación, es que con sustento en ello se propuso establecer un plazo para cancelar los CFDI que tuvieran un vicio en su emisión o una justificación válida para ello, permitiendo disminuir los actos de molestia a las personas contribuyentes, por lo que con sustento en dicho análisis el Órgano Judicial concluyó que aun y cuando el propósito de la reforma fue facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y su vigilancia, el término límite fijado por el Legislador para la cancelación de un CFDI en RESICO no guarda congruencia con el sistema legal de temporalidad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, porque la limitante temporal de referencia para la cancelación del CFDI en el propio mes que se emitió, no toma en cuenta que aquellos pueden ser emitidos el último día del propio mes y podrían acontecer errores en su emisión sin tener la oportunidad de repararlos, aunado a que dejar a la autoridad administrativa a que disponga sobre la cancelación del CFDI aun cuando el RESICO busca otorgar de manera sencilla, rápida y eficaz del pago de los impuestos de aquellas personas contribuyentes con menor capacidad administrativa y de gestión resulta contrario a los objetivos del Legislador, concluyendo además que, resultan aplicables los razonamientos de la Segunda Sala de la SCJN en el amparo en revisión 683/20123, en el que declaró inconstitucional el artículo 29-A cuarto párrafo del CFF. AMPARO DIRECTO ANTE EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 2023. --> Sentencia: Resolución pendiente de que cause estado. Ver sentencia Sustentado en: Consulta / documento de sustento Regresar a resultados Imprimir criterio Aprobado 4ta. Sesión Ordinaria del 29 de abril de 2024 ## Consulta en vivo Esta página es la lectura de la biblioteca al 15 de noviembre de 2026. La vigencia del criterio, el texto completo y lo que otros criterios dicen de él se consultan sin cuenta ni llave en el conector MCP público de la biblioteca, https://mcp.cumplida.com/mcp. La llamada de este precedente, como parámetros de tools/call: ```json {"name":"leer_precedente","arguments":{"referencia":"PRODECON:1423"}} ``` Cómo conectarlo y la primera petición con curl: https://cumplida.com/agentes ## Cómo citar Criterio de PRODECON: CRITERIO JURISDICCIONAL 25/2024 Órgano: Procuraduría de la Defensa del Contribuyente Aprobación: 29 de abril de 2024 Tipo: Criterio de PRODECON Información general a la fecha indicada. El texto vigente es el publicado en el Diario Oficial de la Federación; el criterio profesional para cada caso es del despacho.