# CRITERIO JURISDICCIONAL 60/2023 · Criterio de PRODECON

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente · Procuraduría de la Defensa del Contribuyente · https://cumplida.com/biblioteca/prodecon/1360

CRITERIO JURISDICCIONAL 60/2023

Criterio aislado · Publicada el 27 de septiembre de 2023 · Leída el 15 de noviembre de 2026

## A quién obliga

orienta; no obliga al SAT ni a los tribunales

## Disposiciones que aplica

- CFF 36 · https://cumplida.com/biblioteca/ley/cff/36
- CPEUM 1

## Lo que dice de otros criterios

- interpreta CFF:36 (sin dato de vigencia)

## Fuente oficial

https://www.prodecon.gob.mx/buscadorcriterios/mostrarcriteriobus/1360

## Texto

CRITERIO JURISDICCIONAL 60/2023 RECONSIDERACIÓN ADMINISTRATIVA. PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA, RESPECTO DEL REQUISITO DE NO HABER INTERPUESTO MEDIOS DE DEFENSA, EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DEL CFF DEBE INTERPRETARSE DE FORMA QUE SE AMPLÍE MÁS EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO PRO PERSONA, DEBIENDO ENTENDERSE INCUMPLIDO ÚNICAMENTE EN EL CASO DE HABERSE IMPUGNADO DIRECTAMENTE EL ACTO, SOMETIDO A DICHO MECANISMO DE AUTOCONTROL DE LEGALIDAD, Y NO CUANDO SE COMBATIÓ UNO DIVERSO. Antecedentes. Una persona contribuyente, con apoyo de Prodecon, presentó reconsideración administrativa en términos del artículo 36, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación (CFF), en contra de un acta de almoneda a través de la cual la entonces Administración Local de Recaudación de Aguascalientes, se adjudicó un bien inmueble de su propiedad; no obstante, se declaró improcedente dicha solicitud, en razón de que se consideró que no se cumplía con el requisito de no haber interpuesto medios de defensa, ya que con anterioridad a su presentación, se promovió Recurso de Revocación en contra de un oficio que recayó a una solicitud de cancelación del crédito fiscal del que derivó el acta de almoneda y, en razón, de que se presentó Juicio Contencioso Administrativo en contra de la resolución que se emitió en el recurso referido, indicando la autoridad fiscal que la interposición de los medios de defensa citados tenían la plena intención de obtener una resolución o sentencia que modificará o revocará los efectos jurídicos de la resolución que contiene el crédito fiscal del cual derivó el acto sometido a reconsideración, por lo que se incumplía con el requisito de procedencia antes señalado. Argumentos de defensa considerados en la ejecutoria. Es ilegal que la autoridad fiscal determinará improcedente la reconsideración administrativa presentada, ya que si bien en términos del artículo 36, tercer párrafo del CFF, se prevé como un requisito de procedencia el que no se hubieren interpuesto medios de defensa, lo cierto es, que la contribuyente no ha promovido alguno en contra del acto (acta de almoneda) respecto del cual se solicitó la reconsideración, ya que en su momento se interpuso Recurso de Revocación en contra del oficio por medio del cual se negó la cancelación del crédito fiscal y el Juicio Contencioso Administrativo en contra de la resolución que recayó a dicho recurso, por lo que el acto respecto del cual se solicitó la reconsideración administrativa y aquellos contra los cuales se promovieron los medios de defensa señalados son distintos y con diferentes consecuencias jurídicas. Criterio Judicial obtenido por Prodecon en juicio de amparo indirecto. El Órgano Judicial señaló que si bien del artículo 36 del CFF, se desprende que las autoridades fiscales pueden discrecionalmente revisar las resoluciones no favorables a un particular que emitan sus subordinados jerárquicos y, en su caso, modificarlas o revocarlas, dicha discrecionalidad no comprende la posibilidad de determinar libremente si las solicitudes de reconsideración cumplen o no con los requisitos para que se pueda emprender su estudio, siendo así, que la labor de constatación que debe realizar la autoridad revisora respecto de si se cumplen los requisitos de procedencia se basa en una facultad reglada; a diferencia de la que tendrá al momento de examinar la materia de la propia petición, en cuyo caso se está ante una facultad discrecional. Una vez referido lo anterior, el Juzgado de Distrito indicó que el razonamiento de la autoridad responsable al interpretar el tercer párrafo del artículo 36 del CFF, en el sentido de que deben comprenderse agotados los medios de defensa, cuando se hubiere intentado algún recurso o juicio ordinario que de forma indirecta pudiera tener por efecto la revocación o modificación del acto sometido a reconsideración, no es sostenible a la luz de las exigencias del derecho fundamental de acceso a la justicia, destacando que el numeral del CFF en comento puede ser interpretado en dos sentidos: a) Uno en virtud del cual se deberán entenderse agotados los medios de defensa cuando se haya promovido cualquier recurso o juicio que incidentalmente pudiera tener por efecto la anulación del acto respecto del cual se pide la reconsideración administrativa; y b) Otro en razón del cual se habrán de considerar agotados los medios de impugnación, solo en caso de que se hubieren intentado en contra del acto con relación al cual se solicita la reconsideración. Concluyendo, que ante esta disyuntiva, la interpretación por la que debe optarse atendiendo al principio pro persona que deriva del artículo 1° de la Constitución, es aquella que amplíe más el ámbito de protección del derecho fundamental de acceso a la justicia, siendo esta la que señala que deberán entenderse agotados los medios de defensa, únicamente en el caso de que se haya intentado un recurso o juicio en contra del acto sobre el cual se solicita la reconsideración, sin que se sustraiga de la literalidad del texto del artículo 36 del CFF, ningún elemento que permita concluir que deberán entenderse agotados los medios de defensa cuando se haya intentado algún recurso que, de forma indirecta, pudiera tener por efecto la anulación o modificación del acto sometido a dicho mecanismo excepcional de autocontrol de legalidad, pues esta última interpretación, hecha por la autoridad fiscal, implica atribuirle un contenido más restrictivo a la norma y considera requisitos adicionales que no se desprenden de su texto, en ese sentido, no es dable estimar que se agotaron los medios de impugnación en contra del acta de almoneda, por lo que la declaratoria de improcedencia es violatoria del referido artículo y del derecho fundamental de acceso a la justicia, concediéndose el amparo y protección de la justicia federal a la contribuyente, para el efecto de que se emita una nueva resolución en la que se abstenga, la autoridad responsable, de considerar que la reconsideración administrativa no reúne los requisitos de procedencia y, en consecuencia, aborde el estudio de la materia sobre la que versa. JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 2022. Extracto / Descripción breve: RECONSIDERACIÓN ADMINISTRATIVA. PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA, RESPECTO DEL REQUISITO DE NO HABER INTERPUESTO MEDIOS DE DEFENSA, EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DEL CFF DEBE INTERPRETARSE DE FORMA QUE SE AMPLÍE MÁS EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO PRO PERSONA, DEBIENDO ENTENDERSE INCUMPLIDO ÚNICAMENTE EN EL CASO DE HABERSE IMPUGNADO DIRECTAMENTE EL ACTO, SOMETIDO A DICHO MECANISMO DE AUTOCONTROL DE LEGALIDAD, Y NO CUANDO SE COMBATIÓ UNO DIVERSO. Antecedentes. Una persona contribuyente, con apoyo de Prodecon, presentó reconsideración administrativa en términos del artículo 36, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación (CFF), en contra de un acta de almoneda a través de la cual la entonces Administración Local de Recaudación de Aguascalientes, se adjudicó un bien inmueble de su propiedad; no obstante, se declaró improcedente dicha solicitud, en razón de que se consideró que no se cumplía con el requisito de no haber interpuesto medios de defensa, ya que con anterioridad a su presentación, se promovió Recurso de Revocación en contra de un oficio que recayó a una solicitud de cancelación del crédito fiscal del que derivó el acta de almoneda y, en razón, de que se presentó Juicio Contencioso Administrativo en contra de la resolución que se emitió en el recurso referido, indicando la autoridad fiscal que la interposición de los medios de defensa citados tenían la plena intención de obtener una resolución o sentencia que modificará o revocará los efectos jurídicos de la resolución que contiene el crédito fiscal del cual derivó el acto sometido a reconsideración, por lo que se incumplía con el requisito de procedencia antes señalado. Argumentos de defensa considerados en la ejecutoria. Es ilegal que la autoridad fiscal determinará improcedente la reconsideración administrativa presentada, ya que si bien en términos del artículo 36, tercer párrafo del CFF, se prevé como un requisito de procedencia el que no se hubieren interpuesto medios de defensa, lo cierto es, que la contribuyente no ha promovido alguno en contra del acto (acta de almoneda) respecto del cual se solicitó la reconsideración, ya que en su momento se interpuso Recurso de Revocación en contra del oficio por medio del cual se negó la cancelación del crédito fiscal y el Juicio Contencioso Administrativo en contra de la resolución que recayó a dicho recurso, por lo que el acto respecto del cual se solicitó la reconsideración administrativa y aquellos contra los cuales se promovieron los medios de defensa señalados son distintos y con diferentes consecuencias jurídicas. Criterio Judicial obtenido por Prodecon en juicio de amparo indirecto. El Órgano Judicial señaló que si bien del artículo 36 del CFF, se desprende que las autoridades fiscales pueden discrecionalmente revisar las resoluciones no favorables a un particular que emitan sus subordinados jerárquicos y, en su caso, modificarlas o revocarlas, dicha discrecionalidad no comprende la posibilidad de determinar libremente si las solicitudes de reconsideración cumplen o no con los requisitos para que se pueda emprender su estudio, siendo así, que la labor de constatación que debe realizar la autoridad revisora respecto de si se cumplen los requisitos de procedencia se basa en una facultad reglada; a diferencia de la que tendrá al momento de examinar la materia de la propia petición, en cuyo caso se está ante una facultad discrecional. Una vez referido lo anterior, el Juzgado de Distrito indicó que el razonamiento de la autoridad responsable al interpretar el tercer párrafo del artículo 36 del CFF, en el sentido de que deben comprenderse agotados los medios de defensa, cuando se hubiere intentado algún recurso o juicio ordinario que de forma indirecta pudiera tener por efecto la revocación o modificación del acto sometido a reconsideración, no es sostenible a la luz de las exigencias del derecho fundamental de acceso a la justicia, destacando que el numeral del CFF en comento puede ser interpretado en dos sentidos: a) Uno en virtud del cual se deberán entenderse agotados los medios de defensa cuando se haya promovido cualquier recurso o juicio que incidentalmente pudiera tener por efecto la anulación del acto respecto del cual se pide la reconsideración administrativa; y b) Otro en razón del cual se habrán de considerar agotados los medios de impugnación, solo en caso de que se hubieren intentado en contra del acto con relación al cual se solicita la reconsideración. Concluyendo, que ante esta disyuntiva, la interpretación por la que debe optarse atendiendo al principio pro persona que deriva del artículo 1° de la Constitución, es aquella que amplíe más el ámbito de protección del derecho fundamental de acceso a la justicia, siendo esta la que señala que deberán entenderse agotados los medios de defensa, únicamente en el caso de que se haya intentado un recurso o juicio en contra del acto sobre el cual se solicita la reconsideración, sin que se sustraiga de la literalidad del texto del artículo 36 del CFF, ningún elemento que permita concluir que deberán entenderse agotados los medios de defensa cuando se haya intentado algún recurso que, de forma indirecta, pudiera tener por efecto la anulación o modificación del acto sometido a dicho mecanismo excepcional de autocontrol de legalidad, pues esta última interpretación, hecha por la autoridad fiscal, implica atribuirle un contenido más restrictivo a la norma y considera requisitos adicionales que no se desprenden de su texto, en ese sentido, no es dable estimar que se agotaron los medios de impugnación en contra del acta de almoneda, por lo que la declaratoria de improcedencia es violatoria del referido artículo y del derecho fundamental de acceso a la justicia, concediéndose el amparo y protección de la justicia federal a la contribuyente, para el efecto de que se emita una nueva resolución en la que se abstenga, la autoridad responsable, de considerar que la reconsideración administrativa no reúne los requisitos de procedencia y, en consecuencia, aborde el estudio de la materia sobre la que versa. JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 2022. --> Sentencia: Sentencia firme Ver sentencia Relacionado con: Criterios relacionados 21/2018/CTN/CS-SASEN Criterios Sustantivos RECONSIDERACIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 36 DEL CFF. SUPUESTO EN EL QUE RESULTA PROCEDENTE AUN Y CUANDO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA HAYA SIDO IMPUGNADA. Ver criterio relacionado Regresar a resultados Imprimir criterio Aprobado 8va. Sesión Ordinaria del 27 de septiembre de 2023

## Consulta en vivo

Esta página es la lectura de la biblioteca al 15 de noviembre de 2026. La vigencia del criterio, el texto completo y lo que otros criterios dicen de él se consultan sin cuenta ni llave en el conector MCP público de la biblioteca, https://mcp.cumplida.com/mcp.

La llamada de este precedente, como parámetros de tools/call:

```json
{"name":"leer_precedente","arguments":{"referencia":"PRODECON:1360"}}
```

Cómo conectarlo y la primera petición con curl: https://cumplida.com/agentes

## Cómo citar

Criterio de PRODECON: CRITERIO JURISDICCIONAL 60/2023
Órgano: Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
Aprobación: 27 de septiembre de 2023
Tipo: Criterio de PRODECON

Información general a la fecha indicada. El texto vigente es el publicado en el Diario Oficial de la Federación; el criterio profesional para cada caso es del despacho.